Por La Redacción , 11 febrero, 2019 Nacional
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadoras de estancias subrogadas de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar) denunciaron irregularidades en la operación de esos centros de cuidado infantil, además de malos tratos hacia ellas y los menores, y condiciones de trabajo muy precarias.
Las “maestras en resistencia” afirmaron estar de acuerdo con el “alto al huachicoleo de los niños” en las estancias infantiles, pero también exigieron al Estado alternativas de trabajo digno y bien remunerado.
“Pedimos que, conforme al eslogan de ‘primero los pobres’ se nos apoye para la creación de una cooperativa con padres de familia para mejorar el cuidado y educación de los menores de cuatro años; se nos facilite espacios adecuados para poner una estancia modelo, o que nos contraten en las estancias públicas con un salario digno y bien remunerado”, recalcaron.
El Comité Cerezo recolectó los dichos de exempleadas de la estancia infantil “Manolito”, quienes refirieron que trabajaban 50 horas por semana, sin descanso ni alimentación, haciendo labores que no les correspondían y sin ningún tipo de prestación, con un salario de mil 200 pesos a la quincena.
Su salario –detallaron– incluía sólo los días trabajados, sin contar fines de semana ni tiempos extras, y labores de limpieza y cocina por falta de personal, así como actividades adicionales, con temáticas y festividades. Además, cubrían los gastos para sus uniformes, credenciales y el material didáctico de los niños, por lo que terminaban recibiendo la mitad de su salario.
No sólo eso, también recibían tratos indignos por parte de la encargada de la estancia, como gritos, humillaciones y privación de sus sueldos, ya que al no contar con seguridad social les descontaban el doble cuando faltaban por enfermedad, y un peso por minuto de retraso a la hora de llegada.
Las empleadas comentaron que por esas situaciones saltaban de un lugar a otro, buscando mejores condiciones de trabajo, pero en todos lados era igual o incluso peor.
De acuerdo con las trabajadoras del centro infantil, entre más niños beneficiados tuviera la estancia, la dueña ganaba más, por lo que existía corrupción en el registro de asistencia de los menores, pues muchos de los que ya no acudían continuaban en la lista.
Señalaron que había salones hasta con 13 infantes, pero en vísperas de la supervisión, a cargo del DIF y la Sedesol, pasaban a ser ocho. El personal de esas dependencias generalmente iba a la estancia sólo a desayunar, por lo que no reportaban anomalías, abundaron.
Sin embargo, para cumplir con las reglas de supervisión, cuando se hacía en serio los niños próximos a cumplir cuatro años eran cambiados al salón donde se atendía al grupo de preescolar 2 y 3, que no eran sujetos a inspección.
Otra de las anomalías era el nepotismo, pues en la nómina había familiares de la encargada, quienes cobraban el doble de lo que percibían las maestras, por abrir la puerta o dar mantenimiento, pero no se presentaban. “Digamos que eran como ‘aviadores’”, destacaron.
Las empleadas aseguraron que han trabajado en otras estancias subrogadas y, por su experiencia, los casos antes descritos se pueden generalizar en los otros centros infantiles.
El cuidado de los pequeños
Aunque las trabajadoras cuentan con estudios de pedagogía o con carreras técnicas, manifestaron que faltaba planeación en las actividades para estimular a los pequeños y contribuir así a su desarrollo, ya que no recibían ningún tipo de capacitación en ese sentido.
De igual manera, comentaron que el servicio de alimentación ofrecido por la estancia no correspondía a un menú balanceado, ni en porciones, ni en alimentos. Y mencionaron que a veces debían agregar más agua a los frijoles y la leche para que fueran suficientes, sin la posibilidad de que los pequeños pudieran repetir.
Incluso los desayunos otorgados por el DIF y gestionados por la dueña se quedaban almacenados durante meses y luego eran ofrecidos a los niños, a pesar de estar caducos, sin considerar el daño a su salud. Y los baños no contaban con mobiliario adecuado y suficiente para todos los infantes y carecían de mantenimiento.
No sólo eso, también se obligaba a los padres a comprar libros y uniformes para sus hijos, y debían adquirir una lista de material para todo el año que incluía rollos de papel higiénico, sanitas, trapos, manteles, jabón, desinfectante, servilletas y pañuelos, entre otros.
La estancia en la que trabajaban –subrayaron– otorgaba certificados de educación preescolar a los niños que excedían la edad para participar en el programa, pero lo hacía a través de otra escuela y con un costo adicional.
Por todo ello, consideraron necesario dar a conocer su testimonio para evidenciar las irregularidades en las que operan esas estancias, ya que no sólo traen afectaciones a los niños, todos menores de cuatro años, sino que violan los derechos humanos de las trabajadoras y también de los padres de familia.