La salomónica liberación de Alejandro Cerezo. Se fabrican culpables con acusación mediática

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Los datos duros

La salomónica liberación de Alejandro Cerezo. Se fabrican culpables con acusación mediática

JOSÉ REVELES

Cometieron, según la autoridad, los mismos delitos: haber colocado explosivos en tres sucursales de Banamex en la ciudad de México en agosto del 2001. Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal de Toluca decidió dejar libre al joven Alejandro Cerezo Contreras y mantener tras las rejas a sus hermanos Héctor y Antonio.

“Me parece una decisión más política que jurídica”, me comenta sin rodeos la abogada Bárbara Zamora.

Junto con Pablo Alvarado, los tres Cerezo fueron acusados de haber hecho estallar los petardos y ser presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). Ellos han negado en estos tres años y medio ser guerrilleros, pero además sería absurdo que pertenecieran a esa escisión armada del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en cuya fundación y activismo aparecen -ellos sí, públicamente y desde hace muchos años- sus propios padres.

Tras el asesinato de Arturo “El Pollo” Guzmán Loera en diciembre, las cárceles de supuesta máxima seguridad se le salieron de control a la autoridad, la cual ordenó reacomodar a reos que considera de alta peligrosidad.

Entre narcotraficantes y secuestradores (Rafael Caro Quintero, Miguel Angel Caro, Daniel Arizmendi López y otros) fueron transferidos Héctor y Antonio a Puente Grande, Jalisco, y Matamoros, Tamaulipas respectivamente, con lo cual quedó cada uno de los tres hermanos en los tres únicos penales de alta seguridad del país.

Para justificar esta separación de los considerados presos políticos o de conciencia, se acusó a los hermanos Cerezo de “asesorar” a capos del narcotráfico para organizar actos de protesta y movilizaciones de familiares.

El colmo fue que, al afirmar que había un “consejo” de reclusos para desestabilizar a las prisiones, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos dijo a los medios que en ese “consejo”, además de Héctor y Antonio, “también operaban los hermanos Francisco y Alejandro Cerezo Contreras, quienes de acuerdo con los reportes de la SIEDO eran los encargados de diseñar un Caracol (estilo zapatista) y la ‘resistencia’ para crear un autogobierno en ese centro penitenciario” (La Palma).

A esto respondió Francisco que él nunca ha sido preso y ni siquiera detenido, pero además no hay pruebas de que sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio se hayan reunido y coordinado alguna vez en tres años y medio; siempre estuvieron en módulos separados.

“Lo mas absurdo es que el titular de la SIEDO trate de atribuirme poderes sobrenaturales para trasmutarme en alguno de mis hermanos en prisión o atribuirme el poder de la ubicuidad para participar en ese dizque consejo”, escribió Francisco hace unas semanas, cuando se dio el ilegal traslado de sus hermanos a otros “penales de exterminio”.

Acusados de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, almacenamiento de explosivos y posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, terrorismo, asociación delictuosa, almacenamiento de armas y cartuchos, tres de los Cerezo (están libres Francisco y Emiliana y participan muy activamente en la defensa de los suyos) fueron condenados a 13 años de prisión.

Tras una apelación, a los Cerezo se les redujo la sentencia a 7 años con 5 meses y a Pablo Alvarado a 5 años. Otra vez recurrieron al amparo, que sólo se le concedió a Alejandro este fin de semana. Eso de que auxiliaban a los capos fue sólo un recurso mediático, pues no hay imputación formal de la PGR o la SSP federal contra ellos.

Es una forma de fabricación de culpables. Los Cerezo estiman que en México se agotaron las instancias para obtener justicia. “Sólo nos queda el camino de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, comentó su abogada Zamora.

A Héctor y Antonio se les negó el amparo y se les mantuvo en prisión “para no contradecir o desvirtuar las declaraciones de la PGR de que ellos estaban a la cabeza de la desestabilización de La Palma y que por eso fueron reubicados”.

Son rehenes del gobierno, concluyó. Desde un principio hubo consigna para declararlos culpables de algo que no hicieron.

“Se trató de una acusación prefabricada. Se les sembraron armas, municiones y explosivos. En los interrogatorios de la defensa, los policías que los detuvieron cayeron en contradicciones y ni siquiera vieron las armas, pero ni el ministerio público dio fe de haberlas tenido a la vista”, recuerda Zamora.

Ver en línea : Noticias de Oaxaca, Los datos duros

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