Militarizar para violar derechos humanos

Militarizar para violar derechos humanos

La represión que ha vivido el pueblo mexicano se deriva de la presencia de las fuerzas armadas, porque cada vez que han participado en actividades de seguridad, el resultado es el mismo: violaciones de derechos humanos.

Históricamente, los militares han acallado las voces críticas de movimientos estudiantiles y guerrilleros que buscaban acabar con un sistema que sólo proveía hambre y pobreza. En 1994, Carlos Salinas de Gortari envió tropas para acabar con los zapatistas, que entre otras cosas, se oponía al Tratado de Libre Comercio, que amplió el modelo económico neoliberal en México. La continuación de ello se dio con la guerra de baja intensidad de Ernesto Zedillo.

Las fuerzas armadas fueron pieza clave de la “guerra contra el narcotráfico” que encabezó Felipe Calderón, prácticamente toda tarea de seguridad pública estaba en sus manos y de grupos paramilitares. Desde 2009, como Comité Cerezo México, documentamos que esa fue una guerra contra el pueblo, con graves violaciones a derechos humanos contra la población en general y personas defensoras, que fueron señaladas como el enemigo interno por oponerse al modelo económico. Se implementó el control social a base de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Con Enrique Peña Nieto, se dio una represión focalizada hacia quien estuviera en contra de “mover a México” y sus “reformas estructurales”. Por ejemplo, contra el magisterio, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos.

En la administración de AMLO no hay integrantes de fuerzas armadas en cargos civiles en lo federal y, a diferencia de otros sexenios, un civil, Alfonso Durazo, encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, se reafirma la idea de la normalidad de la presencia de militares, e incluso de que son sinónimo de progreso y protección, al dejar en sus manos la administración de puertos y la construcción del Banco del Bienestar y del aeropuerto.

Destaca que sigue vigente la Ley de seguridad interior creada en el gobierno de Vicente Fox y que, con algunas reformas, se deriva en el decreto del 11 de mayo de 2020 en el que se dispone de la Fuerza Armada para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Lo riesgoso es que no se señala cuándo se retirarán las fuerzas armadas de las calles y no habrá un órgano de control externo.

En cuanto a represión contra personas defensoras, los casos en los que el ejecutivo federal ha sido el beneficiario directo son: el de Samir Flores, opositor a una termoeléctrica en Morelos, y la cometida contra migrantes, cuyo ingreso representaría una falla al estatus de México como “tercer país seguro” pactada en el TMEC. Es alarmante, que la Guardia Nacional (GN) acompaña acciones de represión en los estados, como muestra: las agresiones contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán y Chiapas, contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o contra normalistas en Guerrero y Michoacán. Por ejemplo, en el operativo del 6 de junio, donde GN, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía de Michoacán reprimieron a la comunidad de la Escuela Normal de Arteaga. Subrayamos que el ejecutivo federal no condena estos actos de represión, que en su mayoría, son mandados por los gobiernos estatales.

Denunciamos que no ha habido justicia por las violaciones a derechos humanos que han cometido las fuerzas armadas en ésta y administraciones pasadas: es un pendiente de la 4T con el pueblo que ha sido golpeado y que lo llevó al poder.

Sí, hay cambios en el rol de los militares en esta administración, pero la seguridad debe tener un enfoque civil y no estar a cargo de quien históricamente nos ha reprimido. El lugar de los militares son sus cuarteles.