#mexicoespia a personas defensoras y periodistas

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

El Comité Cerezo ha desarrollado una consistente explicación de por qué las personas defensoras de derechos humanos somos consideradas “enemigas internas” del Estado. Con el espionaje y la respuesta presidencial, el Gobierno Federal está demostrando la hipótesis: quienes critican son enemigos del Estado y no sólo se permite monitorear sus comunicaciones, sino se les amenaza con “aplicar el peso de la Ley”.

25 JUNIO, 2017 POR: RAYMUNDO SANDOVAL

El 19 de junio el periódico norteamericano The New York Times, publicó la investigación “Somos los nuevos enemigos del Estado: espionaje a activistas y periodistas en México”, al mismo tiempo que se presentaba el informe “#gobiernoespia: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México” elaborado por Artículo 19, socialtic, la red3d con el apoyo de Citizenlab, un proyecto interdisciplinario de la Universidad de Toronto.

En ambos documentos se presenta información sobre la vigilancia ilegal a las telecomunicaciones que el Gobierno Federal ha realizado al menos a 12 personas, entre activistas de derechos humanos y periodistas de investigación, agrupados en 5 casos: Aristegui Noticias, Mexicanos contra la Corrupción, el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), el periodista Carlos Loret de Mola y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Por Juárez” AC (Prodh).
Mucho se ha escrito del informe, de sus efectos y de la respuesta del Gobierno Federal, en esta columna de opinión trato de vincular el fenómeno con la percepción de las personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato y los ataques cibernéticos a periodistas, a través de 5 postales de análisis:

1. No sólo Pegasus

#mexicoespia describe la vigilancia realizada a través de un malware producido por la empresa israelí “NSO group” a gobiernos. Pero ello no significa que sea el único sistema de espionaje que pueda utilizarse para intervenir las comunicaciones, así que es importante ubicar otras formas menos sofisticadas con las que las instituciones públicas o los particulares pueden espiar a organizaciones y periodistas críticos.

2. Nuestra agenda es pública

Mario Patrón, el director del Prodh señaló en la conferencia de prensa que la agenda de trabajo de su organización es pública: la defensa de casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos (Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa, entre otros). Lo mismo sucede en Guanajuato: las organizaciones de derechos humanos con perspectiva de exigibilidad, tenemos una agenda de incidencia en lo público que no es oculta para nadie, pero tratándose de información personal sobre los casos que atendemos, las estrategias de defensa e incluso nuestras metodologías de trabajo, tenemos el derecho a mantenerlo privado si así lo decidimos.

3. Político es incidir en lo público

Quién no recuerda las declaraciones de 2014 del entonces diputado local integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local, Daniel Campos, que señaló que las organizaciones de derechos de las mujeres “tenían una agenda política”, tratando de descalificar su trabajo. “Defender los derechos de las mujeres es político” respondieron Las Libres.

Es decir, las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos planteamos un horizonte de cambio institucional donde las políticas públicas sean diseñadas con enfoque de derechos humanos: obligaciones estatales, estándares internacionales, principio propersona, perspectiva de género y reconocimiento de los sujetos de derechos entre otros.

4. Enemigos del Estado

El Comité Cerezo ha desarrollado una consistente explicación de por qué las personas defensoras de derechos humanos somos consideradas “enemigas internas” del Estado. Con el espionaje y la respuesta presidencial, el Gobierno Federal está demostrando la hipótesis: quienes critican son enemigos del Estado y no sólo se permite monitorear sus comunicaciones, sino se les amenaza con “aplicar el peso de la Ley”.

5. Ataques tecnológicos

Artículo 19 ha documentado aumento en las agresiones cibernéticas contra periodistas en los últimos 2 años, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016 exhortó a respetar los derechos humanos en internet. En Guanajuato en enero de 2016, el diario digital “El otro enfoque” reportó que su página electrónica había sido hackeada, justo cuando informaban sobre el caso de Karla Silva. Incluso otros ataques cibernéticos a portales de otros medios y de organizaciones no han sido denunciados ante las autoridades por falta de confianza en ellas. En este rubro, se incluiría la utilización de bots o trolls, como en el caso denunciado estos días donde Martín Diego, encargado de comunicación social del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, solicitó licencia al ser acusado de utilizar cuantas anónimas en tuiter para atacar periodistas.

En conclusión, la intervención en las comunicaciones es ilegal, desproporcionada, no persigue un fin legítimo y no cuenta con una decisión judicial por lo que debe detenerse. Este espionaje puede limitar la libertad de expresión al generar autocensura y demuestra que las instituciones no pueden investigarse a sí mismas.

Si bien Guanajuato no está en la lista de Gobiernos Estatales que han firmado contratos con empresas internacionales que proveen estos servicios, si es importante estar al pendiente de que una arena en la que se pueden presentar ataques a la libertad de expresión en la entidad es también la tecnológica.

Ver en línea : #mexicoespia a personas defensoras y periodistas

Navegar por las

AgendaTous les événements

Soutenir par un don