Pronunciamiento por la libertad del prisionero de conciencia Raúl Hernández

El 12 de febrero del 2010, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado de Guerrero resolvió confirmar la cancelación de la órdenes de aprehensión giradas el 11 de abril del 2008 en contra de Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Braulio Manzanarez Lorenzo, José Eugenio Cruz, Félix Ortega Dolores y Merced Santiago Lorenzo, todos defensores de derechos humanos e integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), falsamente incriminados como autores intelectuales de un homicidio ocurrido en enero de 2008.

Así, la resolución de la revisión penal 365/09 confirmó el amparo que había sido otorgado a los cinco defensores por la Jueza Federal Livia Lizbeth Larumbe Radilla el 21 de abril del 2009.

Ésta es la segunda ocasión en la cual un Tribunal Colegiado confirma la existencia de graves irregularidades en las acusaciones fabricadas contra los integrantes de la OPIM por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, pues cabe recordar que el 19 de marzo del 2009 recuperaron su libertad otros cuatro integrantes de dicha organización indígena acusados del mismo crimen, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado confirmara el otorgamiento de un amparo a los presos Me’phaa.
 
Sin embargo, a pesar de que la justicia federal de manera reiterada ha encontrado vicios en las acusaciones formuladas contra los defensores de derechos humanos Me’phaa, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero no ha dejado de sostener la acusación que pesa sobre Raúl Hernández Abundio, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y único integrante de la OPIM que tras casi dos años permanece injustamente en prisión.
 
Para las organizaciones firmantes, el reciente fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado de Guerrero nuevamente evidencia que nunca han existido pruebas que incriminen a los defensores de derechos humanos de la OPIM en la comisión del crimen con el que dolosamente se les ha pretendido relacionar. Por ende, consideramos que resulta ya insostenible que Raúl Hernández Abundio continúe en prisión más tiempo.

Es por eso que, ante las evidencias que confirman la falsedad de los cargos presentados contra los integrantes de la OPIM y consecuentemente la inocencia de Raúl Hernández, nuevamente instamos a las autoridades del Poder Ejecutivo de Guerrero para que formule conclusiones inacusatorias a favor del defensor de derechos humanos Me’phaa de modo que a la brevedad recupere su libertad.