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Se quiebra el blindaje del Ejército en casos de desaparición forzada

Lunes 8 de mayo de 2023, por Comité Cerezo México

El plan de búsqueda en cuarteles apenas será definido por la comisión especial que se creó en noviembre de 2022. Este grupo de trabajo está encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y también forman parte la Secretaría de Gobernación (Segob), la Sedena, la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Comité Cerezo como organización acompañante.

Han declarado 11 militares a unos meses de la sentencia histórica de la SCJN en el caso de la desaparición forzada de integrantes del EPR.

Alexis Ortiz | 8 mayo, 2023 | Tiempo de lectura: 14 min

Edmundo Reyes y Gabriel Cruz llevan más de 15 años desaparecidos y su caso aún es un misterio. No se conoce la forma exacta en que ocurrió este crimen, pero los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y el Poder Judicial señalan al Ejército y a autoridades de Oaxaca como las presuntas responsables de esta desaparición forzada.

Días después del 24 de mayo de 2007, fecha en la que se piensa pudo haber ocurrido la desaparición, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) informó que Edmundo y Gabriel eran dos de sus integrantes y exigieron su presentación con vida. Esta organización guerrillera, surgida en 1996, apuntó que ambos fueron detenidos de forma arbitraria en las inmediaciones del Hotel del Árbol, en Oaxaca capital.

Nadin, hija de Edmundo y residente de la Ciudad de México, sospechaba que algo estaba mal con su padre porque no le contestaba el teléfono. Un par de días antes del 24 de mayo, su papá salió rumbo a Oaxaca para ir a visitar a su familia y nadie sabía de él.

La joven, que entonces tenía 25 años, se enteró de la desaparición de Edmundo por los medios de comunicación. Enseguida tomó sus cosas y viajó a Oaxaca para acudir a la Procuraduría General de Justicia del estado, a cargo de Evencio Nicolás Martínez, pero esa institución se negó a abrir una investigación con el argumento de que el caso “no era de su competencia”.

Tras el rechazo, Nadin volvió a la Ciudad de México y fue a la Procuraduría General de la República (PGR), donde sí comenzaron una investigación, pero por el delito de secuestro. “En ese momento todos los delitos los levantaban por privación ilegal de la libertad”, recuerda. “Fue hasta dos o tres años después que estuvimos insistiendo y ya reclasifican el delito por desaparición forzada”.

A más de 15 años de la desaparición forzada de su padre, Nadin considera que sigue en pie de lucha por el apoyo de su familia y de organizaciones sociales que la acompañaron desde un principio. “Todo lo hemos hecho con nuestros propios recursos, con nuestros propios abogados y con asociaciones civiles independientes. En ningún momento recibimos la ayuda de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la (entonces) PGR”, dice.

Ella considera que su papá fue desaparecido por su activismo político. Edmundo, quien tenía 55 años cuando fue víctima, formó parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y luego del EPR. Su compañero Gabriel Cruz siguió los mismos pasos en el activismo, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó que él había sido vigilado desde 1970 por la extinta Dirección Federal de Seguridad.

La CNDH dejó esto asentado en su Recomendación 07/2009. Con este informe la comisión confirmó el operativo del Ejército y la policía de Oaxaca del 24 de mayo de 2007 en el Hotel del Árbol, al mismo tiempo que acusó a estas instituciones de cometer el delito de desaparición forzada.

“Los servidores públicos que participaron en el operativo, muy probablemente actualizaron los supuestos previstos en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, señaló la CNDH.

‘No me acuerdo’, ‘no sé’, ‘yo no estuve’, las respuestas de elementos Ejército

La PGR paralizó por 12 años la investigación de la desaparición de Edmundo y Gabriel. Fue hasta el 2019 que esta institución, ya transformada en la FGR, capturó y vinculó a proceso a siete expolicías de Oaxaca presuntamente implicados en el caso.

Además, la Fiscalía tiene pendiente de capturar a Pedro Hernández Hernández, quien fue comandante de la Policía Judicial de Oaxaca, y Evencio Nicolás Martínez, exprocurador de Justicia de Oaxaca en el gobierno de Ulises Ruíz Ortiz (2004-2010). Ambos son acusados de la desaparición forzada.

Las detenciones se llevaron a cabo justo el mismo año que una jueza de distrito resolvió un amparo en favor de las familias de Edmundo y Gabriel. Entre otras cosas, en su resolución, la impartidora de justicia ordenó a la FGR crear una comisión especial de búsqueda y pidió al Ejército abrir sus cuarteles para buscar a las víctimas.

La Fiscalía y el Ejército impugnaron la resolución de la jueza de distrito, quien consideró que había elementos suficientes para pensar que la desaparición forzada sí ocurrió. Ante esta situación, un Tribunal Colegiado pidió a la Suprema Corte que atrajera el asunto para dictar una sentencia definitiva, la cual fue emitida el 10 de agosto de 2022 en favor de las familias de Edmundo y Gabriel.

La Corte confirmó la sentencia de la jueza de distrito y también ordenó a la FGR llamar a declarar a los militares que estaban destacamento en Oaxaca y que tenían el más alto rango en el momento en el que ocurrió la desaparición forzada.

Pese a la sentencia de la Suprema Corte, Nadin, su abogado y una organización social que acompaña el caso acusan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha resistido a que sus elementos sean investigados.

“Nosotros vemos que hay un manto de impunidad para el Ejército. No hay en el país ni un solo sentenciado por las cientos de desapariciones forzadas en las que han participado los militares”, critica Nadin. “No ha habido una sanción ejemplar en su contra y eso los hace sabedores de que pueden hacer todo a su antojo sin que reciban un castigo”.

El inicio de las comparecencias de los militares ante la FGR se tenía previsto para febrero de 2023, pero la Sedena se oponía a que sus elementos declararan en las instalaciones de la Fiscalía. La institución quería que lo hicieran en los cuarteles del Ejército.

Nadin y sus abogados tuvieron que recurrir de nuevo ante una jueza para que obligara a la Sedena a cumplir con la sentencia de la Corte. Esto provocó que las declaraciones de los militares se empezaran a desahogar hasta el pasado 17 de abril.

Héctor Cerezo, coordinador del Área de Acompañamiento del Comité Cerezo, una organización social que ha seguido de cerca el caso de Edmundo y Gabriel, critica que la colaboración del Ejército para conocer lo ocurrido ha sido “a cuenta gotas”.

“Esto es positivo porque es la primera vez que van a comparecer los militares, pero es negativo porque hasta ahora la mayoría solo ha dicho: ‘no me acuerdo’, ‘no sé’, ‘yo no estuve’. Ahorita todo el mundo se excusa en que ya pasó mucho tiempo y no se acuerdan de nada”, cuestiona Cerezo.

Sandino Rivero, el abogado que lleva el caso, también añade: “Cuando a los generales les preguntan qué cargo tenían en el 2007 y cuándo les dieron ese cargo, se acuerdan de la fecha exacta y dónde estaban destacamentados. Pero, por ejemplo, no se acuerdan de quién era el secretario de la Defensa Nacional en ese momento. Eso es ilógico”.

Por ahora son 11 militares los que han declarado ante la FGR. Todos ellos ahora tienen el rango de General y hace 16 años estaban activos en el estado de Oaxaca, donde habría ocurrido la desaparición forzada. Las familias de las víctimas tienen la expectativa de que puedan ser hasta 30 o 40 integrantes del Ejército los que acudan a la Fiscalía.

La exigencia de Nadin Reyes es que las investigaciones por la desaparición de su padre lleguen hasta Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional entre el 2006 y 2012.

El plan de búsqueda en cuarteles apenas será definido por la comisión especial que se creó en noviembre de 2022. Este grupo de trabajo está encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y también forman parte la Secretaría de Gobernación (Segob), la Sedena, la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Comité Cerezo como organización acompañante.

La 28 Zona Militar de Santa María Ixcotel, Oaxaca, y el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México, son los sitios de mayor interés que Nadin quisiera visitar, debido a que la CNDH encontró un testimonio de una persona que aseguró que Edmundo y Gabriel estuvieron en esos espacios luego de haber sido detenidos arbitrariamente.
Romper el blindaje de los cuarteles

La resistencia del Ejército para que se investigue a sus integrantes no es nueva. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusa a la Sedena de no entregar documentos clave para saber qué ocurrió con los jóvenes y quiénes fueron los responsables de este hecho ocurrido en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y presiones de los padres de los 43 normalistas, el Ejército aceptó que las familias de las víctimas entraran al 27 Batallón de Infantería para buscar algún rastro de los jóvenes. Sin embargo, el año pasado se filtraron algunos correos electrónicos de la Sedena y en uno de los archivos se observa cómo un general recomendaba modificar las instalaciones del batallón para ocultar cualquier evidencia del crimen.

En su sentencia, la Suprema Corte ordenó al Ejército abrir sus cuarteles para buscar a Edmundo y Gabriel, pero especialistas en derechos humanos opinan que esta resolución del máximo tribunal podría ser utilizado en otros casos de desaparición forzada, como el de Ayotzinapa, para obligar a las Fuerzas Armadas a abrir ampliamente sus instalaciones.

“Las autoridades con competencia para realizar acciones de búsqueda deben contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares”,

Sentencia de la SCJN

La Corte retomó los “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas” del Comité contra la Desaparición Forzada.

Liliana López López, docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), celebra esta determinación del máximo tribunal que podría servir para avanzar en las investigaciones de desapariciones forzadas.

“En otras ocasiones para ingresar a algún espacio se requería la orden de un juez y eso implicaba un trámite adicional dentro de un proceso penal. En esta ocasión, con este estándar, no se necesita necesariamente una orden de un juez. Si la autoridad tiene indicios, si tiene pistas de que la persona puede estar ahí puede acudir”, resalta

Si bien las autoridades ya podrían ingresar a cuarteles militares sin previo aviso, López López señala que ahora el reto está en implementar esta medida: “El truco va a estar en cómo las autoridades harán esto de verdad efectivo, qué tanto en realidad van a hacer uso de ello. Y, por otra parte, habrá que ver cuál va a ser la respuesta del Ejército”.

Mecanismos para agilizar la búsqueda de desaparecidos

La sentencia de la Suprema Corte no solo podría ayudar a abrir los cuarteles del Ejército. Los expertos también destacan que, luego de esta resolución, las familias de las víctimas de desaparición forzada pueden tramitar un amparo para que un juez ordene a las fiscalías agilizar las labores de búsqueda, sin necesidad de que los familiares tengan pruebas científicas o contundentes para responsabilizar del crimen a alguna autoridad.

“No tienen que ser pruebas científicas que generen una certeza a profundidad o numerosos testimonios que acrediten un mismo hecho. Simplemente si una persona ve que se llevan a otra en una camioneta de la Sedena o si personas bajan de un vehículo y dicen que son del Ejército, esas declaraciones son relevantes para poder establecer la posible participación de agentes del Estado”, explica César Contreras, abogado colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Contreras considera un gran avance que los jueces puedan determinar que una persona fue víctima de desaparición forzada con este estándar probatorio atenuado, pues las fiscalías suelen reaccionar de forma lenta a las denuncias por este delito.

“Las fiscalías se encuentran rebasadas en todo el país en materia de desaparición y también existe una falta de voluntad de iniciar investigaciones diligentes desde el primer momento de la denuncia”, cuestiona el abogado del Centro Prodh. “Lo que hemos visto también es que muchas fiscalías tienen temor a investigar las desapariciones como desapariciones forzadas por la participación de agentes del Estado”.

Otro precedente que marcó la sentencia de la Suprema Corte es la posibilidad de crear comisiones especiales de búsqueda para casos concretos. Esto ya se había hecho en 2021, gracias a la sentencia de un Tribunal Colegiado del estado de Jalisco, que ordenó crear un grupo de este tipo para encontrar a Dalila Cruz y Luis Enciso, desaparecidos desde el 30 de septiembre de 2010.

El equipo jurídico del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (Cepad), que interpuso el amparo que concluyó con esta sentencia, explicó a La-Lista que la resolución en Jalisco tiene argumentos similares a los desarrollados por la jueza de distrito que analizó el caso de Edmundo y Gabriel en 2019, los mismos argumentos que en 2022 fueron ratificados por la Suprema Corte.

‘Falta que nos digan qué fue lo que pasó’, hija de Edmundo

La sentencia de la Suprema Corte no solo dictó precedentes relativos a la búsqueda de personas desaparecidas, sino también a la reparación integral del daño para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como pueden ser la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

A partir de la resolución de la SCJN, los jueces pueden ordenar a las autoridades que reparen integralmente el daño a las víctimas directas de graves violaciones a derechos humanos y a sus familiares, sin la necesidad de que haya una sentencia condenatoria contra un responsable por el caso.

Nadin comparte que luego de la sentencia de la Corte la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se acercó a ella para cumplir con la reparación del daño por la desaparición de su padre y todo lo que esto ha implicado para su vida personal.

Cuando su padre desapareció, Nadin tenía 25 años. En ese momento era profesora de preescolar, pero tuvo que dejar su trabajo para buscar a Edmundo. Así lo hizo durante 10 años, sobreviviendo gracias al apoyo de su familia y amigos, hasta que decidió volver a trabajar para tener dinero y seguir con sus búsquedas.

“Nuestras vidas cambiaron radicalmente”, expresa Nadin. “Ahora por necesidad tuve que volver a trabajar, para tener recursos para seguir en la lucha, y sigo combinando mi trabajo con la búsqueda de mi padre.

Nadin relata que a raíz de la desaparición de su papá ella y su familia han sufrido momentos de depresión y ansiedad, un ejemplo de cómo las desapariciones forzadas afectan no solo a la víctima, sino a su círculo cercano.

Ella y las organizaciones que la han acompañado también han denunciado públicamente actos de persecución y hostigamiento. En 2022, previo a la sentencia de la SCJN, Nadin y algunas asociaciones instalaron un plantón frente a la Corte y frecuentemente llegaban personas a tomarles fotos o querer hablar con ellos con el argumento de que eran periodistas, pero no tenían una identificación para acreditarlo.

“En un inicio fue más fuerte porque hubo mucha persecución en contra de mi familia, de mis abuelos, de los hermanos de mi papá, de la familia del señor Gabriel, sobre todo hostigamiento para que dejáramos de denunciar”, recuerda Nadin.

Ella confía en que la resolución de la Corte ayude a encontrar a su padre, pero aún así aprovecha para lanzar un mensaje al gobierno federal para que la resolución del tribunal no quede en letra muerta.

“Estamos cansados de que solamente se diga en el discurso que este gobierno es diferente”, advierte Nadin. “Falta que nos digan qué fue lo que pasó, en dónde están. Solamente así podremos decir que este gobierno es diferente”.


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