Ayotzinapa, nueve años de impunidad y lucha por la verdad, ponencia leída en Puebla

La desaparición forzada de personas, históricamente, ha sido una política del Estado mexicano para eliminar la disidencia política. A partir del año 2006, con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y la consecuente militarización y paramilitarización del país, también es una política de disciplinamiento, control social y territorial. Este último elemento significó la masificación y ampliación de la desaparición forzada a muchos sectores de la sociedad, principalmente jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas.

La desaparición forzada si bien se sigue cometiendo por agentes del Estado como militares, marinos y policías, en los últimos 15 años se ha venido desarrollando de una manera que busca eludir la responsabilidad estatal. Es decir, el Estado comete desapariciones forzadas a través de particulares que cuentan con el consentimiento, la complicidad, el mandato o la aquiescencia de agentes del Estado, llámense paramilitares o grupos del crimen organizado, como se ejemplifica con el papel de los llamados guerreros unidos en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero hace nueve años.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, de la cual el Comité Cerezo México participa, con base a la documentación elaborada por las organizaciones integrantes, el problema de las “desapariciones en México”, para utilizar el eufemismo del gobierno federal es que, el Estado mexicano es el principal perpetrador ya sea por comisión: cuando utiliza a sus fuerzas militares o policiacas o por aquiescencia; cuando utiliza a particulares para cometer esa grave violación a los derechos humanos. Incluso, como bien lo señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas el Estado también es responsable de no garantizar una adecuada investigación y búsqueda en los casos en los que particulares sin la aquiescencia del Estado comenten desapariciones.

El Estado mexicano, en su discurso y en su política gubernamental parte de que son los particulares o el crimen organizado sin relación con agentes estatales quienes cometen la mayoría de las desapariciones en nuestro país y sólo una minoría de éstas la comete el Estado. Desde esta premisa errónea se ha diseñado toda la política gubernamental y los instrumentos jurídicos existentes. Un razón más del por qué las desapariciones forzadas continúan.

En los hechos el Estado mexicano no reconoce la naturaleza específica de la desaparición forzada y la magnitud con la que se comete en todo el territorio nacional por comisión y mucho menos por aquiescencia. Es decir, en la mayoría de los casos simula atender y cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales.

No hay cifras confiables de las desapariciones forzadas en México, frente al registro gubernamental de más de 110 mil personas desaparecidas no hay en el registro oficial señalado, por ejemplo, cuántas personas defensoras de los derechos humanos o luchadoras sociales han sido víctimas de desaparición forzada. Además de que como siempre hemos señalado en ese registro no se especifican los casos de desaparición forzada y los casos de desaparición a manos de particulares.

Como Campaña Nacional hemos documentado que, desde el año 2006 a mayo del 2023, 220 personas defensoras de derechos humanos y 2 personas, integrantes del grupo guerrillero Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, han sido víctimas de desaparición forzada. 56 de ellas ocurridas durante el actual gobierno.

La política de la desaparición forzada de personas permanece debido a la impunidad que gozan los perpetradores. Los agentes del Estado que han sido sentenciados por ser autores de desapariciones forzadas no representa ni el 1% de las denuncias hechas por los familiares y las organizaciones de derechos humanos.

La entrada en vigor de la Ley General contra la desaparición forzada de personas en el 2018 significó un paso positivo en ciertos aspectos particulares, pero en lo general, sigue sin garantizar verdad, justicia, memoria, reparación integral y medidas de no repetición. La falta de coordinación entre las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalías especializadas está provocando la re victimización de las familias y una manera de eludir las responsabilidades de las diferentes dependencias gubernamentales.

La Creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda y ésta, en los hechos, a su vez de la Secretaría de Gobernación es insuficiente para atender la crisis forense y de identificación humana, necesitamos un organismo o Instituto Nacional Autónomo que no esté supeditado a la voluntad política de cada gobierno en turno.

Es importante hacer del conocimiento público que el 10 de agosto del 2022, en el juicio de amparo 51/2020, se logró una sentencia histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a nuestro juicio, al ordenar bajo mandato judicial la creación de una Comisión Especial de Búsqueda para el caso de la desaparición forzada Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez subsana en cierta medida las deficiencias de la Ley General en la materia al obligar al Gobierno a crear un grupo interinstitucional y multidisciplinario, con la participación de las familias, representantes jurídicos, e instancias internacionales de Derechos Humanos para la búsqueda, investigación y localización de ambas víctimas, sumando a los derechos de verdad, memoria, justicia y reparación integral, el derecho humano a ser buscado, el cual vamos a impulsar para que sea reconocido como un derecho humano por las instancias internacionales.

A nueve años de la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de jóvenes normalistas, es necesario seguir luchando contra la impunidad y contra el encubrimiento de todos los autores intelectuales y materiales de los hechos, si bien es cierto hay avances, también es cierto que después de nueve años no se conoce el paradero real de todas la víctimas de esos trágicos sucesos, por ello, los padres de los normalistas desaparecidos y las organizaciones que los acompañan se han instalado en plantón frente al campo militar número 1 en la ciudad de México, pues esta institución no ha dado a conocer cierta información que permitiría dar con el paradero real de las víctimas.

¡Presentación con vida de todas las personas detenidas desparecidas!

Atentamente
Comité Cerezo México, organización de derechos humanos y
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO