Uno de los aspectos más significativos es que la sentencia no se queda en la teoría, sino que impone obligaciones concretas al Estado mexicano, entre ellas, la creación de una comisión especial de búsqueda con acceso a instalaciones militares, el derecho colectivo a la memoria y a la organización, y la implementación de medidas integrales de reparación que trascienden la mera compensación económica.