Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que la investigación que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), no ha aportado elementos que conduzcan a suponer que el ataque a los tres agentes fue planeado e incitado por personas con vínculos con alguna organización, a pesar de lo que inicialmente se dijo en ese sentido, que motivó que la Subprocuraduría de Control Regional abriera una indagatoria paralela al linchamiento.
Supuestamente, en los hechos en los cuales perdieron la vida los agentes Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla, estuvieron involucrados Alicia Zamora Luna La Güera , y su cónyuge, Eduardo Torres Montes, como instigadores del linchamiento y presuntos militantes del EPR.
A los dos, que permanecen prófugos de la justicia, se les señaló inicialmente como cercanos a Francisco Cerezo Quiroz, considerado por la PGR el actual líder del EPR.
En los días posteriores al linchamiento surgieron informes que señalaban que los agentes de la PFP habían sido ubicados al menos 10 días antes del 23 de noviembre por miembros del EPR, y que incluso se localizó un video que prueba esto, pero las fuentes consultadas indicaron que nada ha podido ser probado.