Comité Cerezo México
Extrajudicialmente, dos activistas son ejecutados en México cada mespor AldoCanedo
09 de Junio 2023 · 05:00 hs
En México, 334 defensores de derechos humanos han sido ejecutados extrajudicialmente. De diciembre de 2006 a finales de 2022, elementos del Estado mexicano han asesinado a activistas a lo largo del territorio sin justificación legal o judicial alguna.
Cada mes, en promedio, dos defensores de derechos humanos son víctimas de estas ejecuciones, siendo privados de la vida por elementos de seguridad del Estado que dispusieron de su autoridad para cometer homicidio doloso.
La información, recopilada por el Comité Cerezo México y analizada por La Verdad Noticias, expone que en los últimos cuatro años (2019-2022), han sido 78 los defensores de derechos humanos asesinados por parte de elementos del Estado mexicano de forma extrajudicial.
En solo cuatro años, la actual administración ya supera todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el sexenio de Felipe Calderón al frente del país (67).
El concepto ha sido retomado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Asociación Civil Idheas lo define como “la privación arbitraria de la vida a una o más personas por parte de agentes del Estado, o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.
Aunado a los 78 defensores asesinados en el actual mandato gubernamental en México, se suman las 189 personas con la misma vocación que fueron víctimas de homicidio doloso por parte de agentes gubernamentales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el país, el periodo de mayor crisis en este rubro.
La ONU ha puesto especial atención en esta crisis humanitaria e inclusive Christof Heyns, Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, señaló que el progreso ha sido insuficiente en la protección del derecho a la vida en México.
“Las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten (...) Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”, subrayó el experto de derechos humanos en 2016.
A la fecha, siete años después de dichas declaraciones, México registró durante 2022 a 22 defensores de derechos humanos asesinados extrajudicialmente; mientras que en este 2023 los casos continúan saliendo a la luz.
Durante el año pasado, Oaxaca fue la entidad con el mayor número de defensores asesinados de esta forma, con 10 víctimas. Puebla y Michoacán registraron dos ejecuciones de este tipo y Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Baja California tuvieron una víctima. A diferencia de años anteriores, Chiapas no presentó ningún homicidio en este sentido.
El derecho por el que la mayoría de víctimas luchaba era por el territorio, seguido de la vida digna, libertad de expresión, autodeterminación, medio ambiente, integridad personal y protesta, indica el Comité Cerezo México. De ellos, el 84 por ciento eran hombres y el 16 por ciento mujeres.
Entre las víctimas se encontraban personas de etnias y pueblos indígenas como Triqui, Xiche, Zapotecas, Rarámuri, Mixe e inclusive hubo un afromexicano asesinado.
Aunado a esto, indica el informe, los mayores “beneficiados” de la ejecución de estos activistas fueron gobiernos municipales y estatales, seguido de empresas privadas y particulares.
Entre las víctimas del último año están periodistas como Lourdes Maldonado y Roberto Toledo; ecologistas como José Trinidad Baldenegro López o Armando Linares; así como personas de diversas organizaciones.
Gran parte de estas ejecuciones fueron cometidas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando, asegura la organización experta en derechos humanos.
Además de la violencia contra defensores de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales atentan contra civiles. Dicha situación fue revelada en días pasados luego de que saliera a la luz un video donde se muestra a militares de la Sedena disparar contra cinco civiles en febrero de 2023.
En el material audiovisual se visualiza que, además de los asesinatos, los militares alteraron la escena del crimen haciendo parecer que las armas pertenecían a las víctimas en Nuevo Laredo.
Si bien las autoridades no han confirmado las ejecuciones, la organización Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano que la investigación y el esclarecimiento de los hechos garanticen la rendición de cuentas, el acceso a la información y con juicios a los autores identificados en tribunales civiles y sanciones adecuadas a los responsables.
Como este caso, en 2022 una niña llamada Heidi de cinco años de edad murió a balazos por elementos del Ejército que tirotearon el auto donde viajaba su familia.
“Estos hechos no pueden entenderse de forma aislada, sino que reflejan los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos 16 años en México al realizar funciones de seguridad pública que le corresponden a autoridades civiles”, reclama Amnistía Internacional.