Abril 06, 2019 | Por Norma Trujillo Báez
En lo que va del sexenio, ya suman 15 personas defensoras de derechos humanos, entre ellos Abiram Hernández, y periodistas asesinadas. Veracruz también ocupa el primer lugar en agresiones contra periodistas con 57 casos, señalaron organizaciones del país, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En el documento entregado a Michelle Bachelet, se sostiene que "es necesario reconocer que algunos de los retos a los que se enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son problemáticas heredadas. Dentro de éstas, destacan: la casi absoluta impunidad, como eje transversal que permea todo el contexto mexicano; la generalizada crisis de derechos humanos que permanece pese al cambio de gobierno y que ha sido diagnosticada de manera repetida por organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, por instancias de las Naciones Unidas e incluso admitida por las propias autoridades; y las fallas en el sistema democrático, que pueden cambiar de forma pero no de fondo.
Los representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión puntualizaron que hay consternación que desde la Presidencia de la República se han adoptado posturas y decisiones que se alejan de los principios democráticos y dejan ver respuestas autoritarias ante cualquier crítica o cuestionamiento. Así se manifiesta con la reciente aprobación de la Guardia Nacional pese al despliegue de explicaciones técnicas y políticas por parte de expertos y sociedad civil organizada y de la propia representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.
En nuestro país, la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es de especial vulnerabilidad, puesto que la violencia generalizada, sumada a la violencia política a causa de su labor, las ha colocado en una compleja situación de riesgo. Se enfrentan a intimidación, desprestigio, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y digitales, criminalización, desplazamiento, detenciones arbitrarias, judicialización, tortura, asesinato, campañas de desprestigio, entre otras agresiones. Estos ataques provienen principalmente de funcionarios públicos, y en segundo orden, de particulares, principalmente empresas de megaproyectos y crimen organizado.
Se trata de una problemática heredada de etapas anteriores. Un ejemplo muy claro de ello es la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos. Tan sólo en el pasado sexenio, independientemente de la metodología utilizada, la sociedad civil mexicana reportó en promedio cerca de 30 asesinatos anuales de personas defensoras. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) reportó 161 personas Defensoras de Derechos Humanos, mientras que el Comité Cerezo México documentó 184 personas defensoras de derechos humanos ejecutadas extrajudicialmente, es decir donde el perpetrador fue un agente de Estado.
La oficina de la ONU en México hizo un recuento según su propia metodología ante el asesinato del defensor de derechos humanos Abiram Hernández Fernández, ocurrido en su domicilio de la ciudad de Xalapa, Veracruz, el pasado 29 de marzo. Se informó que según la ONUDH se trata del noveno registrado en 2019 por la ONU-DH de un defensor de derechos humanos, que se añaden a los 13 registrados por esta oficina en 2018. En lo que va del actual sexenio suman ya 15 personas defensoras y periodistas asesinadas, de las cuales dos eran beneficiarias del actual Mecanismo de Protección. El porcentaje de impunidad en estos asesinatos permanece en el 99 por ciento.