PaComentario. Ayotzinapa: el límite de la democracia liberal

El 26 de septiembre de 2014 es una fecha emblemática más que se suma a la larga lista de fechas que conmemoramos como resultado de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano.

2 de octubre de 1968, la Masacre de Tlatelolco; 10 de junio de 1971, la Matanza del Jueves de Corpus, también conocida como “El Halconazo”; 22 de diciembre de 1997, la Masacre de Acteal; 28 de junio de 1995, la Masacre de Aguas Blancas; 7 de junio de 1998, la Masacre de El Charco; 26 de septiembre de 2014, Ayotzinapa.

¿Qué es igual en el caso Ayotzinapa con respecto a los otros casos? La respuesta es simple, la impunidad como política de Estado para proteger al Ejército.

¿Qué es diferente con respecto a los otros eventos? El nivel o grado de impunidad.

En el mensaje final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el 25 de julio de este año, se hace un recuento de las fases que ha tenido el acompañamiento internacional y de la respuesta del Estado en estas diferentes etapas.

También recuerdan que no es gracias a la voluntad política del Estado que se formó este grupo de apoyo especializado internacional, sino como producto de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aunque ya no se menciona, dicha medida cautelar fue aceptada por el gobierno ante el costo político generado por el amplio movimiento social que de manera solidaria clamaba en las calles por la aparición con vida de los 43 y por la justicia.

Es gracias al trabajo del GIEI que se puede demostrar científicamente lo que todos ya sabíamos, qué la Verdad Histórica era una mentira creada conscientemente por el gobierno mexicano con la intensión de proteger a los responsables, al ejército, siempre al ejército, como en todas las masacres anteriores que mencionamos al inicio, proteger a los perpetradores, al ejército, porque como siempre ha sido, obedecen las órdenes de quienes a través de la Democracia Liberal ejercen el poder.

Es, esta institución, el ejército, la encargada de implementar los mecanismos necesarios, de espionaje, vigilancia y control social mediante el terror, para implementar y llevar a cabo la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano, cuyo objetivo ha sido siempre y lo sigue siendo, eliminar, y cuando es necesario físicamente, a la disidencia social, personas, como cualquiera de los que nos leen o escuchan, que, también como nosotros, estamos profundamente convencidos de que la política y la democracia debe tener como centro el respeto a la Dignidad Humana y no, como lo ha sido desde la Revolución Mexicana, el interés por despojar y acumular la riqueza que produce nuestro trabajo.

Y por ello el título de este escrito, mantener la impunidad es el límite que la democracia liberal impone para protegerse a sí misma, es decir, no importa el color o sesgo político en el poder, la impunidad será impuesta más o menos, según la voluntad política del gobierno en turno, por ello, en el mismo sexenio que ocurrió la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Ayotzinapa, con un gobierno de derecha, la salida política para protegerse fue la creación de la mentira histórica, ahora con un gobierno socialdemócrata, la voluntad política tiene un límite y este es defender a los encargados de proteger a la democracia liberal, no importa si el gobierno es más o menos democrático, lo liberal, está por encima de la misma democracia.

En este gobierno, el mismo GIEI, lo reconoce, hubo por parte del gobierno mexicano mayor voluntad política, pero también lo señalan, incluso está voluntad choca con la necesidad de mantener la impunidad por parte de las instituciones que sabemos son las responsables.

La lucha constante, ininterrumpida por parte de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa y quienes de buena fe los han acompañado alcanzó para arrancarle al actual gobierno, como representante del Estado Mexicano el reconocimiento de que estos hechos son un Crimen de Estado.

Incluso, a diferencia de cientos de escritos y análisis quesque sesudos que se han producido en estos años por muchos analistas, algunos de ellos hasta con Maestría incluida, que, en concordancia con la Mentira Histórica de Peña Nieto, encontraban y aún lo hacen, en el origen de este Crimen de Estado al narcotráfico y usaban y siguen usando el concepto de macrocriminalidad para darle una salida lógica, que no verdadera, al por qué de este crimen estatal y de muchos otros.

Como lo dice claramente el último informe del GIEI en la página 285, que si uno lo dice, nos acusan que hacemos análisis desde el Muro de Berlín:

“La organización criminal está integrada por personas y aparatos institucionales que se desviaron de la legalidad para desaparecer a los estudiantes, para lesionar, y agredir a los estudiantes de Ayotzinapa y la población de Iguala, Mezcala, Santa Teresa, para atacar a menores de edad como lo eran algunos de los muchachos de los Avispones. Así mismo sirvieron a intereses criminales, lo que hace que todavía deban investigarse de manera profunda quiénes de esas estructuras ordenaron y participaron de esos hechos.

En este caso resulta muy indicativo del nivel de red que existió y existe en ese momento, y que hoy impide incluso que posibles testigos puedan hablar. La red criminal pervive y tiene sus contactos en las instituciones. Y esto aunado a procedimientos ilícitos de la PGR en su momento, ha garantizado la impunidad y la reproducción de las actividades criminales que alimentan esa economía criminal y mantienen la red.”

Pero no están hablando de una red de macrocriminalidad creada por el narcotráfico, que, como siempre dice el Estado y sus defensores, contamina a las sacrosantas instituciones, tampoco está hablando de un poder criminal no estatal que disputa territorio y control económico y político al Estado, o de un supuesto Estado paralelo que converge y se entrelaza con el Estado formal para reprimir, no, dice que, y otra vez lo repetimos para que quede claro: “La organización criminal está integrada por personas y aparatos institucionales”, más adelante dice que “sirvieron a intereses criminales “ y termina diciendo de esta red de macrocriminalidad que en el Caso ayotzinapa: “resulta muy indicativo del nivel de red que existió y existe en ese momento, y que hoy impide incluso que posibles testigos puedan hablar. La red criminal pervive y tiene sus contactos en las instituciones […]”

Incluso desde la página 103 el GIEI nos dice, con base en la ciencia y no en la creencia, que uno de los factores que facilitaron la desaparición forzada de los 43 es:

“[…] la visión contrainsurgente de los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa, que conlleva un estigma, es decir una marca moral negativa, asociándolos a guerrilla o revueltas, y que se muestra en el nivel de información de servicios de inteligencia del ejército, el foco de las actividades de inteligencia centradas en sus movilizaciones, asambleas y procesos organizativos, a los que desde la institución militar se asocia con guerrillas en Guerrero desde hace décadas, y todavía en la actualidad.”

Y, repetimos por si alguien se resiste a creer en la ciencia y seguir aferrado a su creencia: “Y todavía en la actualidad” por estas verdades, el Estado mexicano y su sistema político basado en la democracia liberal, incluso en un gobierno socialdemócrata como el actual tiene un límite, las acciones concretas que protegen con un manto de impunidad a los perpetradores, sí, de Ayotzinapa, pero de todas las masacres al inicio enunciadas y de los pasados y actuales Crímenes de Estado cometidos en contra de un movimiento social que a ojos del ejército, aceptado por el gobierno en turno, es visto desde la visión contrainsurgente.

No podemos irnos sin mencionar la ejecución extrajudicial del indígena náhuatl y miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo Gregorio de la Cruz de la Cruz, quien a semejanza de la ejecución extrajudicial en contra del estudiante de Ayotzinapa Julio César Mondragón, fue torturado y ejecutado quitándole parte del rostro, un modus operandi muy Ayotzinapa cuyo objetivo también es generar terror en las comunidades organizadas de la huasteca hidalguense y veracruzana, dicho Crimen de Estado fue realizado apenas el 27 de julio pasado en Chapopote Chico, Veracruz y también rápidamente, creada la verdad histórica por el Estado, esta vez el gobernador Cuitláhuac quien declaró, sin ciencia pero si con conciencia, contrainsurgente, que se fue de borracho con gente de su comunidad y que ellos lo mataron, que le espera al caso, impunidad, el límite de la democracia liberal.

Pero seguimos necios, a pesar de que el Estado nos ve con ojos contrainsurgentes, y que cualquier cosa que nos suceda es su responsabilidad, estamos convencidos que sólo organizados de manera independiente y con la herramienta de los derechos humanos podemos alcanzar una vida digna para todos.