Alto Poder

* Policías y soldados vuelven conejo a cualquier persona

* Ejército, PGR y Seguridad Pública violan los derechos humanos

* Primero encarcelan inocentes y después averiguan si son culpables

Cuenta una historia de la picardía mexicana que el Gobierno de la Unión Americana convocó a miembros de las cuatro mejores corporaciones policiacas del mundo para analizar sus estrategias en la captura criminales. La prueba era simple. En Nueva York soltarían un conejo que deberían atrapar los detectives por turnos, en el menor tiempo posible.

Los primeros en pasar fueron los de Sureté, de Francia que en cuatro horas regresaron con el animal asido de las orejas. Le siguieron los británicos de la Scotland Yard, quienes tardaron media hora menos. El FBI logró romper la marca de sus antecesores al aprehenderlo en dos horas con 45 minutos. Los asistentes pensaron que ya nadie podría superar esa marca.

Cuando tocó el turno a los enviados por la Procuraduría General de la República, los jueces pensaron que les llevaría más de mediodía lograr la captura del conejo, pero sorprendidos los vieron regresar en menos de media hora con una persona golpeada, sangrando y gritando "soy un conejo. Soy un conejo".

Lo que parece un chiste malinchista o una burla contra el sistema de Seguridad Pública, sólo refleja la realidad de sus técnicas para obtener confesiones de culpabilidad bajo amenazas y torturas físicas o sicológicas, que no previenen el delito, ni lo sancionan pero, en cambio, avivan el temor ciudadano hacia los servidores públicos y generan rechazo contra los impartidores de justicia.

El miércoles pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió un reporte de las instituciones gubernamentales con el mayor número de quejas presentadas ante ese organismo autónomo. Las cifras confirman el rechazo ciudadano a las fuerzas armadas por los abusos cometidos contra civiles en la mal llamada "guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado".

Antes eran respetados y tenían pocas denuncias en su contra presentadas por civiles, pero ahora los militares se convirtieron en el cuerpo de seguridad que más hostiga al pueblo. Tan sólo en los últimos seis meses la CNDH atendió dos mil 956 quejas, de las cuales 559 fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Resulta inaceptable que un organismo creado constitucionalmente para garantizar la soberanía nacional, que sólo salía a las calles para auxiliar a los damnificados por algún desastre, sea utilizado como fuerza policiaca para camuflar la deficiencia del sistema de seguridad pública y la corrupción de sus corporaciones policiacas.

Violaciones, asesinatos, abusos, corrupción, tráfico de drogas y venta ilegal de armas son algunos delitos por los que son acusados los militares. Para recuperar la confianza y el respeto del pueblo, primero, deberán regresar a sus cuarteles, aunque de momento parezca improbable, y, después, que los legisladores reformen la Ley de la Secretaría de la Defensa para asegurarse que jamás ningún Presidente los utilice en tareas que no les corresponden.

* INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD

Los soldados no son los únicos que abusan de sus cargos, lo mismo ocurre con la Procuraduría General de la República, que es la segunda institución con el mayor número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos, seguida por el Seguro Social y, en cuarto lugar, la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La corrupción carcomió la honorabilidad, eliminó el principio de servir al pueblo y dejó prendido de un hilo al sistema de justicia nacional.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro: "Las deficiencias del sistema de justicia afectan a todas las partes involucradas, pero principalmente a las personas imputadas. Quienes son señalados como presuntos responsables de un delito enfrentan procesos iniquitativos, en los cuales está ausente el derecho a la presunción de inocencia...".

Jacinta Francisco Marcial es un claro ejemplo de los abusos cometidos, no sólo por los policías, sino también por el corrupto sistema judicial y la pésima impartición de justicia.

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI, vestidos de civil, llegaron al mercado del poblado de Santiago Mextitlán, en Querétaro, para realizar un supuesto operativo contra la piratería.

Los comerciantes se negaron a entregar su mercancía y exigieron a los sujetos identificarse, quienes al verse rebasados por la turba de inconformes, llamaron a sus superiores, para evitar un linchamiento como el ocurrido en Tláhuac el 23 de noviembre de 2004.

Al lugar acudieron el encargado regional de la Agencia Federal de Investigación y un agente del Ministerio Público para dar cuenta de los hechos. La comunidad exigió la reparación del daño. Las autoridades ofrecieron devolver la mercancía incautada, de inmediato. Minutos más tarde, incumplieron su promesa. Los vendedores retuvieron a los agentes por más de cinco horas hasta ser indemnizados. El asunto se creyó resuelto.

Casi dos años después, el 3 de agosto de 2008, tres agentes de la AFI ingresaron a casa de Jacinta sin orden de cateo ni identificación. Sin saber de qué la acusaban, la trasladaron al Centro de Readaptación Social donde fue presentada como presunta responsable de secuestro de los agentes.

JACINTA, CABRERA Y MUCHOS OTROS INOCENTES

Jacinta Francisco no hablaba español (lo aprendió en la cárcel), la principal prueba en su contra fue una fotografía de un periódico donde se observa a la indígena asomada desde la ventana de su casa. La detención e investigación la realizaron los mismos policías retenidos por los pobladores (que dejaron su cargo en enero pasado), el caso lo llevó el Ministerio Público que acudió al lugar el día de los hechos y los testigos son el agente del MP y los supuestos secuestrados.

Junto con Jacinta fueron aprehendidas y sentenciadas dos vecinas más. Las tres purgan una condena de 23 años de prisión y deberán pagar una multa de dos mil días de salario mínimo, más de 104 mil pesos, como reparación del daño.

Los mismos abusos del sistema de justicia sufrieron los hermanos Antonio y Héctor Cerezo, dos estudiantes acusados de hacer estallar varias bombas en agosto de 2001, quienes junto con Pablo Alvarado Flores, vendedor ambulante, y Sergio Galicia Max, carpintero, fueron sentenciados a 13 años de prisión y puestos en libertad, por falta de pruebas, ocho años después.

Amnistía Internacional, Greenpeace y varias organizaciones internacionales, obligaron al expresidente Vicente Fox, recién iniciado su Gobierno, a conceder el indulto a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos ambientalistas detenidos por soldados y policías, al tratar de evitar la tala ilegal en la sierra de Petatlán. La injusticia alcanzó relevancia por el presunto asesinato de la abogada de los ecologistas, Digna Ochoa.

Las técnicas de la PGR para ofrecer a la opinión pública respuestas prontas a la creciente ola de violencia, se volvieron más ilegales. Ahora no sólo se fabrican culpables. También se detiene a parientes de narcotraficantes, sicarios y demás delincuentes para obligarlos a entregarse a la justicia. Se tortura tanto o más que antes.

Servando Gómez Martínez, presunto líder de "La Familia Michoacana", declaró, en una entrevista la semana pasada, que los militares y las policías: "Se llevan a nuestros hijos, se llevan a nuestras mujeres, se llevan a nuestros padres, se llevan a nuestros amigos, se llevan a gente inocente para aparentar lo que no es...".

El Gobierno de la República anuncia la detención de líderes de menor rango, pero ¿dónde están los verdaderos delincuentes? ¿Qué ocurre con los funcionarios corruptos coludidos con la delincuencia?

Lo único que quieren los gobiernos de todos los niveles, es presentar ante los medios de comunicación a presuntos asesinos, narcos o asaltantes para cumplir con el circo mediático. De la justicia, que se encarguen otros.

DE MALAS Y PEORES

Sólo en México puede ocurrir que la Secretaría de Hacienda determine un recorte presupuestal para lo que resta de este 2009 por la disminución en la captación de impuestos y contemple aumentar el gasto federal para el próximo año en más del 50 por ciento de lo presupuestado para este. Alguien debe aprender a hacer cuentas, para evitar esos errores que sólo ocasión más retroceso y generan inconformidad entre los contribuyentes que cargan con el costoso aparato administrativo.

***Lo mejor sería que Vicente Fox dejará de intervenir en las decisiones de su partido, con comentarios malsanos que sólo buscan restarle presencia al presidente Felipe Calderón. Ayer, el exmandatario propuso a Ernesto Ruffo Appel como dirigente nacional del PAN, en lugar de César Nava. Aunque el exgobernador bajacaliforniano tiene toda la experiencia, es decisión exclusiva del Consejo Nacional del blanquiazul votar por quién sustituirá a Germán Martínez Cázares.

En el asunto de la nueva refinería que deberá construir Pemex, el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, salió a destrabar el asunto, tras declarar que bastaban dos días para cambiar la situación legal de tierras, que dejarán de ser comunales para convertirlas en privadas, lo cual agilizaría el trámite y ayudaría, no sólo a Hidalgo, sino a la entidad donde se construyan otras nuevas.

***Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

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