Caso Tlahuac y un ¿golpe de Estado? La terrible sensación de un golpe de Estado desmilitarizado

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El Caso Tláhuac muestra de forma clara el modus operandi del Estado, un
error que les costó la vida a dos oficiales de inteligencia de la PFP, da
pié a una cadena de mentiras, engaños, fabricación de pruebas, tortura,
detenciones arbitrarias, cárcel, acusaciones falsas y lo que es
verdaderamente terrible, el intentar involucrar a la familia Cerezo
Contreras con este repudiable hecho.

Hoy podemos ver a la distancia y gracias a las informaciones periodísticas como se desmorona el castillo de mentiras y negligencia criminal que construye el gobierno federal, tal como en el caso de los hermanos
Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores, la torpeza para fabricar pruebas y más aún para inventar alegatos jurídicos sin ningún fundamento, aunado a las reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las mentiras mediáticas de las cuales se valen los cuerpos policiacos y de inteligencia del país, nos va develando una verdad,
la inocencia de muchos de los detenidos por cuestiones políticas.

Aún con estas graves violaciones procesales, el gobierno federal empata, pero no pierde, Alejandro Cerezo Contreras acusado de terrorismo, de delincuencia organizada, de organizar las huelgas de hambre de los narcotraficantes de La Palma, de pertenecer a grupos armados como las FARP y
el EPR, hoy goza de la libertad que nunca debió haber perdido, pero como lo hemos venido repitiendo, el empate lo hace al mantener a Héctor y Antonio en
Puente Grande y Matamoros, no importa que también sean inocentes, la razón del Estado no se equivoca, aunque no tenga pruebas para demostrarlo.

Ya no recuerdan al Lic. Yunes Linares evidenciar la falta de información que mostró ante la destacada periodista Denisse Maerker, cuando afirmaba que los hermanos Cerezo habían sido sentenciados por los petardos de Banamex, cuando esa es una rotunda mentira y además malabarear para no responder directamente la pregunta ¿tiene la autoridad pruebas de que los hermanos Cerezo participaron con los delincuentes de La Palma?, para después de varios rodeos afirmar ¡claro, por supuesto!, aunque nunca sea cierto y
tampoco puedan probar dichas mentiras.

Un caso Tláhuac que permite a las autoridades realizar una farsa en los penales de Alta seguridad y a su vez da pié acompañada con, la lucha contra la delincuencia, en entronizar a los personajes más obscuros de la ultraderecha nacional en los puestos claves de la seguridad y conducción política del país.

Estamos, así lo sentimos ante un escenario donde la ultraderecha tiene la fuerte tentación de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y este lo que sea, se traducirá en violaciones sistemáticas, planificadas y masivas a los derechos humanos de los mexicanos.

Y claro una nueva generación de presos políticos y de conciencia que directamente llenaran las prisiones de exterminio de Alta Seguridad, donde como en Matamoros se castiga con no dar agua al prisionero cuando la
temperatura está muy alta, o Puente Grande donde las visitas son desnudadas completamente y humilladas para lograr ver a su familiar, y no digamos ya La Palma, actual penal de castigo de los penales federales, donde como se ha
denunciado los presos mueren de apendicitis por la nula atención médica.

Hoy seguiremos la denuncia de las violaciones a los derechos humanos de nuestros familiares y de los presos políticos y de conciencia en general y no cejaremos en la exigencia de una Ley de Amnistía Federal que permita la
libertad de los cientos de mexicanos que sufren la prisión injusta.

Comité Cerezo DF

Nota de La Jornada

Domingo 5 de junio de 2005

Ha sido infructuosa la investigación en ese sentido, revelan fuentes

Caso Tláhuac: la PGR, sin indicios de que guerrilleros participaran en el linchamiento

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Las investigaciones del caso Tláhuac no han arrojado ningún indicio de que miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) o de alguna otra organización armada estén involucrados en la agresión a tres agentes de la
Policía Federal Preventiva (PFP) ocurrida el 23 de noviembre de 2004 en San Juan Ixtayopan.

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que la investigación que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), no ha aportado elementos que conduzcan a suponer que el ataque a los tres agentes fue planeado e incitado por personas con vínculos con alguna organización, a pesar de lo que inicialmente se dijo en ese sentido, que motivó que la Subprocuraduría de Control Regional abriera una indagatoria paralela al
linchamiento.

Supuestamente, en los hechos en los cuales perdieron la vida los agentes Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla, estuvieron involucrados Alicia Zamora Luna La Güera , y su cónyuge, Eduardo Torres Montes, como instigadores del
linchamiento y presuntos militantes del EPR.

A los dos, que permanecen prófugos de la justicia, se les señaló inicialmente como cercanos a Francisco Cerezo Quiroz, considerado por la PGR el actual líder del EPR.

En los días posteriores al linchamiento surgieron informes que señalaban que los agentes de la PFP habían sido ubicados al menos 10 días antes del 23 de noviembre por miembros del EPR, y que incluso se localizó un video que
prueba esto, pero las fuentes consultadas indicaron que nada ha podido ser probado.

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20050605&nota=035n2cap.php

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