La sentencia del Amparo en Revisión 51/2020, emitida por la Suprema Corte bajo la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, marca un hito histórico en la lucha contra la desaparición forzada en México. Reconoce esta práctica no solo como delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, imponiendo al Estado obligaciones concretas: búsqueda efectiva con enfoque de contexto, acceso a instalaciones militares, creación de comisiones especiales, investigación integral y reparación colectiva.

Esta resolución no solo beneficia el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sino que establece estándares aplicables a todos los casos de desaparición forzada en el país, fortaleciendo el derecho a la verdad, a la justicia y a ser buscado. Difundir esta sentencia es clave para avanzar en la exigencia de responsabilidad estatal y en la garantía de no repetición.