Presos políticos en México La Jornada - Editorial

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Este fin de semana, el juez primero penal de Toluca, estado de México, José Blas Hernández, sentenció a Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), a 67 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro equiparado, por la retención de varios funcionarios, en febrero y abril de 2006. Este fallo, contrario a derecho, resultado de un juicio repleto de irregularidades, revela una de las caras de la brutal represión lanzada en los años recientes por las autoridades contra los movimientos sociales del país. Confirma la existencia de presos políticos en territorio nacional y ratifica que el Estado mexicano es discrecional en la aplicación de la justicia: a unos se les castiga severamente en tanto a otros se les achaca sólo faltas administrativas, como a los policías acusados de uso excesivo de la fuerza, tortura y violación contra pobladores de San Salvador Atenco en mayo del año pasado.

Se trata de una sentencia desproporcionada de origen. El Código Penal del Estado de México equipara al secuestro la acción de quien "detenga en calidad de rehén a una persona para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza; en tal caso se impondrán las penas señaladas" en el artículo 259, "de 30 a 60 años de prisión y de 700 a 5 mil días de multa". Es decir que, en este contexto, los delitos cometidos por El Mochaorejas son similares a las acciones efectuadas por activistas. Este caso muestra, además, la falta de canales institucionales para atender reivindicaciones sociales.

Desafortunadamente, lo sucedido en el caso Atenco no es una excepción. La criminalización de las luchas sociales es un hecho no sólo por la creación de leyes tramposas sino por prácticas viciadas como el invento de cargos, conductas aberrantes de parte de policías y autoridades, represión selectiva contra activistas y afectación a ciudadanos que nada tenían que ver con protestas. Esto último es más frecuente de lo que se percibe.

De hecho, sucede con mucha frecuencia que alguna movilización social termine con detenidos, heridos y torturados. De acuerdo con activistas y analistas, las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y Jalisco. En Yucatán se ha detenido a 40 jóvenes sólo en este año. En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, algunas con secuelas físicas por la represión de las fuerzas del Estado. La otra campaña ha encontrado en su recorrido por el país decenas de presos políticos.

La represión estatal en el México de hoy nos remite a la época de la guerra sucia -en los años 60 y 70-, cuando se acabó prácticamente con los movimientos sociales surgidos en ese tiempo. Las víctimas del brazo autoritario del poder, entonces, eran militantes de izquierda, obreros, campesinos, intelectuales, académicos o simples ciudadanos hartos del asfixiante e injusto sistema político.

Este mismo patrón de conducta ha sido retomado por las administraciones panistas. Según el Comité Cerezo, Vicente Fox dejó a Felipe Calderón una herencia de más de 400 presos políticos. Pero lo peor, señala dicha organización civil, es que la cifra se ha incrementado en los cinco meses de esta administración federal a causa de la represión de movimientos sociales. El número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles no vistos desde hace tres décadas. Aunque no existen cifras exactas del número de detenidos por motivos políticos en México, el Comité Cerezo considera que al menos 500 personas estarían en tal caso.

Ante este panorama, es urgente exigir a las autoridades que den certidumbre al estado de derecho y dejen de hostigar a los movimientos sociales que, después de todo, lo que quieren es construir un México mejor, sin injusticias, sin corrupción ni impunidad y con oportunidades de desarrollo para todos. Para ello, el papel de los medios de comunicación es vital, así como la perseverancia de la asediada sociedad civil organizada.

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