La desaparición forzada: dilación y burocracia en México

El 10 de agosto del 2022 es un día histórico para quienes por décadas hemos luchado contra la desaparición forzada en el país y también lo es para el pueblo en general. Ese día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras 9 años de litigio por parte de los familiares de las víctimas, la representación jurídica y luego de 15 años de lucha por parte de organizaciones populares y de derechos humanos se logró una sentencia favorable para Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada en la ciudad de Oaxaca en el 2007.

La sentencia del 10 de agosto se dio en el contexto del Plantón Popular frente a la SCJN por parte de organizaciones como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular con el apoyo y la solidaridad de muchas organizaciones y colectivos en el país. Un esfuerzo de coordinación, constancia y lucha que paso a paso le ha arrancado a cuenta gotas parte de lo que por derecho el Estado debería garantizar a las víctimas: el derecho a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación integral y las medidas de no repetición.

Una victoria para Edmundo y Gabriel, para sus familiares y organizaciones populares y de derechos humanos. Sin embargo, aun cuando la SCJN emitió la sentencia a favor de ambos luchadores sociales, la verdad y la justicia no se han hecho realidad.

Las familias, en un primer momento, pensaron que era cuestión de un par de días para que la SCJN notificara a las autoridades la sentencia a favor de Edmundo y Gabriel y una vez que notificarán a las autoridades comenzarían a contar los 30 días naturales para que éstas cumplieran con la sentencia. Por ello y conociendo la falta de voluntad política del gobierno federal y estatal y de la FGR, SEDENA, CNB y SEGOB, junto con la organizaciones que han venido luchando por la presentación con vida de ambos luchadores sociales se decidió continuar con el Plantón Popular, para que no sólo quedara en el papel la sentencia a favor sino para que en los hechos se cumpliera.

Han pasado ya 19 días de la sentencia a favor de Edmundo y Gabriel y ante la pregunta de por qué la SCJN no ha notificado a las autoridades competentes la sentencia, la respuesta ha sido la dilación y el burocratismo.

Resulta que una vez que se emitió la sentencia, la SCJN tiene que engrosarla, es decir, elaborar el documento que contiene la resolución emitida por la Primera Sala de la SCJN y como es la SCJN no tiene tiempo establecido para ello. Ya van 19 días sin que lo haga. El tiempo dependerá de la voluntad política y de la importancia que le den a la sentencia. Pero aquí no termina este tortuoso camino a la justicia. Una vez que se engrose la sentencia, la SCJN debe comunicar al Tribunal Colegiado la sentencia para que éste a su vez notifique a las autoridades señaladas en dicha sentencia. Tampoco hay tiempo legal para que la SCJN comunique al Tribunal Colegiado la sentencia. Y finalmente el Tribunal Colegiado es el que debe notificar la sentencia a las autoridades aludidas, para ello, ésta si tiene 10 días hábiles.

De esta manera el triunfo que significa la sentencia nuevamente se ve opacada por la dilación y por la burocracia del poder judicial mexicano.

No bastan 15 años de injusticia, de negar el acceso a los derechos de verdad y justicia, no basta la falta de voluntad política de las dependencias encargadas de investigar, buscar y sancionar a los responsables, no importa el dolor de las víctimas que continúan en calidad de detenidos desaparecidos ni el dolor de los familiares. La burocracia se impone y las víctimas directas e indirectas deben seguir esperando hasta que los burócratas decidan hacer su trabajo.

Justa razón tienen el pueblo al desconfiar de las autoridades. Por ello, se ha decidido mantener el Plantón de manera indefinida. Porque lo que se ha ganado en el papel ha sido gracias a la movilización popular, a la labor jurídica y de derechos humanos y al apoyo de diversas organizaciones, intelectuales, artistas y periodistas solidarios. Ahora debemos seguir luchando para que se haga realidad la sentencia, para que se engrose y se notifique al Tribunal Colegiado y para que éste a su vez notifique a las autoridades mencionadas y para que éstas mismas autoridades que no han mostrado voluntad política ni sensibilidad cumplan lo que por mandato judicial están obligas a hacer. Lo cual sería el primer paso para exigir el cumplimiento de la sentencia.

¿Y qué ordenó la SCJN?:

1.- Ordena la creación de una Comisión Especial de Búsqueda en la que participarán no solo las autoridades federales y locales como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaria de Gobernación sino también incluye a los familiares, abogados, expertos internacionales y organizaciones que han acompañado el caso.

2.-Ordena la comparecencia de los mandos militares que estuvieron en funciones en el año 2007. Es decir, que declaren sobre el paradero de Edmundo y Gabriel.

3.-Ordena que la Comisión Especial de Búsqueda entre a cualquier instalación militar o civil en dónde se tenga la certeza o sospecha que puedan estar o que estuvieron Edmundo y Gabriel.

4.-Ordena que tanto la FGR cómo SEDENA publiquen en un diario nacional extracto de la sentencia, así como también el gobierno de Oaxaca haga lo mismo en un diario local.

5.- Ordena otorgar medidas de reparación a las familias de las víctimas como lo es la atención médica, psicológica y la indemnización por el daño infringido.

Pero también la sentencia a favor de Edmundo y Gabriel otorga nuevos criterios para los juicios de amparo por desaparición forzada, más apegados a lo que dictan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Marca un camino, una ruta jurídica para todas las víctimas de desaparición forzada. Por qué de aquí en adelante en los amparos indirectos que metan los familiares de las víctimas deben pedir, mínimo, lo mismo que se ha ganado en el caso de Edmundo y Gabriel. Porque todas las víctimas de desaparición forzada merecen una comisión especial de búsqueda, porque a todas las víctimas se les debe garantizar una investigación y la sanción a los responsable materiales e intelectuales. Porque no hay víctimas de primera y de segunda como marca el gobierno federal en su trato y atención a las víctimas.

Por lo anterior, este 30 de agosto, día internacional de las víctimas de desaparición forzada, junto con las organizaciones que conformamos la Campaña nacional Contra la Desaparición Forzada marcharemos, nuevamente, como desde hace 12 años, para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país y del mundo, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y a los que han facilitado y se han beneficiado de las desapariciones forzadas y también a los que con la burocracia y la dilación no garantizan los derechos humanos de las víctimas.

¡Porque vivos se los llevaron: vivos los queremos!

Comité Cerezo México