Colectivas y defensoras de derechos humanos demandaron al Ayuntamiento y a la SSPC capitalina esclarecer presuntas detenciones arbitrarias y revisar sus protocolos de actuación.

Alejandra Ruiz

Organizaciones de la sociedad civil, colectivas y personas defensoras de derechos humanos denunciaron que en la capital potosina persisten prácticas de criminalización de las juventudes y presuntas detenciones arbitrarias basadas en prejuicios y perfilamientos sociales, por lo que exigieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital y al Ayuntamiento de San Luis Potosí rendición de cuentas y una revisión de los protocolos de actuación policial.

A través de un posicionamiento público, las organizaciones señalaron que los hechos ocurridos el pasado 14 de junio evidencian una práctica que vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y el libre tránsito.

Las personas firmantes sostuvieron que la apariencia física, la forma de vestir, el origen social o la edad no constituyen elementos objetivos para justificar actos de hostigamiento, revisiones o detenciones preventivas, por lo que advirtieron sobre el riesgo de que los prejuicios se conviertan en criterios de actuación policial.

El pronunciamiento surge a partir de la detención de un joven por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina y de la posterior detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso, quien intervino para brindar asistencia jurídica y observar la legalidad de la actuación policial.

Aunque reconocieron la posterior liberación de la defensora, las organizaciones señalaron que ello fue resultado de una movilización social, jurídica y mediática inmediata, situación que, afirmaron, pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes enfrentan posibles detenciones arbitrarias sin contar con redes de apoyo o representación legal.

Asimismo, cuestionaron la respuesta emitida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, al considerar insuficiente centrar la atención en un eventual diálogo institucional sin antes esclarecer plenamente los hechos denunciados. En el documento sostienen que la conciliación no debe sustituir la rendición de cuentas ni la investigación de posibles irregularidades en la actuación policial.

Entre sus demandas destacan información pública sobre la fundamentación de las intervenciones policiales, el reconocimiento de las presuntas violaciones a derechos humanos denunciadas, el inicio de procedimientos para deslindar responsabilidades, la revisión integral de los protocolos de actuación y la capacitación obligatoria en derechos humanos y no discriminación.

El posicionamiento fue respaldado por diversas organizaciones y colectivas, entre ellas Sororal Red de Abogadas, Apoyare A.C., Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C., Comité Cerezo México, Organización para Chicas (OPC), Colectivo Canción Potosina, Educación y Ciudadanía A.C., FEMU San Luis Potosí, Shakti Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como otras agrupaciones y personas defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones concluyeron exigiendo verdad, justicia, responsabilidad institucional y garantías de no repetición ante los hechos denunciados.