Secreto tras la rejas

El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sumó una raya más a su poder oficial .Podrá mantener en el anonimato los nombres de los cerca de 4 mil 500 presos que están en los penales de máxima seguridad del país. Por lo tanto, la sociedad no podrá saber dónde están los internos ni qué se hace con ellos. Y si bien estará obligado a entregar el expediente médico de los internos fallecidos en esos penales en versión pública –siempre susceptible de ser manipulada o maquillada–, gozará del privilegio de no dar sus nombres, lo que significa que no se sabrá de qué murió cada uno.

Solo cuando a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) le convenga decir el nombre de un interno, ya sea vivo o muerto, podrá ser del conocimiento público. En cualquier otro caso, la información se mantendrá clasificada.
Como resultado de la decisión mayoritaria de los miembros del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), García Luna reforzará su control de las cárceles de alta seguridad, recintos que ex internos y activistas sociales califican como lugares de “exterminio” en virtud del trato inhumano que reciben los reos y la deficiente atención médica que se les brinda.
La SSP administra seis penales. Tres son de máxima seguridad: el del Altiplano, en el Estado de México; el de Occidente, en Jalisco, y el de Matamoros, en Tamaulipas. Los de mediana seguridad son el de Tepic, Nayarit, la Colonia Penal de las Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
Aparte, hay 51 mil 577 internos acusados de delitos federales en las 338 cárceles del fuero común del sistema penitenciario nacional.Según las estadísticas del IFAI, la SSP se distingue por ser una de las 20 dependencias o entidades que ocultan más información al público argumentando que es reservada o confidencial.

Sin escrutinio social

Un ciudadano solicitó a la SSP la lista de prisioneros fallecidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el año 2000 a la fecha. También pidió copia de los expedientes médicos respectivos.
La dependencia de García Luna negó la información alegando que era confidencial.

Solamente proporcionó el número de muertos en ese periodo: 17 en total. Debido a la negativa, el solicitante se inconformó ante el IFAI.
Sin embargo, en la sesión del pleno realizada el pasado 25 de noviembre, la mayoría de los comisionados del IFAI aprobaron la posición de la SSP de reservar los nombres de los prisioneros extintos porque consideraron que sus familiares tienen derecho a que se proteja la memoria de sus muertos y al olvido de la sociedad.
Los muertos, se dijo, no tienen datos personales qué proteger, porque no tienen derechos qué alegar, pero los familiares, sí.
En esta primera resolución, los votos a favor fueron de Jacqueline Peschard, Sigrid Arzt y María Pérez-Jaén. Votaron en contra María Marván y Ángel Trinidad.
Respecto a la solicitud de los expedientes médicos, cuatro comisionados votaron a favor de que se entregaran versiones públicas para que se pudiera conocer el comportamiento de la SSP frente a las enfermedades de los prisioneros. El único voto disidente fue de Sigrid Arzt.
Pero los comisionados, en su mayoría, no alcanzaron a prever los alcances y riesgos de la decisión tomada.
“Las consecuencias últimas de la primera resolución –no dar a conocer el nombre los reos fallecidos– es que (tampoco) deberá saberse ni conocerse los nombres de los internos, lo cual le da a la Secretaría de Seguridad Pública la total libertad de mover a los presos, sin necesidad de ningún escrutinio social”, afirma la comisionada María Marván en entrevista.
“Pueden estar hoy en el penal de alta seguridad del Altiplano y mañana llevarlos sin aviso a nadie al penal de Puente Grande (Occidente). Y como no podemos saber los nombres de presos que están en la cárcel, ni de las personas que mueren presas, entonces tendrán absoluta libertad con esto”.
Marván apunta que se antepone la decisión de la SSP al derecho que tiene la sociedad de conocer la información. Es un problema “de toda la vida”, alega.
“Cuando les conviene, ellos hacen públicos los nombres. Y después nos dicen que, en términos generales, están clasificados”.
Refiere que el derecho internacional permite saber el nombre de los presos sentenciados.
En Estados Unidos, por ejemplo, esta información está disponible en Internet, cárcel por cárcel. También se especifica el delito por el que fue juzgado y sentenciado cada reo. En Europa, los nombres de los presos tampoco son considerados información confidencial. España e Italia son ejemplos de ello.
“No encuentro una resolución contundente que diga que cualquier persona que ha estado en la cárcel, nadie debe saberlo, de ninguna manera, porque su nombre debe de ser protegido por el resto de la vida”, señala Marván.
Le preocupa que se esgrima el derecho al olvido para no revelar los nombres de los presos.
“Estamos poniendo el derecho de conocer de la sociedad por debajo del derecho al olvido de terceros. Ya ni siquiera es el prisionero, sino los familiares del mismo”, dice.
Las comisionadas que votaron en contra de difundir la información están protegiendo “el derecho de los familiares a que no se sepa que tuvieron un familiar preso, por considerar que eso afecta la vida personal de los familiares de quien estuvo preso en vida”, agrega.
María Marván elaboró la ponencia para que se entregara la información de los internos fallecidos y una versión de sus expedientes médicos, aunque en este caso, sin identificar a los reos para no afectar a los familiares con la revelación de padecimientos hereditarios o psicológicos.
En este último punto, obtuvo el voto en contra de Sigrid Arzt, quien estaba a favor de que “en términos de salud, la Secretaría de Seguridad Pública no (rindiera) cuentas jamás sobre esos muertos”, precisa Marván.
Con esta resolución, dice, “vamos a saber si recibieron o no atención médica, aunque no podamos ligar si ‘Juan Pérez’ murió en una riña y si al recibir una puñalada fue atendido, o se desangró cuando se le pudo haber cosido la herida”, explica la comisionada.
También se podrá saber si a una persona que ingresó al penal con padecimientos específicos de salud, como diabetes o cualquier otra enfermedad, se le proveyeron medicinas o se le dio la posibilidad de recibir atención médica. Pero el nombre no será revelado, agrega.

Diseñados para exterminar
Los penales de alta seguridad y su servicio médico parecieran estar diseñados para exterminar a los prisioneros.
Es una pena de muerte disfrazada, aseguran ex internos, abogados y organizaciones civiles.
Héctor Cerezo Contreras estuvo preso en los penales de alta seguridad del Altiplano de 2001 a 2005. En Puente Grande permaneció 11 meses. En 2006 lo regresaron al Altiplano, donde estuvo hasta 2008. Luego lo mandaron a la cárcel de Tlacholoaya.
Él y sus hermanos Antonio y Alejandro fueron acusados de hacer estallar petardos en tres sucursales de Banamex en 2001.
Sostiene que les fabricaron pruebas para acusarlos de terrorismo, posesión y almacenamiento de armas y explosivos, además de delincuencia organizada. Sólo pudieron liberarse del primer delito.
Desde la detención de los tres hermanos se creó el Comité Cerezo, que hoy se dedica a defender los derechos humanos de presos políticos.
“Fuimos de los primeros en mencionar o definir a las cárceles de máxima seguridad como penales de exterminio, porque están diseñados para destruir a las personas, tanto física como psíquicamente”, explica Héctor Cerezo Contreras en entrevista.
“Las rutinas, los horarios, el trato, lo que buscan es despersonalizar a las gentes y volverlas objetos, números. Yo me acuerdo que cuando sales de la celda no puedes caminar ni hacer ningún movimiento que no te haya sido ordenado, y no puedes mirar al frente, sino para abajo”, agrega.
A eso hay que añadir la política de pasar 23 horas en ociosidad en un lugar siempre iluminado con luz artificial.
“Duermes y haces todas tus actividades con luz artificial, y eso afecta el sistema nervioso central y te hace estar irritado”, explica.
Cerezo Contreras precisa que el hostigamiento es mayor cuando se trata de presos de conciencia.
“No te dejan dormir, te despiertan cada 10 minutos, durante años. Y si la consigna es golpearte, eso se hace. Lo que buscan es minarte como persona”, afirma.
“Te aíslan completamente de tu familia, de tus visitas. Es prácticamente imposible que cumplan los 14 requisitos para ingresar. Y cuando lo consiguen, son vejados. Se les desnuda, y así se les obliga a hacer sentadillas. El trato es prepotente, y cuando entran, no pueden tomar ni agua”, detalla.
En esos penales, señala Cerezo Contreras, los suicidios están a la orden del día. Estima que los 17 fallecidos en las cárceles de alta seguridad se suicidaron o murieron de padecimientos curables.
“Enfermedades muy comunes, como la gripe o una diarrea, no son atendidas y se te complican. Al pasar los años, eso tiene consecuencias físicas demasiado graves, úlceras o gastritis, y problemas con la piel”, asegura.
En los penales del Altiplano y Puente Grande, denuncia, no hay un servicio médico eficiente.
“Por ejemplo, si te enfermas, tienes que reportarlo al oficial, y este, si bien te va, lo reporta a servicios médicos, pero puede no hacerlo. El doctor ya tiene asignada una fecha para ir a atender al módulo, y si es dentro de 15 días, tienes que esperarte 15 días. La enfermedad se te complica.
“Cuando el doctor te atiende, solo te da medicamento para uno, dos o tres días. No te da el tratamiento días”, señala.
Recuerda el caso de un señor que sufrió un ataque al corazón.
“Lo dejaron morir, jamás lo atendieron. Todo el módulo empezó a gritar, y jamás fueron por él, se murió en su celda”.
Si hay una negligencia médica, nadie lo sabe. Dice que el silencio es el arma más potente de los penales de máxima seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Asegura que quienes logran salir del penal, viven con secuelas.
“Tenemos ciertas consecuencias, como lamparazos. Y nos mareamos si subimos un piso. Eres torpe para subirte al metrobus, torpe para las escaleras mecánicas y para lo que todo mundo hace de manera cotidiana”.
En 2008, la SSP reportó que 26 de los 36 fallecimientos ocurridos en los penales de máxima seguridad en los últimos seis años ocurrieron en el Altiplano. De ellos, 13 fueron por enfermedad, 11 por suicidio y dos por agresión a balazos, a pesar de los estrictos controles de seguridad.
Los dos casos de asesinato corresponden a Miguel Ángel Beltrán Lugo, “El Ceja Güera”, quien fue baleado el 6 de octubre de 2004, y a Arturo “El Pollo” Guzmán Loera, quien fue atacado el 31 de diciembre del mismo año.
Francisco Garza Félix, abogado de internos acusados de narcotráfico, aseguró en abril de 2008 que las cárceles de máxima seguridad eran centros de exterminio, no de readaptación.
“Los reclusos no reciben atención médica eficiente ni capacitación.
No realizan actividades deportivas ni tienen ropa ni alimentos adecuados. A un interno que padecía depresión, no le dieron medicamento y se suicidó.
“Asimismo, hay muertos que no se contabilizan o fallecimientos por enfermedades mal atendidas de personas que no tienen más de 40 años”, afirmó.
Refirió que el 3 de mayo de 2004 murió en el Altiplano Alberto Soberanes Ramos, hombre muy cercano a “El Chapo” Guzmán.
Las autoridades reportaron que había fallecido debido a “asfixia por ahorcamiento”, sin precisar que fue asesinado.
El 10 de septiembre de 2003, agregó Francisco Garza Félix, un reo presentó un “choque séptico por sepsis por flora múltiple y septicemia generalizada de siete meses”. Fue una infección no controlada por los servicios médicos.
“Quince casos fueron a consecuencia de padecimientos cardiacos, pero también hay fallecimientos que solamente son reportados como ‘probable homicidio’ a pesar de que la víctima fue policontundida o sufrió traumatismo craneoencefálico con fractura de parietal derecho”, afirmó el abogado.