Remiten a La Palma a presuntos miembros de las FARP

¤ Serán sometidos a exámenes para determinar si fueron torturados en el arraigo

Remiten a La Palma a presuntos miembros de las FARP

GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL DAVILA

Los cinco presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) detenidos el lunes fueron consignados ante el juzgado tercero de distrito con sede en Toluca, e ingresados al penal federal de La Palma, en Almoloya de Juárez, acusados de terrorismo, daños en propiedad ajena, delincuencia organizada, almacenamiento y transformación de artificios explosivos y posesión de armas y cartuchos.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que ’’la consignación fue motivada debido a que dichas personas fueron vinculadas a las explosiones ocurridas en diversas sucursales de Banamex’’ el 8 de agosto.

Los cinco detenidos serán sometidos a exámenes médicos y sicológicos bajo normas de la ONU para determinar si fueron torturados; sin embargo, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron a La Jornada que el dictamen de la revisión médica, practicada a los presuntos integrantes de las FARP a su ingreso al penal, determinó que "no presentan lesiones".

La madrugada del viernes los hermanos Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, así como Pablo Alvarado Flores y Sergio García Max, fueron trasladados de las instalaciones de la PGR en la delegación Azcapotzalco al penal de La Palma, y puestos a disposición del juzgado tercero de distrito, a cargo de Leopoldo Cerón Tinajero.

Los cinco fueron detenidos durante cuatro cateos que la PGR hizo con motivo de las investigaciones que comenzaron el miércoles 8, luego de que en tres sucursales de Banamex estallaran igual número de artefactos explosivos de fabricación casera.

Los hechos se los adjudicaron las FARP, y mediante un comunicado aseguraron que fueron en protesta por la venta de Banamex al grupo financiero Citigroup.

En la madrugada del 13 de agosto, cinco días después de los estallidos que no provocaron daños graves ni lesionaron personas, agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) efectuaron cateos en cuatro domicilios, dos de ellos ubicados en la delegación Coyoacán, uno en Xochimilco y otro en el municipio de Los Reyes La Paz, estado de México.

Durante los cateos, la PGR encontró armas de grueso calibre, artefactos explosivos, 171 mil dólares y documentos "altamente confidenciales" de las FARP y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) "que estaban en cajas secretas ocultas en las paredes".

Ninguno de los detenidos fue reconocido por las FARP o el EPR como integrantes de sus organizaciones clandestinas; sin embargo, este último emitió un comunicado en el que asegura que los padres de los hermanos Cerezo Contreras, Emilia Contreras y Francisco Cerezo, sí son sus militantes.

Tras los señalamientos de organizaciones no gubernamentales de que los cinco detenidos fueron objeto de torturas, la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR decidió aplicarles este sábado un examen médico y sicológico, apegado a normas internacionales establecidas por la ONU, para determinar si fueron o no sujetos de actos que afectaron su integridad física y mental.

La práctica de ese examen, según pudo conocer este diario, ya fue aceptado por las autoridades penitenciarias, y durante la mañana de este sábado dos médicos y dos sicólogos se encargarán de revisar a cada uno de los cinco presuntos integrantes de las FARP.

Documentos de la PGR señalan que los primeros peritajes médicos (que se efectuaron el mismo 13 de agosto) determinan que las lesiones que presentan los detenidos "tardan menos de 15 días en sanar y fueron producto de la resistencia al arresto".

Según la Liga Mexicana Defensora de los Derechos Humanos, los hermanos Cerezo Contreras les aseguraron haber sido torturados dentro de la casa en la que se les detuvo durante casi diez horas.

Al respecto, el subprocurador A de Procedimientos Penales de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, afirmó: "la tortura no se practica en esta administración. Si ello hubiera ocurrido, habría sido para obtener una confesión inculpatoria. Pero tan se respetaron sus derechos que no rindieron declaración ministerial".

En cuanto al tiempo que dicen haber permanecido en el domicilio en Prolongación Aquiles Serdán número 64, colonia La Cañada, delegación Xochimilco, el funcionario dijo: "con el cateo se levanta un acta circunstanciada, en la cual se asienta todo lo que hay en el lugar, dónde se localiza y en qué estado. Por eso tomó tiempo, pero de ello hay quienes aparecen como testigos de las actuaciones y de ello se informó al juez que otorgó el cateo".

Al cuestionarle por qué se detuvo a esas cinco personas que este viernes fueron consignadas, señaló: "porque fueron quienes encontramos dentro de los domicilios".

- ¿Ya sabían a quién iban a encontrar?

- No sabíamos ni siquiera qué íbamos a encontrar. Las detenciones fueron circunstanciales.

- ¿Esta investigación ya tenía tiempo?

- No, inició con los actos del 8 de agosto.

El juez tercero de distrito, Leopoldo Cerón Tinajero, tiene 48 horas para tomarles la declaración preparatoria a los cinco presuntos integrantes de las FARP. Luego contará con 72 horas para determinar su situación jurídica.

Ver en línea : http://www.jornada.unam.mx/2001/ago01/010818/009n2pol.html

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