Con Peña Nieto, se dispara violencia contra activistas y luchadoras sociales

REPRESIÓN A MUJERES ACTIVISTAS

Con Peña Nieto, se dispara violencia contra activistas y luchadoras sociales
Tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto marcados por agresiones, asesinatos y violaciones a los derechos humanos de las mujeres, particularmente contra activistas y luchadoras sociales.

Ameyali Amador

En el informe “Defender los Derechos Humanos en México: La represión política, una práctica generalizada”, se alerta sobre el incremento de casos de violencia de Estado, contra de activistas y luchadoras sociales en el gobierno de Peña Nieto.

De acuerdo con el Comité Cerezo México, de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 448 casos de violencia y amenazas contra personas y organizaciones, de las cuales 78 son mujeres. Esto representa una política sistemática del Estado, enfocada al hostigamiento y persecución de luchadores sociales y que ha superado las cifras del horror registradas durante el gobierno de Felipe Calderón.

La represión y hostigamiento contra las y los luchadores sociales tiene como objetivo, contener el descontento social y desarticular cualquier tipo de organización por parte de trabajadores, campesinos o jóvenes. Pero la violencia de Estado se ejerce con mucho más saña cuando se trata de mujeres, para quienes se utiliza la tortura y violencia sexual como castigo ejemplar, al tiempo que se envía un mensaje de terror y disciplinamiento político para la población en general.

Impera la impunidad
La impunidad es parte fundamental de la violencia del Estado capitalista y sus fuerzas represivas, que constantemente son evidenciadas en los medios independientes de comunicación, por su participación en actos de tortura, desaparición forzada, feminicidios, encarcelamientos y asesinatos por motivos políticos. El gobierno no solo forma parte de esta violencia institucional, si no que dedica recursos humanos y económicos para el perfeccionamiento de técnicas de violencia directa, espionaje, agresiones y ataques contra luchadores sociales y que son el pan de cada día para miles de personas en todo el país.

Son muchos los casos documentados, en donde quedó evidenciada la participación del Estado en la violación a los derechos humanos, así como el asesinato de luchadoras y luchadores sociales. Marisela Escobedo y Susana Chávez, Atenco, 1DMx y recientemente el asesinato de la activista Nadia Vera, son la demostración de los métodos del Estado para desaparecer, violar y hasta asesinar la crítica y disidencia política, con tal de avanzar en los planes de pobreza y miseria.

A esta lista se suman los atropellos contra mujeres que además de ser luchadoras sociales, son trabajadoras. Casos como el de las jornaleras del Valle de San Quintín, que demandan no sólo mejores condiciones laborales, sino el alto al acoso y hostigamiento sexual por parte de sus patrones, por lo que fueron reprimidas por la policía y el ejército en Baja California.

Se ha denunciado que las autoridades ejercen una represión política constante, que va desde detenciones arbitrarias y tortura, hasta ejecuciones. Esta es la violencia que propicia el Estado para implementar el terror y obligar a luchadores sociales a no levantar la voz, ni reclamar sus derechos arrebatados, desprestigiando movimientos de exigencia social y propiciando la organización de derrotas para la clase trabajadora.