Del olvido a la impunidad; La amnistía, prevista desde 1824. U. de Inteligencia-El Financiero

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La amnistía es una potestad del Legislativo. A diferencia del indulto, que habla de perdón, el sustento jurídico de una ley de amnistía se finca en el olvido. Con el objeto de restañar la convivencia social, el Estado decide olvidar delitos cometidos, usualmente por motivos políticos, con lo que cancela órdenes de aprehensión, suspende procesos penales en marcha y libera a quienes estén privados de su libertad.

Con el indulto, facultad del Ejecutivo, existe el reconocimiento sobre la existencia del delito cometido. La amnistía implica la supresión de los antecedentes penales. En México, los últimos casos beneficiaron a presos o perseguidos. No fueron, como en otros países, leyes de punto final, lo que posibilita reanudar, bajo las instancias legales, la lucha por la reparación del daño.

La amnistía ha sido una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, prevista desde la Carta Magna de 1824, las Siete Leyes de 1836, las Bases Orgánicas de 1843, así como las constituciones de 1857 y 1917. Por otro lado, son abundantes los casos donde fue decretado el olvido para subsanar heridas que causaron confrontación y angustia social.

En 1870 Benito Juárez promulgó una ley que buscaba restañar las heridas causadas por la Guerra de Intervención. Sebastián Lerdo de Tejada hizo lo propio en 1873 para resolver el alzamiento armado que personificaba Porfirio Díaz. También el siglo XX es rico en ejemplos. En 1937, Lázaro Cárdenas cambió la estrategia política ante los restos del movimiento cristero. En 1940, Manuel Ávila Camacho impulsó una amnistía para quienes expresaron su rechazo a las convulsas elecciones presidenciales de ese año.

Luis Echeverría, en 1976, buscó superar la crispación derivada del conflicto estudiantil del 68 con una legislación que beneficiaría a 230 personas. Como la medida acabó por ser insuficiente, dado el activismo de los grupos guerrilleros, durante 1978 José López Portillo promulgó una ley mucho más amplia. La PGR aseguró que los beneficiados sumaban mil 539. En 1994, Carlos Salinas impulsó la misma estrategia ante el levantamiento zapatista en Chiapas.

En el ámbito local abundan los casos. En 1994, el gobernador de Chiapas, Javier López, promulgó su propia ley. Durante 2001 y 2003 hicieron lo propio José Murat, en Oaxaca, y René Juárez, en Guerrero. Fidel Herrera, en 2004, promulgó en Veracruz una amnistía que iba más allá de los presos de conciencia, pues beneficiaba a quienes tenían penas inferiores a tres años.

La amnistía decretada en 1978, cuando Jesús Reyes Heroles era secretario de Gobernación, es una de las leyes que más llaman la atención. Una de las razones obedece a la marcada crisis de esos momentos. La llamada guerra sucia no detenía los movimientos insurreccionales pero, significativamente, el país lucía una falsa unanimidad.

Esa ley resultó de la presión efectuada por familiares de presos y desaparecidos políticos cuando en 1978 efectuaron una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana. Al año siguiente, ese grupo, encabezado por Rosario Ibarra, creó el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) que, al disolverse en 1994, dijo haber conseguido la presentación de 148 desaparecidos, amnistía para mil 500 presos políticos, cancelación de dos mil órdenes de aprehensión y el regreso de 57 exiliados.

Cálculos de organizaciones no gubernamentales sostienen que, en siete años de gobiernos panistas, unas 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. Se habla de activistas presos en por lo menos nueve estados. Muchos de ellos son indígenas y las causas de la detención son de diversa naturaleza: campesinos en lucha por la tierra, obreros en defensa del empleo, promotores de derechos humanos, líderes de movimientos comunitarios, indígenas en defensa de su autonomía y más, quienes en su gran mayoría fueron apresados bajo grandes operativos político-militares.

Mientras organismos defensores de derechos humanos han acumulado expedientes que podrían merecer una nueva amnistía, algunos legisladores lanzaron la propuesta de aprobar una ley en favor del EPR. Este grupo insurrecto dice simpatizar con la medida en tanto permita liberar a todos los que llama "presos políticos y de conciencia", pero no promete deponer las armas, circunstancia que, más que olvido, bien podría significar impunidad.

De hecho, en sus comunicados exigen "señales claras y concretas" para sus demandas. En "ninguna línea demandamos diálogo", y hasta sostienen no estar interesados en "una amnistía para nosotros", lo que son signos de una postura radical que difícilmente permitirá que la polémica trascienda la plaza pública.

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