Audio, video, texto: Relatoría Guerra Sucia, Tribunal Permanente de los Pueblos

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AUDIOS

Eréndira Sandoval
Antonio Cerezo
Respuesta a preguntas de Jueces

VIDEOS

RELATORIA PARA LA AUDIENCIA FINAL DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS CAPÍTULO MÉXICO: “LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS” DEL EJE DE GUERRA SUCIA COMO VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA

Ciudad de México, 12 noviembre de 2014

A todos los presentes: víctimas, jueces internacionales, garantes, organizaciones y defensores de derechos humanos.

Todos los casos presentados en las 6 preaudiencias realizadas durante casi tres años y en la Audiencia Final del eje de Guerra Sucia, todos los predictamenes y el Dictamen de la Audiencia Final celebrada el pasado septiembre de 2014 en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, nos confirmaron la afirmación hecha por los jueces que estuvieron presentes en la Audiencia Inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada el mes de mayo de 2012 en Cd. Juárez, Chihuahua:

5. El Tribunal considera que muchos de los episodios, probados ante él, constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y/o aniquilar a la oposición armada y/ o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos.

6. Muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad, en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil: es el caso de los asesinatos, las masacres, las encarcelaciones arbitrarias, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Todo ello abriría las puertas a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte. [1]

Pero no sólo los casos presentados nos confirmaron que en México vivimos actos cotidianos de terrorismo de Estado, también lo hicieron los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, prisión por motivos políticos y agresiones contra defensores de DH que se dieron desde enero de 2012 a septiembre de 2014 tiempo en el que sesionaba el TPP en nuestro país. Las cifras: [2]

  • 84 defensores de derechos humanos sufrieron desaparición forzada, incluyendo a los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
  • 52 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extrajudicialmente.
  • 855 personas entre defensores y manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria.
  • Se cometieron 370 actos de hostigamiento, amenazas y otras agresiones contra defensores de derechos humanos o integrantes del movimiento social.

Durante estos tres años de trabajo los objetivos del Eje fueron:

Visibilizar la lucha contra las graves violaciones de los derechos humanos que suceden en el país; fortalecer y contribuir a la Memoria del pueblo mexicano, al rescate de la Verdad de los hechos y fortalecer la lucha por la Justicia y el largo camino en la búsqueda de la reparación integral del daño y por las garantías de no repetición. Todo por medio fundamentalmente del ejercicio de la documentación de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas.

Nuestras líneas temáticas fueron:

  • Militarización
  • Paramilitarismo
  • Ejecución extrajudicial
  • Desaparición forzada
  • Tortura
  • Prisión por motivos políticos
  • Masacres
  • Desplazamiento forzado
  • Agresión a Defensores de Derechos Humanos
  • Represión política en general

Las preaudiencias se realizaron en:

  • Chiapas (Acteal-Chenalhó, Susuclumil-Tila, Limonar-Ocosingo).
  • Distrito Federal (UACM Plantel del Valle).
  • Puebla (Cd. de Puebla).
  • Michoacán (Matugeo-Coeneo).

La Audiencia Final del Eje se realizó en Santa Fe de la Laguna, Quiroga Michoacán.
Se presentaron cerca de 40 casos individuales y colectivos (Anexo 3), cuya temporalidad abarca de mayo de 1969 a octubre de 2013, de los cuales 16 reunieron los requisitos en materia de documentación que establece la secretaría técnica del TPP en Roma y por lo tanto fueron presentados en la Audiencia Final del Eje.

Los casos de violaciones a los derechos humanos (VDH) abarcan los siguientes estados:

1. Chiapas
2. Puebla
3. Nuevo León
4. Chihuahua
5. Coahuila
6. Distrito Federal
7. Michoacán
8. Guerrero
9. Veracruz
10. Estado de México
11. Oaxaca

Durante todas las preaudiencias participaron 28 dictaminadores (Anexo 2):

1. Santiago Corcuera Cabezut
2. Pilar Calveiro
3. Carlos Fazio
4. Clemencia Correa
5. Francisco Cerezo Contreras
6. Gisela Martínez
7. Beatriz Torres Abelaira
8. Clara G. Meyra Segura
9. Fritz Glockner Corte
10. Roberto González Gil
11. Omar Castro Rojas
12. Soila Luna Pineda
13. María Estela Barco
14. Guillermo Villaseñor
15. David Bermúdez
16. Adriana Jiménez Moles
17. José Rosario Marroquín
18. Sonia Reyes Equihua
19. Fray Tomás González Castillo
20. Alejandro Cerezo Contreras
21. Gloria A Fernández
22. Eréndira Sandoval
23. Alejandro de Jesús Martínez
24. Camilo Pérez Bustillos
25. Carlos Nuñez Ruíz
26. Juan Méndez Gutiérrez
27. Joel Heredia
28. Rubén R. García Clack

También participaron como Testigos de honor: Orfe Castillo Osorio, Blanche Petrich, Héctor Patishtán, Tania Falconer, Gilberto Noble y los Garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México: Gilberto López y Rivas, Jorge Fernandez Souza y Raúl Vera López.

Durante la Audiencia Temática participaron 7 jueces internacionales (Anexo 2):

• Beatriz Torres Abelaira. Chile
• Marcelo Ferreira. Argentina
• Marusia López Cruz. Chile/México
• Alberto León Gómez Zuluaga. Colombia
• Soila Luna Pineda. México
• Juan Méndez Gutiérrez. México
• Carlos Nuñez Ruiz. México.

Fuimos 20 organizaciones (Anexo 1) quienes participamos en el grupo promotor del Eje, algunas de las cuales participamos a lo largo de los 3 años de trabajo que hoy culminan en su etapa principal. Sin embargo, es necesario decir que fueron más de 70 organizaciones y más de 5 redes de derechos humanos nacionales e internacionales (las cuales agrupan a más de 163 organizaciones) las que respaldaron nuestro trabajo y nuestro llamado a la realización de las 6 preaudiencias y de la realización de la audiencia temática.

Otras actividades realizadas en los tres años de trabajo fueron:

• Ofrendas (octubre-noviembre 2012, octubre-noviembre de 2013),
• Foros: La Semana nacional contra la violencia represiva del estado del 26 al 28 de febrero de 2013 (Anexo 5),
• Participación en programas y entrevistas en medios libres como Rompeviento tv (1 marzo 2013, 17 mayo 2013, 2 octubre 2014),
• Talleres previos a las preaudiencias,
• Actividades para recaudar fondos como dos subastas (noviembre de 2013, febrero de 2014) y un fandango (junio de 2014).

Aportaciones de los predictamenes de las preaudiencias del Eje de Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y falta de acceso a la Justicia.

La idea central que confirmamos con la documentación y estudio de todos los casos presentados es la siguiente:

Las políticas del Estado mexicano destinadas a garantizar la imposición de la lógica del libre comercio, así como las política económica aplicada por los diferentes gobiernos neoliberales, por medio de la firma de tratados comerciales o comerciales militares (TLCAN, CAFTA, ASPAN, PPP ahora Proyecto Mesoamérica, Iniciativa Mérida), durante los últimos 30 años,

[…]ha tenido como una de sus consecuencias más notables la reconfiguración del Estado mexicano y, como consecuencia de ello, la negación o limitación por parte de éste al acceso pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la restricción (en diferentes momentos, tiempos y regiones) de los derechos civiles y políticos de la sociedad, lo cual se ha traducido en una sistemática violencia estructural hacia la mayoría de la población. Violencia estructural que adquiere características generales o particulares de acuerdo a las distintas diferencias regionales, geográficas o sectoriales de la población. Incluso, podemos afirmar que, la propia legislación nacional y estatal, a través de múltiples reformas y contrarreformas, se ha configurado, en muchos de sus aspectos, como sistema de violencia estructural legal, institucionalizada.

La violencia estructural es, a su vez, la principal causa que, históricamente, ha impulsado a la sociedad mexicana al ejercicio del derecho de libertad de expresión, manifestación, organización, autodeterminación y protesta social, es decir, la violencia estructural es una de las principales fuentes el descontento y de las diversas manifestaciones de inconformidad social. [3]

La respuesta a la legítima organización y protesta del pueblo ha sido implantar una estrategia de guerra llámese de Contrainsurgencia, Guerra de Baja Intensidad y/o de Terrorismo de Estado:

[…]para enfrentar de manera legal e ilegal distintos momentos y modalidades de la inconformidad social con la finalidad de prevenir, contener, reprimir o exterminar la oposición política de sectores gremiales, sectores vulnerables, pueblos, comunidades, partidos políticos, movimientos subversivos, movimientos indígenas y manifestaciones populares.

Dentro de esta estrategia de guerra se encuentran diferentes políticas y mecanismos de represión diseñadas por el Estado para prevenir, contener, reprimir o exterminar a los movimientos sociales inconformes y para lograr el control económico, político, social y militar de la mayoría de la sociedad.

Estrategia de guerra que se justifica desde una lógica de enfrentamiento contra lo que se identifica como enemigo interno y que se traduce en cada una de las etapas de esta estrategia de guerra… en la lucha contra el comunismo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el narco-terrorismo, respectivamente. […]

Es decir, que desde hace varias décadas y de manera acentuada con el inicio del neoliberalismo como política económica en el país, se ha utilizado la guerra contra toda la sociedad a nivel nacional como estrategia de control social, elementos fundamentales para desmentir el discurso oficial de que las diferentes formas de violencia son elementos aislados en el tiempo y en el espacio sin relación alguna. [4]

Las preaudiencias realizadas en Chiapas (Acteal, Susuclumil, Limonar) confirman la idea de que el Estado mexicano llevó a cabo una estrategia contrainsurgente en contra de las comunidades bases de apoyo del EZLN o que consideraba como tales. En la aplicación de esta estrategia planificó y realizó actos de desaparición forzada, masacres, ejecución extrajudicial y desplazamiento forzado entre otros siendo una característica en la realización de estos actos la participación de grupos paramilitares. Es por ello que en los predictámenes se enuncia entre otras cosas lo siguiente:

El Estado mexicano es culpable en los tres niveles de gobierno, desde los cuerpos de seguridad pública estatales, municipales y el ejército mexicano, quienes dieron cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares, es decir al grupo denominado “Desarrollo, Paz y Justicia”. [5]

En la preaudiencia del Limonar se asienta lo siguiente:

Los tres casos examinados se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas, las cuales se desarrollaron en el contexto de contrainsurgencia implantado por el Plan de Campaña Chiapas 94’ de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo corroboran los documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos de América. La implementación de dicho Plan, que contemplaba la organización de grupos paramilitares, produjo múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a las etnias chol, tzeltal, tsotsil y zoque, y que formaban parte de las organizaciones “Las Abejas”, Xinich y Bases de Apoyo Zapatista (BAEZ) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a continuación se presentan. [6]

Otros aportes de las preaudiencias y talleres realizados en Chiapas fueron que contribuyeron al rescate de la Memoria, la escucha en busca de la Verdad y propiciaron el encuentro con los otros. Los pueblos originarios participantes zoque, chol, tseltal, tsotsil reivindicaron la exigencia de justicia desde su comunidad, desde su propio idioma, contexto cultural. Los eventos fueron realizados in situ desde su lógica, lengua y cosmovisión.

Se contó en la preaudiencia de Limonar con la participación de dos Melsanwanej, jueces tseltales conocedores de su propio entorno e historia.

La lógica contrainsurgente significó la reactivación de la desaparición forzada como mecanismo de eliminación y de terror contra la población organizada en un primer momento que se extendió a ser un mecanismo de control social al aplicarse también en contra de población no organizada es por ello que el Mayo de 2013 la preaudiencia realizada en la Ciudad de México tuvo como tema: La desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

Los aportes más relevantes del predictamen son los siguientes:

La desaparición forzada y la ejecución extrajudicial es una política de Estado de manera continuada desde hace 44 años. La cual es parte de una estrategia de contrainsurgencia con variaciones en el tiempo y en el modo, pero que responden a un patrón generador del terror del caos, de sistematicidad y de confusión por parte de las estructuras del Estado para la eliminación de lo que consideran como enemigo, para el desplazamiento forzado o la manipulación de la sociedad.”

“La colusión del Estado con los grupos criminales tiene como uno de sus propósitos una nueva forma de dominación geoestratégica del territorio, una política del terror y del horror para conservar el estatus quo económico, para profundizar políticas económicas que van en contra del conjunto de la sociedad y que son dictaminadas por una plutocracia de ricos transnacionalizados.

El Estado mexicano es responsable de:

• Practicar o ejercer la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial por comisión cuando participan directamente autoridades del Estado y por aquiescencia cuando comete, a través o en contubernio o complicidad con particulares, estas dos graves violaciones a los derechos humanos.
• Incumplir con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción, reparación integral del daño y medidas de no repetición en todos los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurridas hasta nuestros días, lo cual se traduciría en la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada o el conocimiento de su paradero real y el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales y el castigo a los responsables. [7]

Es importante mencionar que en esta preaudiencia no sólo se presentaron casos de desaparición forzada por motivos políticos como lo fue el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (2007) ambos reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, sino casos también de desaparición forzada de jóvenes del estado de Veracruz residentes en Nuevo León sin ninguna participación política.

La preaudiencia realizada en Puebla aporta el conocimiento de la represión política contra organizaciones asentadas en la ciudad, el caso mismo de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre ilustra esta situación, una de las conclusiones del predictamen que aporta a los predictamentes anteriores es la siguiente:

3. A través de los casos presentados detectamos la colusión entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para sistémicamente reprimir y criminalizar las voces disidentes, incumpliendo así con la obligación que tiene el estado de respetar el derecho a la protesta social. [8]

En la preaudiencia de Matugeo, Michoacán se abordan varios casos de VDH que se dieron en el contexto del operativo conjunto Michoacán, que fue la forma en la cual Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) desarrolló su estrategia de “guerra o lucha contra la delincuencia”, se abordan mecanismos particulares de la actuación del paramilitarismo en ese estado y de la criminalización en particular de los estudiantes.

2. La implementación de los operativos Michoacán Seguro, agudizó el uso de las incursiones militares en las diferentes comunidades del estado de Michoacán, donde se realizan patrullajes, retenes, hostigamiento a la población, interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, acompañadas de tortura.”

4. A través de los testimonios presentados, se presumen dos esquemas de actuación de grupos paramilitares. El primero es la concentración de esos grupos de 3 a 4 meses en las montañas y posteriormente la realización de ataques a las comunidades o centro poblacionales en general, incluyendo a miembros de organizaciones populares. El segundo esquema consiste en la existencia primera de una incursión militar so pretexto de la búsqueda de armas y grupos armados y posteriormente incursionan los grupos paramilitares a las comunidades o centros de población. Es decir, grupos paramilitares actúan en complicidad con el estado ejerciendo violencia política contra la población.

5. Se presume la existencia de campañas mediáticas en contra del sector estudiantil con la finalidad de crear en el imaginario social que los estudiantes son criminales y hay que aplicarles la ley, justificando así la represión y todos los excesos. [9]

Dictamen de la Audiencia temática del Eje de Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y falta de Acceso a la justicia.

En el Dictamen de la Audiencia Temática se concluye:

El conjunto de los casos presentados a lo largo de la Audiencia han reconstruido la relación entre la política económica de libre comercio puesta en acto en el pais por medio de diferentes tratados comerciales firmados en los ultimos decenios y las diferentes formas de violencia ejercida por el Estado en contra de la mayoría de la población mexicana, en un escenario de impunidad preocupante. En la Acusacion general presentada a este Tribunal, ha sido bien evidenciado que la reconfiguracion del Estado mexicano debido a las exigencias de la economia y del mercado son causas de una restricción de las posibilidad de acceso a los derechos -tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales- que ha causado el descontento y la oposición generalizada de amplios sectores de la sociedad civil mexicana, en contra de los cuales se ha desencadenado la estrategia de violencia denunciada en esta Audiencia y analizadas en los aparatos que siguen.” [10]

“En el curso de la Audiencia, el Tribunal verificó la presencia de un cuadro repetitivo de conductas que constituyen violaciones a los derechos humanos, de tal modo que puede afirmarse la existencia de patrones o modalidades de comportamiento por parte de los agentes del Estado Mexicano. En ese sentido es llamativa la reiteración de determinados delitos en un marco generalizado de impunidad, tales son: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones y otros abusos sexuales, y criminalización de la protesta social.

Tales conductas se reiteran y entrecruzan en los diversos casos puestos a consideración de este Tribunal, y configuran un cuadro generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos. [11]

Los jueces presentes en la Audiencia temática no sólo condenan al Estado mexicano por comisión y omisión sino que además amplían su condena en los siguientes términos:

La condena al Estado Mexicano lleva consigo la condena a agentes privados que han actuado en connivencia con los agentes estatales, mediante la financiación, organización o promoción de acciones de violación de derechos humanos en diversas regiones del país. [12]

Para finalizar queremos citar nuevamente el Fallo que dice en el que se condena también al Estado mexicano:

Por incumplimiento de sus obligaciones de investigar y sancionar los mentados crímenes de lesa humanidad, y de reparar sus consecuencias, y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes, y por haber consolidado un escenario de impunidad generalizada. [13]

Consolidar un escenario de impunidad generalizada desde hace más de 40 años es lo que permite que el Estado mexicano cometa crímenes de Lesa Humanidad como el perpetrado el 26 de septiembre de 2014 en contra de los normalistas rurales en Iguala, Guerrero; es el escenario de impunidad generalizada al que nos somete el Estado mexicano lo que potencia la criminalización y la destrucción acelerada del tejido social; es el escenario de impunidad generalizada el mecanismo más grande de control social y represión política que el Estado mexicano ha construido para imponer con base al terror sus políticas económicas lesivas a millones de Mexicanos.

¡Por la Verdad, la Justicia y las Garantías de no repetición!

Eje de Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de acceso a la Justicia.

Ciudad de México 12 de noviembre de 2014

Anexo 1 Conformación Equipo Promotor

En el equipo promotor del eje de Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, participaron diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales y populares, colectivos, académicos, familias e individuos:

1. Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C (DF).
2. Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos.
3. Centro Académico de la Memoria de Nuestra América CAMeNA de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (DF).
4. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Chiapas).
5. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (DF).
6. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (DF).
7. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Guerrero).
8. Comité Cerezo México (DF).
9. Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich (Chiapas).
10. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta encontrarlos” (DF y Oaxaca).
11. Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero (DF).
12. Defensores de Derechos Humanos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
13. Estudiantes y académicos del Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (DF).
14. Familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecución y desplazamiento en la Zona Norte de Chiapas.
15. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán y DF).
16. Fundación Don Sergio Méndez Arceo (Morelos)
17. Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (DF y Oaxaca).
18. Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Chiapas).
19. Telar de Raíces AC. (DF).
20. Unión Popular de Vendedores Ambulantes "28 de octubre" (Puebla).

Medios solidarios

  • Agencia Prensa India (Michoacán),
  • Ajusco radio (DF),
  • Cronopios Multimedios (DF),
  • Tejemedios (DF),
  • Rompeviento tv (DF).

Personas quienes aportaron significativamente a los trabajos del eje de Guerra sucia:

1. Susana De La Garza, viuda de Carlos Montemayor.
2. Soprano Aída Magaña.
3. Carlos Perzabal Marcué. Escritor.
4. Laura Murcia cantautora.
5. Alma Castellanos.
6. Lena Garcia Feijoo.
7. Raúl Álvarez Garín (Comité 68). Fallecido el 26 de septiembre de 2014.
8. Paco Ignacio Taibo II escritor.
9. Paloma Saiz, Directora de Para Leer En Libertad AC.
10. Marina Taibo Saiz.

Anexo 2 Composición del Jurado Audiencia temática

ALBERTO LEÓN GÓMEZ ZULUAGA, Colombia
Presidente del Jurado de esta Audiencia temática final, es abogado de la Universidad de Antioquia, Profesor de la facultad de derecho de la misma Universidad durante 23 años; Profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Medellín (1973 -75); Profesor del Posgrado de D. Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana (1992), Profesor en el posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia (2002-2004) Profesor en la Maestría de de Derechos Humanos Universidad Santo Tomás Bogotá, entre 1 de noviembre de 2009 y 31 de agosto 2013. Miembro por Latino América de la Asamblea Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura de Ginebra, Suiza (desde 1998). Consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de otras organizaciones internacionales de derechos Humanos. Co-fundador de la Comisión Colombiana de Juristas y durante 8 años subdirector de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma.

MARCELO FERREIRA, Argentina
Abogado. Profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto Regular de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Investigador de la UBA en los temas: "Memorias y responsabilidad: sobre los modos de elaboración del genocidio" y "Empresas transnacionales y Terrorismo de Estado: hacia un modelo de responsabilidad internacional". Es miembro de la International Association of Genocide Scholars (IAGS).

MARUSIA LÓPEZ CRUZ, México/Chile
Licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene un Máster en Género y Desarrollo por la Universidad de Barcelona. Directora Regional para Mesoamérica de JASS -Asociadas por lo Justo-, integrante de la Red Internacional de Consejeras del Fondo Global para las Mujeres, asesora del Fondo Semillas y Coordinadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos enfocada a la protección y denuncia de la violencia contra activistas. En 2013 recibió el reconocimiento Women Have Wings Awards.


SOILA LUNA PINEDA, México
Jurado Ciudadano en el Primer Juicio Popular al Estado Mexicano por los casos de Mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua. (Cd. de Chihuahua, México. 2004). Fundadora e integrante del Consejo Directivo de Casa de Encuentros A. C. (2006-2014). Integrante de la Mesa de Coadyuvancia entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Movimiento Magisterial de Bases de Morelos (2008-2009). Actualmente Coordinadora General de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo. Integrante de la Coordinación General del Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”.

JTATIC JUAN MÉNDEZ GUTIÉRREZ, México
Melsanwanej (Arreglador) Tseltal Selva Norte del Centro de Derechos Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas. Cuenta con una larga trayectoria en este servicio que dan a las comunidades indígenas. Ha sido comisario ejidal en dos ocasiones del ejido San Jerónimo Tulilha, Chilon, Chiapas. Agente municipal del mismo ejido. Coordinador junto con su comitiva de los jueces y juezas de las 5 regiones étnicas (2008 a 2011). Asesor del diplomado para jueces sobre derecho indígena y sistema jurídico tseltal (2011-2013).

CARLOS NUÑEZ RUIZ, México
Melsanwanej (Arreglador) Tseltal Selva Norte Centro de Derechos Indígenas CEDIAC AC Chilón, Chiapas. Coordinador general de la Región Étnica Sitalha’. Diplomado en Derecho Indígena y Sistema Jurídico Tseltal. Dictaminador Preaudiencia Con Justicia y Paz encontramos la Verdad realizada en la comunidad del Limonar, Ocosingo, Chiapas del 18 dejulio del año 2014.

BEATRIZ TORRES ABELAIRA, Chile
Encargada general del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), Archivo Gregorio y Marta Selser, es especialista en temas de represión política en América Latina.

Anexo 3 Casos aceptados en la Audiencia temática

1. Caso Acteal (Masacre)
2. Caso Alejandro Bautista (Prisión por motivos políticos)
3. Caso Atenco (Ejecución extrajudicial, tortura, tortura sexual, prisión por motivos políticos)
4. Caso Comunidad Santa Fe de La Laguna
5. Caso Edmundo y Gabriel (Desaparición forzada)
6. Caso Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (intento de ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, tortura, prisión por motivos políticos)
7. Caso Heriberto Pazos (Ejecución extrajudicial)
8. Caso Hijos México (Desapariciones Forzadas)
9. Caso Kuykendall Leal - Torres Soriano (Ejecución extrajudicial y desaparición forzada)
10. Caso Luna Hernández (Prisión por motivos políticos)
11. Caso Mayra Valenzuela (Intento de Ejecución extrajudicial)
12. Caso Simitrio (Prisión por motivos políticos)
13. Caso Sucumbíos (Ejecución extrajudicial)
14. Caso Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (Represión Política)
15. Caso Viejo Velasco (Masacre, Desapariciones Forzadas)
16. Caso Zona Norte Chiapas (Ejecución extrajudicial, desaparición forzada, desplazamiento forzado)

Anexo 4 Preaudiencias, dictaminadores, testigos de honor 2012-2014


Anexo 5 Semana Nacional contra la violencia represiva del Estado, 26 al 28 de febrero de 2013

[1Dictamen. Audiencia general introductoria. Ciudad Juárez, Chihuahua, 27-29 de mayo 2012. Página 22

[3Documento Libre comercio y violencia. Audiencia Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y falta de acceso a la Justicia. Página 2.

[4Documento Libre comercio y violencia. Audiencia Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y falta de acceso a la Justicia. Página 3.

[5Predictamen de la Preaudiencia "Reunión para la justicia y la verdad" Susucmil, Chiapas 2013.

[6Predictamen de la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” Limonar, Chiapas 2014.

[7Predictamen de la Preaudiencia Desapariciones forzadas y Ejecuciones extrajudiciales en México; una política permanente del Estado. Mayo, 2013 Distrito Federal.

[8Predictamen de la Preaudiencia Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado mexicano en contra de la disidencia política. Agosto 2013, Puebla.

[9Predictamen de la Preaudiencia Represión, Crímenes de Estado e Impunidad. Septiembre 2013, Matugeo, Michoacán.

[10Dictamen Audiencia final temática sobre Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Comunidad Indigena de Santa fe de la Laguna, Michoacán del 26 al 28 de septiembre 2014.

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