Participación del Comité Cerezo en la exposición fotográfica sobre Oaxaca de la artista Araceli herrera, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

En nuestro país existen aproximadamente más de 600 presos políticos y de conciencia, resultado de la constante criminalización de la lucha social como parte de una política de Estado en donde la represión y la impunidad se hacen cada día más evidentes, abarcando a un mayor número de personas. Esta política consiste en destruir el tejido social mediante el terrorismo de Estado, de tal forma que podíamos vislumbrar ya el inicio; en la represión y tortura en contra de los altermundistas en la ciudad de Guadalajara en el 2004, el ensayo general que se realizó en Atenco en mayo de 2006 y su perfeccionamiento en el estado de Oaxaca.

La represión ha sido una constante a lo largo de la historia de nuestro país. Una vez instalado el gobierno del “cambio”, el año 2000 marcó efectivamente un cambio importante, pero en las formas de reprimir. En 2001, cinco días después de la explosión de petardos en 3 sucursales bancarias, el 13 de agosto de este mismo año, el entonces Procurador General Rafael Macedo de la Concha, presentó como presuntas responsables a cinco personas; entre ellas Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras este último absuelto, de todo cargo el 1 de marzo de 2005 y el Sr. Pablo Alvarado Flores quien cumplió su condena de cinco años siendo liberado el 13 de agosto de 2006. Los delitos por los que fueron acusados son daño en propiedad ajena, terrorismo, transformación de artificios, violación a la ley de la delincuencia organizada, acopio de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército. Del delito que dio origen a su encarcelamiento, daño en propiedad ajena, fueron exonerados desde el auto de formal prisión, lo siguiente fue un ejemplo más de la negación al derecho a la justicia, Alejandro Cerezo Contreras fue exonerado y liberado 3 años y medio despúes; actualmente Antonio y Héctor Cerezo Contreras cumplen una injusta condena de 7 años y medio de prisión en la cárcel de máxima seguridad CEFERESO No. 1, “Altiplano” antes “La Palma” en el Estado de México.

2006 se hace patente la brutalidad policíaca con la entrada de la PFP a San Salvador Atenco, dejando a su paso cárcel, muerte y tortura psicológica, física y sexual. En Oaxaca desde el fallido desalojo de los maestros en el centro histórico el 14 de junio, esta entidad se instrumentó la represión planificada desde antes para combatir y eliminar la disidencia social.

A lo largo de estos siete meses, la intensidad de los actos represivos se fue acrecentando con la constante actuación de los grupos parapolicíacos, quienes cometieron detenciones ilegales, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes, y asesinatos. Con el pretexto de restaurar la gobernabilidad, después del asesinato del periodista Brad Will; el 29 de octubre se envían efectivos de la Policía Federal Preventiva a la capital oaxaqueña, teniendo como resultado la suspensión de las garantías de facto y la violación sistemática y continuada de los derechos humanos, no solo de los actores, sino de la población en general, no podemos dejar de mencionar que la PFP es el ejército vestido de gris, inconstitucionalmente en funciones de seguridad pública.

El envío de los detenidos, previa tortura con finalidad de castigo, al penal de Nayarit, sólo crea el imaginario social en algunas personas de que “la responsables de la represión” es la lucha social y no el Estado, así en esta lógica, la represión no se dirigió a los miembros y simpatizantes de la APPO, sino a la población en general. Ahora muchas de las personas que fueron detenidas se encuentran libres, aun así tendrán que atravesar el vía crucis de llevar un proceso jurídico irregular por años; esta es la dosificación de la “justicia” por parte del Estado mexicano, como nuevo mecanismo de división y confrontación entre familiares y luchadores sociales, en la importante lucha por la libertad.

Otra constante fue el hostigamiento hacia miembros de organizaciones por la Defensa de los Derechos Humanos, un ejemplo: la intimidación a miembros del Comité Cerezo Oaxaca, quienes colaboran como monitores de la LIMEDDH. Después del 25 de noviembre, hubo vigilancia continua por parte de la PFP y la policía estatal a las oficinas de esta ONG; posteriormente la orden de aprehensión contra la presidenta de la filial Oaxaca, Yésica Sánchez Maya y Aline Castellanos miembro del Consorcio para el Diálogo Parlamentario. No cabe duda, que para el Estado, el hecho de ser defensor de los Derechos Humanos, es sinónimo de ser criminal; por la actividad de documentación y denuncia de las violaciones cometidas por el Estado.

El Estado muestra su cara represiva, al afinar su estrategia de criminalización de la lucha social, equiparando a los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos con delincuentes, basta ver los perfiles de los nuevos funcionarios del gabinete de seguridad, la unificación de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) con la nueva incorporación de 10,000 efectivos del Ejercito Mexicano y la Armada de México, la suspensión de garantías constitucionales de facto con el pretexto de “restablecer el orden” o la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y finalmente la creación del imaginario social que justifique y legitime a la represión con el Estado de derecho y la “justicia social”.

Resulta ahora claro que el año pasado se hayan legitimado las condiciones carcelarias a través de la aprobación del nuevo reglamento de los CEFERESOS legalizando así las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos, de conciencia e injustamente presos asociados a motivos políticos. La situación de los presos en los CEFERESOS 1 y 4, en teoría no es la misma; sin embargo, en los hechos, las condiciones carcelarias son degradantes, la indefensión jurídica, la falta de confidencialidad entre abogados y presos, los trámites administrativos que se tienen que realizar para la visita familiar, la negación al derecho a la información mediante la prohibición del depósito de revistas, periódicos, libros, imágenes y fotografías; la comunicación vía telefónica de diez minutos una vez por semana, el máximo de correspondencia de diez hojas escritas a mano y en papel blanco, sólo se les permite una hora de patio por día, quince minutos para ingerir sus alimentos, al entrar y salir de la celda tienen que desvestirse y hacer sentadillas casi desnudos, el servicio médico es prácticamente nulo, los custodios castigan a discreción dependiendo del criterio y humor del guardia en turno, los familiares son vejados en las revisiones para poder ver a los presos y la visita sólo es una vez por semana, etc., etc., etc.

El encarcelamiento en prisiones de exterminio, tiene como propósito la dispersión y el aislamiento de los detenidos para generar un desgaste mayor al movimiento reprimido, a los familiares y a los organismos de DH.

Y como parte de toda esta maquinaria represiva, están también las formas en que las organizaciones de derechos humanos y sociales que toman los casos de presos por motivos políticos actúan, desde nuestro muy particular punto de vista y sin referirnos a una generalidad, nos damos cuenta de personas, que ven en las consecuencias de la represión un mercado de víctimas y se dedican a lucran con el dolor de los familiares. No toman en cuenta que los presos, los sobrevivientes de la tortura, de desapariciones e intentos de asesinato, son seres humanos a los cuales se les debe apoyar de una manera moralmente adecuada, creemos firmemente que la lucha social y la defensa de los derechos humanos debe estar peleada con las actitudes protagónicas; la cosecha de resultados, la apropiación del trabajo de otros, la venta de la información, si repetimos los modos capitalistas (represivos) de hacer política, nuestro trabajo entonces sólo demuestra el objetivo de brillar personal o colectivamente y no de ser solidario con nosotros, con los demás, con todos. Debemos de hacernos la pregunta del millón: “¿Si el mundo que queremos construir y por el cual luchamos es a imagen y semejanza de nuestro actuar personal y colectivo, será realmente diferente? O sólo repetimos esquemas y alimentamos conciente e inconcientemente el mundo capitalista que imaginamos cambiar.

Aprovechamos este foro para hacer pública la denuncia sobre el hostigamiento constante a la que son sometidos los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras, quienes tienen vigilancia permanente por parte de los custodios, preguntándoles el por qué se quieren suicidar. Héctor Cerezo no fue sacado de su celda los días 22, 23, 24 y 31 de diciembre, así como el 7 de enero, aduciendo razones de seguridad y quitándole su rastrillo y trascribimos un párrafo de una carta enviada por Antonio desde el penal de exterminio

“Dado el contexto actual de la lucha social -al cual aunque quisiéramos no podemos sustraernos- y la respuesta del Estado a ésta, es necesario manifestar que ni Héctor ni yo, bajo ningún motivo o circunstancia, atentaríamos contra nuestra integridad física y emocional. Nuestra integridad está en manos de quienes nos han mantenido presos durante más de cinco años. Jamás, aunque se intente, hacer creer como el caso de Digna Ochoa, que un homicidio es igual a suicidio; reiteramos una vez más nuestro compromiso con la vida y con la lucha por un mundo mejor.”

Nosotros, el Comité Cerezo México, hacemos responsables de la integridad física y psicológica de los hermanos Cerezo Contreras, a las autoridades de “Altiplano” y al Estado mexicano.

Muchas gracias

¡Porque ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!

¡Presos políticos y de conciencia, libertad!

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