Paramilitares en Chiapas en la 4T ¿Continuidad de una política contrainsurgente?

Por ODEMCA Observatorio de las Democracias
19 junio, 2023
Fernando Pérez(*)

La existencia y operación de grupos paramilitares en Chiapas después de casi 5 años del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y de casi 30 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) demuestra la vigencia de una política de Estado que rompe con el esquema de un proceso de cambio impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Romper con este esquema no significa negar o minimizar algunos cambios implementados por este gobierno en los ámbitos políticos, económicos, sociales y ambientales orientados al desarrollo del país y a la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, la actividad de grupos paramilitares en algunas regiones del territorio estatal no solo indica que la política contrainsurgente aplicada desde 1994 está vigente, sino que ésta corresponde a una política de Estado que hasta ahora no ha sido cambiada por el gobierno de la 4T.

Peor aún, en el contexto de la escalada de violencia e inseguridad por el que atraviesa nuestro estado de Chiapas, en algunos casos como en los municipios de Chenalhó y Pantelhó, los grupos paramilitares se han mezclado con acciones del crimen organizado y del narcotráfico, a tal grado que algunos los han nombrado como grupos de narcoparamilitares. Se trata de grupos armados que además de sus actividades con objetivos políticos en los planos municipal y estatal se dedican “a traficar drogas, migrantes y armas, así como a robar automóviles”. [1] No obstante, en otros casos como en los municipios deLas margaritas y Ocosingo , las labores de los grupos paramilitares se realizan bajo el membrete de organizaciones sociales y productivas como la Central Independiente Obrera Agrícola Campesina Histórica (CIOAC-H) y la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), entre otras. A través de éstas se ataca a las comunidades organizadas, ya sean bases de apoyo del EZLN o integrantes de organizaciones políticas independientes como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), propiciando división entre las comunidades, despojo de tierras, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. [2] Además, algunos de los integrantes de estos grupos de paramilitares se han adherido a los partidos políticos oficiales, llegando a ocupar cargos en la Presidencia Municipal de algunas regiones del estado.

Es decir, después de casi tres décadas de su conformación por parte del Estado, los paramilitares se han adaptado, camuflado o transformado acorde a los tiempos del régimen político dominante y de los nuevos tiempos de acumulación de capital derivado del proceso de globalización neoliberal. Sin embargo, a pesar de estos cambios en su apariencia, sus acciones se siguen orientando hacia las comunidades y ejidos con presencia de organizaciones políticas independientes que tienen como bandera de lucha la defensa de la tierra, del agua, de los derechos humanos y del territorio, o bien que luchan por la autonomía, por la libre determinación de los pueblos, por el mandar obedeciendo y hasta por el socialismo. Dos ejemplos recientes de estas agresiones se pueden apreciar en los siguientes casos: el intento de desaparición forzada de Daniel Gómez Sántiz, un campesino Tzeltal del ejido Río Florido, municipio de Ocosingo, integrante del FNLS, que el día 26 de febrero del presente fue golpeado, torturado, amenazado de muerte y desaparecido temporalmente por parte del grupo paramilitar “Los Petules”; [3] y el ataque armado hacia la comunidad Autónoma Moisés y Gandhi, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, en Ocosingo, Chiapas, realizado el 22 de mayo del presente por parte de los paramilitares de la ORCAO, donde Jorge (o Gilberto) López Sántiz, campesino Tzeltal, integrante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) fue herido de gravedad. [4]

Estos casos no solo muestran que en Chiapas aún siguen operando los grupos paramilitares, sino también que éstos continúan accionando en contra de las organizaciones políticas autónomas e independientes bajo la protección del Estado. Pues, aunque en los dos casos se supone que existe una carpeta de investigación por parte de las autoridades estatales y federales, hasta ahora no hay indicios de actuación en contra de los responsables materiales e intelectuales de tan deleznables actos. Al parecer éstos serán dos casos más que se suman al historial de agresiones directas y violaciones graves de los derechos humanos cometidas por grupos paramilitares hacia los integrantes de dichas organizaciones y que quedan en la impunidad. Ataques que han sido denunciados en distintos momentos, tanto en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como en los del Partido Acción Nacional (PAN) y ahora con los del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sin que los quejosos hayan encontrado justicia en las instituciones jurídicas del Estado. Por el contrario, desde 2019, con la llegada al poder de la denominada 4T, el hostigamiento, acoso, intimidación y los ataques hacia las comunidades organizadas se han incrementado. Así lo ha documentado el Comité Cerezo México para las comunidades integrantes del FNLS en Chiapas, [5] y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para el caso de las bases de apoyo del EZLN. [6] Incluso, esto ocasionó que el 8 de junio se llevará a cabo la acción global “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”.

Para dimensionar este fenómeno es necesario recordar que los paramilitares fueron engendrados por el Estado a través de las fuerzas castrenses (militares y policías, principalmente) con el objetivo de atacar desde adentro a las bases del EZLN, así como “enfrentar directamente a los indígenas que, además de simpatizar con el EZLN o con una organización independiente, militan en un partido de oposición y en ocasiones, profesan una religión diferente.” [7] De esta manera, a partir de 1995, en el marco del “Plan de Campaña Chiapas 94” emprendido por el Ejército Mexicano para sofocar la insurgencia armada, surgieron los grupos paramilitares denominados “Chinchulines”, “Desarrollo, Paz y Justicia”, “Movimiento Indígena Revolucionario Anti Zapatista (MIRA)”, “Los Petules”, entre otros, que empezaron a operar en las regiones Selva, Norte y Altos de Chiapas, particularmente en las zonas del conflicto armado. Esto como parte de una política contrainsurgente destinada a liquidar al enemigo quitándole su base comunitaria, política y social. [8]

Sobre el terreno, los paramilitares actuaron en coordinación con los militares y policías, instalaron retenes a la entrada y salida de las comunidades, robaron ganado, incendiaron y saquearon casas de quienes sospechaban que formaban parte o simpatizaban con el movimiento político-militar, llegando a asesinar y desaparecer a más de un centenar de personas y a desplazar a miles de familias de sus comunidades de origen. [9] Obviamente, la formación y operación de estos grupos se realizó con la venia del gobierno federal encabezado por Carlos Salinas de Gortari, primero, y por Ernesto Zedillo Ponce de León, después, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de los gobernadores de Chiapas que desfilaron entre los años de 1994 al 2000. Es necesario mencionar que la política contrainsurgente aplicada en Chiapas emanó de la “guerra de baja intensidad” concebida en los manuales militares de Estados Unidos, cuyo propósito primordial es que los paramilitares no solo propicien el enfrentamiento entre los propios habitantes de las comunidades, sino que hagan las labores más detestables para cuidar la imagen pública del ejército. En este sentido, “los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia”. [10] Algo que quedó demostrado con la masacre de Acteal, Chenalhó, en 1997.

Esto es importante porque si bien la alternancia política iniciada con la llegada de Vicente Fox Quesada al poder presidencial por el PAN y la asunción de Pablo Salazar Mendiguchía a la gubernatura del estado de Chiapas por la alianza política liderada por el PAN y el PRD, amortiguó la presencia y operación militar en las zonas del conflicto armado, ni el gobierno estatal ni federal desarticularon a los grupos paramilitares, mucho menos los llevaron ante la justicia. Aunado a esto, el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el EZLN y el gobierno federal y el consecuente rompimiento de los diálogos de paz en 1997 provocaron que la guerra no llegara a su fin, [11] instalándose un escenario de disputa por el control de la población y del territorio. Un escenario que se agudizó con la “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” declarada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, con la cual cambió la estrategia de seguridad nacional y volvió a sacar a los militares de sus cuarteles para combatir al “enemigo interno”. Estrategia que continuó el Presidente Enrique Peña Nieto y que sigue vigente -con algunos cambios- en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, ni la alternancia política ni la llamada “democratización del país” han logrado regresar a los militares a sus cuarteles, como tampoco han llegado a desarticular a los grupos paramilitares. De manera opuesta, el número de las fuerzas castrenses y las bases y campamentos militares han aumentado en Chiapas, [12] tomando en cuenta la Guardia Nacional, pero también han proliferado los grupos armados de los carteles del narcotráfico, los grupos armados de autodefensa y se han reactivado y transformado varios grupos de paramilitares. Esto ha propiciado que las condiciones de violencia en Chiapas se tornen aún más complejas y que cada vez sea más difícil identificar y separar las acciones de uno u otro grupo, lo que muchas veces ha dado lugar a una perspectiva mediática que genera confusión en la población. Perspectiva que contribuye a la difusión de una imagen de gobernabilidad del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la cual solo beneficia a la estructura del poder estatal y federal enmarcado en la Cuarta Transformación.

Ahora bien, una parte fundamental de la existencia y operación de los grupos paramilitares es la fuente de financiamiento. Al principio, la relación fue directa con el Estado, pero al paso de los años cada gobierno ha buscado la forma de transferirles dinero sin poner en riesgo la imagen del Estado. De acuerdo con denuncias del EZLN, una de estas formas fue financiar el equipo y armamento mediante fondos de la Secretaría de Desarrollo Social y de los partidos políticos. [13]Quizás esto explique que algunos de los integrantes de estos grupos hayan optado por hacer carrera política ocupando cargos municipales o que se hayan adherido a organizaciones sociales y productivas como la CIOAC-H y la ORCAO, las cuales consolidaron sus actividades paramilitares en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) del Partido Verde Ecologista de México.

En este sentido, aunque el gobierno federal ha tratado de deslindarse discursivamente de la vigencia de la política contrainsurgente y de la operación de los grupos paramilitares en Chiapas, llama la atención que los campesinos del municipio de Ocosingo tengan trato especial en el programa Sembrando Vida. Pues, en este municipio los beneficiarios del programa pasaron de 5,641 en febrero de 2019 a 17,485 en febrero de 2022, concentrando el 21% de todos los sembradores distribuidos en los 69 municipios beneficiados en el ámbito estatal. [14] Lo relevante es que es el único municipio de Chiapas donde Sembrando Vida ha abarcado al 92% de las unidades de producción rural registradas en el Censo Agropecuario 2007, [15] cuando en la mayoría de los municipios beneficiados apenas se cubre alrededor del 30% de dichas unidades productivas. Incluso, la mayor parte de los municipios de Los Altos, donde se encuentra una parte de la población más pobre del estado y del país quedaron excluidos de este programa. Peor aún, aunque los ataques paramilitares ocurren también en otros municipios, es en Ocosingo donde “Los Petules” y la ORCAO han intensificado su actividad paramilitar.

Además, se destaca que en septiembre de 2020, una escuela preescolar de la comunidad de El Nacimiento, municipio de Ocosingo, donde habita una parte de “Los Petules”, ganó el cachito de lotería de 20 millones de pesos en la rifa del Avión presidencial. Un año después, la entrega del recurso se convirtió en noticia nacional porque el grupo paramilitar obligó al resto de los habitantes a destinar el dinero para la comprar de armas. De acuerdo con algunos testimonios “los Petules pretenden desalojar con esas armas al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que se encuentran en El Carrizal”, [16] y quienes se opusieron a ello fueron desplazados de la comunidad. Ante estos acontecimientos cabe bien la frase que en algún momento ha repetido el Presidente, “en política no hay casualidades”, por lo que, se debe de voltear la mirada a este problema que persiste en la sociedad mexicana y chiapaneca en particular, y que merece ser atendido directamente por el gobierno federal, pues mientras no se desarticulen los grupos paramilitares y sean llevados ante la justicia, difícilmente se concretizará la llamada Cuarta Transformación, o bien no lo será para todo el pueblo.

(*) Colaborador del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica del Cesmeca. Correo electrónico: pepe_cielo@hotmail.com