Ponencia: Plan Mérida, continuación y perfeccionamiento del Plan Colombia III Foro internacional: Nuevas luchas por los derechos humanos y el cambio social realizado el 17 y 18 de octubre de Donositia, País Vasco y del 19 al 24 en Zaragoza, Estado Español

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%







Plan Mérida, continuación y perfeccionamiento del Plan Colombia

 

Agradecimientos especiales a Clemencia Correa González

por sus valiosas observaciones críticas a este documento

y porque a ella le hubiera gustado estar aquí con todos ustedes.

I. Antecedentes

En el año 2000 con la elección presidencial de Vicente Fox Quesada muchos analistas y movimientos de izquierda creyeron que se había realizado una transición democrática en México; pero no fue así, únicamente constituyó un cambio de partido en el poder y una forma de distender los conflictos sociales ya existentes. El gobierno del “cambio” como se le llamo sentó las bases del actual paquete de reformas, desde la judicial hasta la de la seguridad social.

Son en ese periodo de Vicente Fox 2000-2006 que nos encarcelan a mis hermanos Antonio, Héctor y a mi junto con Pablo Alvarado Flores, indígena náhuatl el 13 de agosto de 2001 y asesinan a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Placido el 19 de octubre de ese mismo año.

El 28 y 29 de mayo de 2004, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante la III cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea se da el primer hecho de represión política masiva contra una manifestación de altermundistas: 110 mexicanos detenidos y 8 extranjeros; sobre los cuales se documentaron “235 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas tipificadas a nivel internacional como actos de lesa humanidad: 15 detenciones arbitrarias; 73 retenciones ilegales; 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 73 casos de incomunicación, y 19 casos de tortura.” (Equipo Nizkor, 2004).

El 3 y 4 de mayo de 2006 en el pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México la represión masiva se da en contra de campesinos que lograron detener un mega proyecto que consistía en despojarlos de sus tierras de cultivo para construir un aeropuerto, más de 200 personas detenidas, 2 personas asesinadas, al menos 26 mujeres torturadas sexualmente, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, tratos crueles inhumanos y degradantes y tortura, así como el encarcelamiento en penales de Máxima Seguridad y sentencias de más de 50 años.

Durante el mes de octubre y noviembre de 2006 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca se dio la represión política en contra de un movimiento social amplio resultando más de 500 detenidos y 26 muertos (Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Cuarto período de sesiones, 2009), así como el encarcelamiento en penales de Alta y mediana seguridad federales, lugares bien conocidos por las violaciones sistemáticas y permanentes que se cometen en contra, no sólo del reo, sino de los familiares del mismo.

De todos los casos sólo 12 personas están presas.

II. El gobierno actual

Felipe Calderón sube al poder por medio de elecciones dudosas y fraudulentas; es decir, carece de legitimidad. Se le brinda el nombramiento como nunca antes se había visto en la historia de México, en un acto castrense (Elvira Vargas, 2006) minutos antes de la media noche del 1 de diciembre, fecha en que oficialmente toma posesión del cargo ante el poder legislativo.

Una de las tres prioridades máximas que establece Felipe Calderón en su primer discurso el primero de diciembre

“[…] es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad; […]

Asimismo, en el próximo periodo ordinario de sesiones presentaré ante el Congreso una iniciativa de reformas legales con el objeto de mejorar la procuración y la administración de justicia, aumentar las penas para quienes más agravian a la sociedad y para que las leyes sean instrumento que protejan los derechos de los ciudadanos y no vías de impunidad para los criminales.

Sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas.” (Calderón Hinojosa, Presidencia de la República, 2006)

En ese mismo mes de diciembre se agudiza la militarización con la “Operación Conjunta Michoacán” donde participan el Ejército, Fuerza Aérea mexicanos, marina y policía federal. En cifras.

6734 efectivos, 19 aviones, 44 helicópteros, 302 vehículos, 131 bases de operaciones y 24 puestos de control. (Presidencia, 2006)

Michoacán es uno de los 31 Estados de México y tiene un extensión de 59 928 km² y una población de 3.971.225.

Ese diciembre se anuncia la transferencia de 10,000 efectivos perteneciente al ejército y a la marina a la Policía Federal Preventiva (Calderón Hinojosa, Presidencia de la República, 2006)

Este México, escenario de las reformas a leyes y la militarización del país con el pretexto del combate al narcotráfico permiten la represión política a toda persona que disienta del gobierno en turno, así como el perfeccionamiento y la sofisticación de la misma.

III. El mito del actor independiente del Estado: el narcotráfico

No es del todo conocido que en nuestro país durante los años setentas y ochentas existió una estrategia de represión política en contra de todos los grupos insurgentes y los grandes sectores de la población que, de alguna manera, fueron simpatizantes de esos movimientos, pero no sólo se reprimió a los que simpatizaban, sino también a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el gobierno en turno, a todo aquel que denunciara las violaciones a los derechos humanos.

Durante esa época el Estado mexicano convocó a grupos interinstitucionales (ejército, armada y policía) para la eliminación de los que ellos consideraron los enemigos de la patria. Fortaleció así la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y sus grupos especiales; por ejemplo, la “Brigada Blanca”, grupo especial de eliminación de la Liga 23 de Septiembre y “Silenciador”, grupo especial de eliminación de Unión del Pueblo, hoy Ejército Popular Revolucionario. Algunos de los personajes más conocidos que participaron en estos grupos fueron Fernando Gutiérrez Barrios, Nazar Haro, Quiroz Hermosillo, Acosta Chaparro y Javier García Paniagua, entre otros. (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, 2006) Durante el proceso de la guerra sucia algunos integrantes de la DFS vieron en el cultivo de la marihuana y el trasiego de drogas un importante negocio, de tal manera que cuando la efervescencia de los grupos insurgentes fue eliminada los principales controladores y beneficiarios del narcotráfico fueron algunos de los encargados de la represión política. Ya sea como ex miembros de la DFS o miembros de alguna institución del Estado estos personajes siguieron controlando y pactando con los grandes narcotraficantes mexicanos; es decir, se convirtieron en eso mismo.

La red de poder creada en esa época ha perdurado hasta la actualidad. Además hoy, nuevamente, estamos frente a un momento de efervescencia de movimientos políticos, sociales, de ONGs y guerrillas insurgentes, (Centro de Documentación de Movimientos Armados, 2005) por lo cual el Estado necesita, nuevamente, de muchos de los conocimientos, estructuras y personas que si bien estuvieron “desactivadas” desde finales de los ochenta, no desaparecieron. Esas estructuras, esas redes de poder son un aspecto importante para entender el fenómeno del narcotráfico en la actualidad.

Otro aspecto del narcotráfico es que encarna un capital y, por lo tanto, se comporta como tal; es decir, lo que le importa es ganar sin considerar a qué costo. Dicho en otras palabras, el narcotráfico se comporta como una empresa transnacional que tiene inversiones de alto riesgo, y como toda empresa transnacional subordina, de muchas maneras, a sus representantes en el Estado a los intereses que le son propios, e intenta, por todos los medios legales e ilegales, eliminar a la competencia empresarial. Es, pues, todo un negocio en pleno desarrollo, que no sólo contempla a las drogas y todo su ciclo (producción, distribución, cambio y consumo), sino al tráfico de armas (negocio que beneficia a las grandes transnacionales productoras de armas) y de humanos-esclavos (la mejor mercancía, pues es la única que genera valor).

Desafortunadamente, el narcotráfico no sólo abarca el ámbito de lo ilegal, sino también de lo “legal”; por ejemplo, en México ha habido un escándalo en los medios de comunicación con respecto al Gobernador del Estado de Sonora de quien según los reportajes periodísticos se ha demostrado su relación con el narcotráfico e incluso, se presume, pudiera ser, él mismo, un narcotraficante. (véase Proceso, 2009). Este no es un caso aislado, existen otros dos ex gobernadores (Cason y Brooks, 1997; La Verdad del Sureste, 2006) de los cuales también se dice mucho acerca de su relación con el narcotráfico, e incluso se dice que uno de ellos es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones del 2012, este mismo personaje fue un “hijo prodigo” del policía político más conocido en México: Fernando Gutiérrez Barrios. (Wikipedia, 2001)

Estos personajes son ejemplos que muestran que una parte del Estado es también una parte de la delincuencia, específicamente del narcotráfico. Es decir, no existe la independencia entre la delincuencia organizada y el Estado, por el contrario, ambos, son una misma cosa.

La estrategia del Estado en contra de sí mismo o un pretexto perfecto.

El Estado ha llamado a su estrategia la guerra contra el narcotráfico, pero ¿qué ha implicado esta guerra?, ¿quién es el enemigo del Estado?, ¿quiénes se están enfrentando realmente en esta “guerra”? ¿qué resultados ha tenido?, ¿qué implica para los defensores de DH y para la sociedad en general?

Creemos que el objetivo general de esta estrategia es lograr el control total de la población mexicana para poder implementar las políticas que están acorde con los intereses de los grupos de poder del Estado y de las empresas transnacionales.

Esta estrategia ha ido polarizando la sociedad de tal manera que no deja espacio a la neutralidad; es decir, o se apoyan las reformas a las leyes (constitucionales, penales, de seguridad nacional), la creación de cuerpos policiacos, la permanencia del ejército realizando funciones civiles y eres una aliado del Estado; o se está en contra de lo que realiza el Estado y, por lo tanto, eres un enemigo que será sometido, neutralizado o eliminado.

La finalidad de este proceso de polarización es borrar los límites que diferencian a la delincuencia de los movimientos sociales en general; es decir, “El modelo de la guerra antidrogas invariablemente se expande hacia la represión de la oposición política existente en los países donde se ha aplicado, borrando los límites entre el combate contra las drogas, contra el terrorismo y contra la oposición política.” (Carlsen, 2008)

El discurso de la guerra contra el narcotráfico es un medio para construir un Estado terrorista; es decir, que tiene diferentes fines: legitimar a un gobierno no legitimo; deslegitimar a los DDH que están documentando las violaciones graves cometidas por el ejército federal en esta guerra; justificar el actuar de las corporaciones encargadas de la seguridad; generar terror en la población civil; propiciar la inmovilidad social, la alteración de la percepción de la realidad (confusión), y la impotencia; e implantar la mentira institucionalizada. En general podríamos decir que lo que bajo el discurso de la guerra contra el narcotráfico está la guerra contrainsurgente

Es cierto que en el gobierno anterior al de Felipe Calderón hubo alguna mención al combate contra el narcotráfico, sin embargo, es hasta la llegada del gobierno en turno que se le da el primer lugar en los discursos a la guerra contra el narcotráfico.

Desde nuestro punto de vista, la gran cantidad de asesinados que han resultado de los enfrentamientos entre “narcos” son sólo la punta de un témpano, que tiene por base los diferentes grupos de poder que existen dentro del Estado mexicano; es decir, las bandas de criminales muy bien armadas son un instrumento de los intereses políticos de los grupos de poder existentes dentro del Estado mexicano.

En este escenario es importante destacar las cifras de asesinatos relacionados con el “narco” sólo en el periodo de Calderón ascienden de entre 11,483 a 13, 500 (El Universal, redacción, 2009) de los cuales aproximadamente 995 son funcionarios de los tres niveles de gobierno. (González, 2009). Podemos ver claramente como año con año existe una tendencia a aumentar los asesinatos 2700 en el 2007; 5400 en el 2008 de los cuales 20 militares, 535 policías (Fernández Barbadillo, 2009) y en lo que va del año de 3,000 a 5, 731, (Universal, 2009) de los cuales 152 mandos y policías y 18 militares.

Otro dato importante es el numero de deserciones en el ejército, ¿a dónde van?, ¿qué hacen con los conocimientos militares adquiridos?, ¿al narco, a los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte o de limpieza social?

De acuerdo Instituto Federal de Acceso a la Información Pública el número de deserciones en el ejército asciende a 151 mil 533 en los últimos cinco años (El Imparcial, redacción, 2009). El número de efectivos del ejército según una cifra conservadora es de 350, 000.

IV. Criminación de toda la sociedad

El Estado se ha valido de algunas acciones para llegar a la puesta en marcha de la guerra contra el narcotráfico, estas sólo se pueden entender si se considera que el Estado busca y necesita legitimidad; es decir, una opinión pública favorable a sus acciones.

1. Discurso en todos los medios de comunicación: desde hace bastante tiempo, hemos podido ver cómo los mensajes emitidos magnifican los actos criminales que suceden cotidianamente y exacerban el sentimiento de inseguridad permanente de las personas, así mismo presentan como única solución al problema el aumento de efectivos policiacos y la presencia del ejército.

2. Reformas a leyes primarias y secundarias que restringen la libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta social: la modificación al Código Penal Federal del año 2007 y de 2009 respecto al delito de terrorismo, delincuencia organizada, flagrancia, arraigo, allanamiento;

la reforma a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos a principios de 2008 respecto a la delincuencia organizada que conlleva la eliminación de la presunción de inocencia; la creación de la ley de seguridad nacional en 2005, de la Ley general del sistema nacional de seguridad pública en el 2009.

Por último, se suma otra que aún está en espera de aprobación en el Congreso de Unión (Poder legislativo) y que implica que el Presidente de México tenga el poder de declarar un estado de conmoción interna sin necesidad de tener la aprobación del poder legislativo, así como el envío de tropas mexicanas a otros países y el permiso para que tropas de otros países ingresen a México.

3.- Incremento del número de efectivos de la policía y el ejército, la unificación de los tres cuerpos de las fuerzas armadas: ejército, fuerza área y marina.

En conclusión, el Estado, impone, para disminuir la inseguridad, la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de los mismos y el estableciendo de un régimen de excepción; por ejemplo, el que constituye la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada y a la que puede ser sometido cualquier defensor de derechos humanos y cualquier persona, esta es un instrumento de represión política y conlleva una destrucción del tejido social; es decir, una destrucción física e intelectual del individuo detenido, arraigado o preso y una severa afectación física, emocional y económica para sus familiares y entorno social.

V. Algunas violaciones de derechos humanos hasta este momento y bajo el discurso de la guerra contra el narcotráfico.

30 de septiembre detención arbitraria de Ramsés Villareal Gómez por un numeroso operativo de la Agencia Federal de Investigación.

Ramsés Villarreal ha sido vinculado con las cinco explosiones sucedidos los días: 01, 08, 14, 16 y 22 de septiembre y adjudicados a un grupo anarcovegano. Salió libre el día 3 de octubre.

30 de Septiembre de 2009 detención arbitraria de José Manuel Hernández Martínez en su propio domicilio en la comunidad 28 de Junio, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas ejecutada por un operativo conjunto entre elementos de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia Estatal, quienes se presentaron al lugar vestidos como empleados de la Comisión Federal de Electricidad y sin presentar ninguna orden de aprehensión.

En el interrogatorio que le hizo el ministerio público se le preguntó sobre su relación con Don Samuel Ruiz, Diego Cadenas (Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas), el párroco del municipio de Venustiano Carranza, y Yolanda Castro Apreza del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), asimismo si conocía al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

18 de septiembre de 2009, el Sr. Ricardo Lagunes Gasca miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas fue atacado por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), grupo según las denuncias de corte paramilitar.

Agosto 2009. Intento de homicidio a Salomón Monárrez Meraz, defensor de derechos humanos de la organización Frente Cívico Sinaloense. (Valdez Cárdenas, 2009) (Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustin Pro Juárez", 2009).

Junio de 2009. Torturados, en Coyuca de Catalán, Guerrero

O. G., de 14 años, que no pudo escapar al monte fue torturado durante tres horas el día martes 9 de junio cuando arribaron los soldados. Los soldados le dieron toques eléctricos en el cuerpo, le vendaron los ojos, le taparon la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon en diversas partes del cuerpo, y lo amenazaron con castración.

Finalmente, los soldados lo dejaron en estado convulsivo por la tortura efectuada.

Junio de 2009. Asesinato de Géminis Ochoa Castro, líder de La Unión de Comerciantes Ambulantes “Che Guevara” en Ciudad Juárez. (Lapolaka.com, 2009) (Nota roja, 2009)

Febrero de 2009. Los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, defensores de derechos humanos e integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos en Ayutla, Guerrero. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" s/f)

Mayo de 2007. Desapareción forzada de Edmundo Reyas Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) (Eslava Castillo y Romo Cedano s/f)

En conclusión, la estrategia de la guerra contra el narcotráfico está incrementando las violaciones de derechos humanos en México, y estos datos son sólo el comienzo de una estrategia de represión política. El Plan México o Iniciativa Mérida no hará más que reforzar la militarización de la vida civil con las grandes consecuencias que esto implica. Además no podemos olvidar que México actualmente juega un papel geoestratégico en América latina al conformar junto con Colombia y bajo la tutela de los Estados Unidos un bloque en contra de todos los demás países que sean de izquierda o que se acercan a esta.

Algunas datos para que nos demos una idea de la importancia que tiene México para los Estados Unidos. Entre 1997 y 2001 recibió en “ayuda militar” 103 millones de dólares y Colombia 277 millones (Isacson, 2005). Colombia recibió de 2000-2006 6 mil millones de dólares y el gobierno de Uribe invirtió 25, 000 millones de dolares, cabe destacar que “Durante siete años del Plan Colombia, el gobierno estadounidense ha gastado unos 6 mil millones de dólares supuestamente para librar la guerra contra las drogas. El 76% de esa cantidad fue a manos del ejército colombiano. (Carlsen, 2008)”. A México se le pretende otorgar de 800 a 1000 millones de dólares (Paterson, 2008) de los cuales 400 están destinado al ejercicio del año fiscal 2008-2009 (Riva Palacio, 2007)

Sobre los resultados del Plan Colombia podemos decir que de 140 000 hectáreas cultivadas de coca cuando inicio el Plan 10 años después existen 139 000. ¿Sirve acaso ese tipo de planes para luchar contra las drogas? No, sirven para la perpetuación de un régimen.

Para finalizar podemos decir que 80 millones de personas de la población mexicana viven en estado de pobreza. (Zúñiga & Rodríguez, 2009), y que es claro que la solución del Estado no contempla la obligación que tiene de brindar y hacer posible el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos de la población, sino por el contrario, su política se orienta principalmente al incremento de efectivos militares, avituallamiento y formas de convertir legal lo que en el mundo es considerado un crimen de lesa humanidad.

Comité Cerezo México

17 de Octubre de 2009


 

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