El miércoles 22 de junio de este año, dentro de las instalaciones del Campo Militar número uno se realizó la ceremonia de apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.
Pero más que eso, lo que se decidió ahí fue la política de Estado sobre los hechos de la Guerra Sucia, es decir, lo que vimos fue la declaración política de punto final y obediencia debida por parte del Estado, tratando de muy mala manera de excusar al ejército, que sólo obedeció órdenes de civiles, de su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron en contra de los grupos insurgentes, movimiento social y cualquier ciudadano que se atravesara en su camino.
Al parecer, estuvieron presentes puros funcionarios de Estado lavándole la cara a las fuerzas armadas, ya que incluso los testimonios de las víctimas fueron discursos inocuos, una repetición de lo que los militares ya saben, nada nuevo, ninguna exigencia, al contrario, agradecimientos por algo que se sabe no terminará en justicia para las víctimas.
Muy lejos quedaron los discursos y menciones al origen y permanencia de la pobreza y la injusticia en México que dieron pie al movimiento armado socialista, cómo si las violaciones a los derechos humanos fueran un asunto personal y no un asunto social, como lo debe ser la exigencia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación integral ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas durante el periodo de la guerra sucia.
Esta ceremonia no fue más que la declaración de que habrá más papeles que leer, pero no un proceso de justicia que debiera ser iniciado con las primeras informaciones que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos, al final, creemos que sólo se tendrá un nuevo documento que narre una verdad mutilada, la denegación de la justicia, que obnubile la memoria y que no repare integralmente a la sociedad por el daño hecho.
El derecho humano a la verdad, es un derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos apenas reconocido en el 2010, pero no se trata de un derecho individual, sino colectivo, es decir, la búsqueda de la verdad implica un compromiso ético con las víctimas, el cual consiste en aclarar las razones de tipo económico, político o social de las agresiones del Estado; descubrir o evidenciar la lógica represiva que las produjo, quiénes favorecieron y encubrieron los crímenes; descubrir su sistematicidad, la identidad, los móviles y los contextos de los crímenes y sus ejecutores, no sólo se debe saber quiénes fueron los responsables, sino también quiénes se beneficiaron de dichas violaciones a los derechos humanos.
La verdad también contiene la identidad, proyectos de vida, sueños, compromisos de lucha y responsabilidades en la construcción de un mejor México, de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos policiacos y militares.
Estamos hablando de una parte del pueblo mexicano que intentó durante el periodo de la guerra sucia determinar el futuro de la nación, un futuro dónde no existiera la explotación capitalista, dónde no hubiera pobres y ricos, esta memoria, derecho humano reconocido en el 2006, es una memoria social y que además debe ser socializada, es la garantía de que el terror de Estado no se repita y es el mecanismo ideal para conservar y también para reconstruir la historia de la lucha del pueblo mexicano y reconstruir la historia de la represión desatada por el Estado en su contra.
El derecho a la justicia, reconocido en el 2005, obliga al Estado a hacer todo lo posible por descubrir la verdad histórica de la represión con investigaciones serias, independientes e imparciales, investigaciones que deben culminar en el enjuiciamiento de los responsables materiales, fuerzas armadas y policiacas, y de los autores intelectuales, civiles que les ordenaron dichos actos violatorios de los derechos humanos, no se trata como lo dijo el presidente, de que las fuerzas armadas sólo obedecieron a civiles malos y por eso hicieron cosas malas sin responsabilidad actual, así sean un pueblo uniformado, que ya no lo son, tienen responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos y deben ser enjuiciados y sancionados de manera efectiva y proporcional a la gravedad de los delitos cometidos.
No hablemos ya del derecho humano a la reparación integral, el cual inicia con una valoración de qué se dañó, en qué magnitud y cómo puede ser recuperado, además de intentar superar las causas de las violaciones a los derechos humanos, es una acción social permanente que se dirige a transformar a largo plazo las condiciones socioeconómicas que han dado lugar a la victimización de diversos sectores de la población.
Es decir, supone la democratización de la sociedad y de sus instituciones y esto incluye a las fuerzas armadas, cosa que ni por accidente se ha mencionado en todo el proceso de esta comisión de la verdad, ni que decir de las garantías de no repetición, las cuales nos dice que deben ser desmontadas todas las estructuras que hicieron posible la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos.
Sólo el respeto de estos derechos humanos de las víctimas es la garantía de la reconciliación, de otra manera reconciliación significa impunidad, no castigo a los responsables materiales e intelectuales y sobre todo a los beneficiarios económicos, políticos y sociales de la guerra sucia, así mismo desmontar las estructuras que hicieron posible las violaciones a los derechos humanos es desmantelar los actuales grupos paramilitares que repiten las graves violaciones a los derechos humanos, así mismo respetar los derechos de las víctimas implicaría extender la comisión de la verdad hasta el primero de diciembre de 2018, ya que los viejos violadores de derechos humanos, son los mismos que generalizaron la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial durante la mal llamada guerra contra el narco y son los que actualmente están en funciones.
No queda de otra, debemos seguir exigiendo una comisión de la verdad que realmente garantice los derechos humanos de las víctimas, empujando por democratizar al país y denunciando la complicidad entre el viejo régimen y el actual.