Cambiar la historia de impunidad ante la desaparición forzada
El 25 de mayo de 2020, se cumplieron 13 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ellos fueron detenidos y posteriormente desaparecidos de manera forzada por elementos de la policía estatal del estado de Oaxaca, el gobierno federal y el ejército.
La desaparición forzada por el carácter de lucha de ambos, es una desaparición forzada por motivos políticos, su “delito” fue luchar para transformar la situación de miseria y explotación que viven millones de hombres y mujeres en el país.
Durante estos 13 largos años, tanto familiares conformados en el Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, como organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares y representantes legales, desarrollamos diversas acciones de denuncia con la finalidad de exigir la presentación con vida de nuestros familiares y encontrar el juicio y castigo para los responsables. Durante esta lucha persistente, hemos desarrollado todas las herramientas a nuestro alcance: la movilización política, la jurídica, las de derechos humanos y la mediática. Si se realizan de manera adecuada y coordinada, brindan importantes logros para estos casos de graves violaciones a derechos humanos.
Gracias al esfuerzo conjunto, hemos podido lograr que, bajo las propias leyes mexicanas, se haya reconocido este crimen y que ahora esté bajo el estudio de la máxima instancia de procuración de justicia en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto es sin duda un logro para todo el movimiento popular y de derechos humanos que nos ha acompañado y que también ha sido víctima de represión por hacerlo.
Las acciones legales iniciaron con el amparo interpuesto en 2013, del cual obtuvimos respuesta hasta 2019, con ello se nos concedía la protección federal en calidad de víctimas indirectas de la desaparición forzada de nuestros familiares, pero fue impugnada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. No nos rendimos, continuamos el camino legal y a finales de 2019, se resolvió que el expediente de Edmundo y Gabriel debía ser remitido a la SCJN.
Ya en 2015, habíamos exigido al presidente de este máximo tribunal que atrajera el caso, es decir, que lo conocieran y determinaran acciones, por ejemplo, iniciar la búsqueda de ambos detenidos desaparecidos en cuarteles militares, citar a comparecer a altos mandos y crear una comisión especial de búsqueda, entre otras cosas. Se rechazó esa posibilidad al no haber aún una respuesta sobre nuestro amparo de 2013, pero ahora, esto ya no era un impedimento.
¿Por qué señalamos que la SCJN tiene la oportunidad histórica de terminar con la impunidad? El caso de nuestros familiares es el primer caso en materia de desapariciones forzadas que es atraído por la Suprema Corte, nunca antes había sucedido, menos ante un crimen cometido en contra de dos luchadores sociales. Si su sentencia final es favorable, será trascendental para muchos casos más. Por ello, podría cumplir con su función de impartir justicia para el pueblo y dar un paso para acabar con la impunidad sistemática.
Esto abriría la puerta a investigar y enjuiciar a quienes por años han permanecido impunes en la comisión de estos crímenes, incluido el ejército. También implica abrir los cuarteles militares para buscar a nuestros familiares, y definir los criterios para lograr la reparación integral de las personas directa e indirectamente afectados por esta violación a derechos humanos. Es decir se crea un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación del daño para más casos, y también para su no repetición.
La SCJN tiene esta oportunidad histórica. Nuestra labor será continuar en esta lucha hasta lograrlo.
Nadin Reyes Maldonado
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Presentación con Vida de todos los Detenidos Desaparecidos del País!