Defensores, migrantes, mujeres y jóvenes, los más vulnerables a desapariciones forzadas

Ciudad de México.- De acuerdo con el informe Campaña Nacional Contra las Desaparición Forzada, hay cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas actualmente: las y los defensores de derechos humanos, personas con algún tipo de militancia política o movimiento social armado, los migrantes y personas -particularmente mujeres y jóvenes- que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de la delincuencia organizada.

El informe, presentado por seis organizaciones defensoras de derechos humanos y que ya fue presentado ante el grupo de trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), documenta 165 casos de agresiones a defensores de derechos humanos, y en donde el 98.5 por ciento quedaron impunes.

Con información aportada por 18 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, así como información de la CNDH y el Gobierno federal, el informe señala que en 17 de las 32 entidades federativas, es decir, el 53.12 por ciento del total, los encargados de las instituciones policiacas locales son militares, sin contar con la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados.

El informe, firmado por la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Comité de familiares de detenidos-desaparecidos, "Hasta encontrarlos", Comité Monseñor Romero, Federación Latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos-desaparecidos, y Nacidos en la tempestad, señala que las quejas presentadas ante la CNDH se han incrementado en mil por ciento entre 2006 y 2009, y en donde el 33 por ciento de las quejas recibidas durante 2010, corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional, de cuyo total alrededor del 13 por ciento se referían a desapariciones forzadas de personas.

En este contexto, afirma que de diciembre de 2006 a finales de 2010, el propio Gobierno federal en voz de su vocero, Alejandro Poiré Romero, contabilizó un número de 34 mil 612 ejecuciones en el contexto de la llamada "Guerra contra la delincuencia organizada".

"Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército mexicano, policías y grupos paramilitares", señala un apartado del informe.

Hace referencia que las desapariciones forzadas han proliferado, y entre las personas desaparecidas hay muchas que la prensa nacional registra como víctimas de "levantones", y que por lo regular, no son sujetas a investigación policial para determinar los autores materiales e intelectuales de la desaparición.

Un ejemplo de esto, son los 80 casos documentados de desapariciones forzadas de personas entre 2007 y 2010 registrados por la organización "fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos" en Coahuila.

* Guerra sucia

Respecto a la llamada "Guerra Sucia", el informe detalla que de acuerdo con el oficio SJAI/DGAJ/0204/08, girado por la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta septiembre de 2008 existían 547 averiguaciones previas abierta en la Coordinación General de Investigación de la PGR, relacionadas con los movimientos sociales y políticos del pasado, "ningún expediente ha sido consignado desde 2005".

Revela que en el sexenio del presidente Felipe Calderón, no ha habido señal alguna de voluntad política para abordar el tema de las desapariciones forzadas que se produjeron en décadas pasadas.

Más aún, pese a la presión que aún mantienen los comités de familiares de desaparecidos, el Gobierno ha llegado a alegar la presunta pérdida de interés de los familiares como un motivo para no avanzar en la materia, pese a que se trata de delitos que se persiguen de oficio y que, por ser de lesa humanidad, son imprescriptibles.

Ante esto, las organizaciones defensoras de derechos humanos, exigen que el Estado asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el periodo llamado "Guerra sucia", adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad.

* Intimidan autoridades

El informe, también refiere que las denuncias formalmente interpuestas, no son investigadas como desaparición de persona, argumentando que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar línea de investigación.

"Además en muchos casos los funcionarios públicos intimidan a las familias sugiriendo que debe haber alguna causa por la cual sus familiares fueron desaparecidos -participar en actividades ilícitas, por ejemplo-, este tipo de tratamiento es seguido a la negativa de investigar, a muchas de estas personas el mismo Ministerio Público les llega a recomendar no presentar denuncia formal", señala el texto.

Indica que pese a las denuncias por desaparición forzada recibidas en los últimos 4 años, la CNDH sólo ha emitido una recomendación por desaparición forzada, lo relativo al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, recomendación que hasta el momento, el Gobierno federal no ha aceptado en su totalidad.

* Urgen a crear registro de personas desaparecidas

Ante esta situación, las organizaciones recomiendan al Gobierno federal establecer un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas, cuya implementación cuente con la participación de la sociedad a fin de que se tenga un control estadístico y transparente sobre su situación.

Asimismo, exigen que se establezcan protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos, se destinen mayores recursos a la capacitación y contratación de personal calificado, que se sancione en la jurisdicción ordinaria, a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desapariciones forzadas.