Defender los derechos laborales durante la pandemia
De acuerdo con las autoridades sanitarias, desde el 30 de marzo todas las personas deberían permanecer en su domicilio, y laborar desde casa si las condiciones lo permitían. Los patrones tenían la obligación de pagar el 100% de los sueldos y prestaciones que determina la ley.
Sin embargo, la realidad fue otra: “Lamentablemente las autoridades, tanto del gobierno federal como de las entidades, han sido muy permisivas e irresponsables, al no sancionar a las empresas ni a los empresarios que han obligado a laborar a los trabajadores”, explica en entrevista el abogado Porfirio Martínez González, especialista en derecho del trabajo y derecho constitucional, así como en materia de juicios de amparo.
De acuerdo con el laboralista, tanto las autoridades como los empresarios son corresponsables de poner en riesgo la vida de los trabajadores. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la maquiladora Lear Corporation, la cual fue señalada de provocar la muerte de al menos 24 trabajadores, pues les obligó a ir a su planta de Ciudad Juárez a pesar de que varios habían reportado síntomas de COVD-19. Fue hasta que los obreros empezaron a manifestarse, que las autoridades intervinieron y la clausuraron. Sin embargo, hasta la fecha no hay sanciones por estos homicidios industriales, ni información de que las autoridades hayan dado vista al Ministerio Público por delitos cometidos contra la salud de los trabajadores.
Los impactos que conlleva incumplir con la ley no son de índole exclusivamente económica y de derechos de los trabajadores, sino que también tiene implicaciones a nivel social, pues “el problema es que estas aglomeraciones de trabajadores en la mañana y en la noche, son focos de contagio permanente y eso es un problema muy grave en contra de la integridad, la salud y la vida de los trabajadores, porque muchos han muerto precisamente por esas condiciones”, explica el abogado laboralista que además agrega que “se ha puesto por encima del bien jurídico de la vida, el del negocio, que son las ganancias de las empresas y los empresarios”.
Ante las violaciones a sus derechos, la clase trabajadora cuenta con herramientas para defenderse, señala el abogado Martínez. Si una persona fue despedida injustificadamente o le redujeron el sueldo, puede levantar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), ya sea por internet o vía telefónica al 800-911-7877 en todo el país.
El especialista enfatiza que “en caso de no alcanzar un acuerdo o de no obtener una respuesta favorable, rápida, no hay que dejar pasar el tiempo, ya que los trabajadores a partir del 16 de este mes pueden acudir a interponer una demanda ante los órganos jurisdiccionales que son las Juntas de Conciliación y Arbitraje”. El laboralista recomienda que en este caso se acuda con un abogado, ya sea privado o puede solicitar uno de oficio en la misma PROFEDET, la procuraduría está obligada a asignar uno de oficio, que asesore gratuitamente desde presentar la demanda hasta obtener su resolución. El servicio es totalmente gratuito.
El plazo para interponer una demanda es de dos meses, contando a partir del 16 de junio. Y no sólo es por las violaciones ya dichas, sino incluye también incumplimiento en el pago de utilidades, derechos sindicales y cualquier violación al contrato colectivo de trabajo. Es importante señalar que también los trabajadores que están bajo la figura de outsourcing, o sin contrato, pueden defenderse.
Ahora que se reinician las actividades, es indispensable que las empresas cumplan con los protocolos sanitarios y que los trabajadores no estén expuestos a un peligro gravísimo como es el riesgo de contagio por el coronavirus. El especialista en derecho laboral llama a los trabajadores a defender los derechos que les otorga tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, y que tengan la confianza y seguridad de acudir ante la autoridad laboral para defenderlos.