Recientemente se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invirtió unos US$400 millones para comprar sistemas de rastreo de internet, espionaje de teléfonos móviles, especialmente Blackberry, así como un software para controlar a distancia computadoras y detectar contraseñas.
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El gobierno mexicano dice que esta sofisticada tecnología es para combatir a la delincuencia organizada.

Pero especialistas advierten que el ejército llega tarde, pues los carteles de narcotráfico la utilizan desde hace varios años para evadir el rastreo de militares mexicanos y de agencias de seguridad de Estados Unidos.

El crimen organizado suele estar un paso adelante, le dice a BBC Mundo Alberto Islas, director en México de la consultora independiente Risk Evaluation.

«Los carteles tienen una ventaja muy amplia porque destinan más recursos a comprar tecnología y son más flexibles para adaptarse a los nuevos métodos», explica.

Para esta nueva batalla, las autoridades mexicanas requieren ayuda. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió recientemente a desarrolladores de tecnología que habiliten una app que ayude a combatir la delincuencia, a través de un sitio de reporte anónimo de crímenes.

Antenas

Hace unos meses, el ejército desmanteló una extensa red de antenas y equipos de comunicación con los que el cartel de Los Zetas mantenía comunicación en tres estados del sureste y el norte del país: Veracruz, Tamaulipas y Coahuila.

La red operaba con una señal encriptada de radio y telefonía móvil. Según las autoridades servía para coordinar el tráfico de droga, secuestro de personas indocumentadas y especialmente para vigilar el movimiento de las tropas que les acechan.

El sistema operó al menos durante dos años, y en algunos casos las antenas -con un promedio de 20 metros de altura- se instalaron cerca de cuarteles militares o policíacos.

Pero esta red, considerada como de nivel medio en el mercado de telecomunicaciones, es apenas una muestra de la forma como los carteles han incorporado la tecnología a su vida cotidiana, explica Islas.

Algunos grupos, como los carteles de Juárez y Sinaloa, por ejemplo, utilizan programas de acceso remoto a computadoras, de recopilación de hábitos de navegación -conocidos como adware- o marcadores para conectar el servicio de internet a través de códigos especiales y no por los nodos del servidor contratado. A estos marcadores se le llama dialers.

Todo con un fin: evadir a las autoridades y coordinar sus operaciones delictivas.

«La usan para hacer contrainteligencia», explica el especialista. «El crimen organizado usa cosas muy básicas, desde instalar un puesto de tacos afuera de una zona militar para vigilar el movimiento de tropas, hasta usar un sistema sofisticado de escuchas para controlar las frecuencias de las fuerzas armadas».

Dudas

Espiar teléfonos móviles es parte de la estrategia contra el tráfico de drogas en México

Pero no todos están conformes con la compra de tecnología de espionaje por parte de la Sedena.

Alejandro Cerezo Contreras, uno de los fundadores del Comité Cerezo México, dedicado a la defensa de derechos, en entrevista con BBC Mundo, advierte del riesgo que ese equipo y el software se utilicen también para vigilar a activistas sociales.

«Si esa tecnología se utilizara para la investigación contra los delincuentes estaría excelente», indica.

La compra de nueva tecnología de espionaje por parte del Ejército alerta al Comité Cerezo.

«No hay una política que regule su uso. Si bien la ley dice que debe haber la orden de un juez para utilizarla, hay muchos casos de defensores donde no existe ese mandato».

Pero no es el único problema, añade el consultor Alberto Islas. Para ganar la batalla en la trinchera tecnológica, las autoridades mexicanas deben cumplir dos requisitos.

El primero, asegurar la vigencia del equipo que compran para no ser rebasados por los carteles de narcotráfico y el segundo que la información obtenida tenga siempre el respaldo de los jueces.

Es básico, insiste: si las pruebas recabadas en el espionaje no tienen respaldo legal, es imposible incorporarlas en el juicio a los delincuentes. Y por esta carencia, subraya el analista, es que muchos han quedado libres.