Mañana será presentado a las comisiones de derechos humanos de las cámaras de Senadores y Diputados el proyecto de Ley Federal de Amnistía que consensuaron organizaciones defensoras de presos políticos y de derechos humanos, para que se promueva la inmediata liberación de todos los detenidos por estos motivos, se presente a los desaparecidos políticos y se ayude así a distender el clima de tensión social y política en México.
Organismos como el Comité Eureka, que preside la senadora Rosario Ibarra de Piedra, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Colectivo de Abogados Zapatistas y el Comité Cerezo, entre otros, presentarán una ley que en esencia libere a quienes estén privados de la libertad por “alterar o modificar por vía violenta la estructura política del Estado mexicano o el orden social establecido”, formen parte o no de grupos armados.
La ley, integrada por 19 artículos generales y dos transitorios, ampararía a los procesados por esos delitos y a quien se encuentre sustraído de la acción de la justicia, dentro o fuera del país. Se pide la apertura de cárceles clandestinas y presentación de desaparecidos políticos.
Contempla incluso crear una comisión de amnistía, de carácter resolutivo, integrada por los presidentes de la CNDH y de las cámaras de Diputados y Senadores, así como por representantes de organizaciones no gubernamentales promoventes de dicha ley, en concreto del Frente Nacional contra la Represión.
Se prevé que con esta legislación se beneficiarían, de manera directa, 20 presos políticos, como los hermanos Cerezo, involucrados en el FARP, así como Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, dirigentes del ERPI. De manera indirecta, y según la técnica jurídica que se siga, se estima que hasta 2 mil presos de todo el país pudieran ser beneficiados.
Sobre los presos de Atenco y la APPO, dependerá de que se acuerden leyes estatales, hechas expresamente para delitos del fuero común, tanto en el Estado de México como en Oaxaca, aunque dependería de las condiciones políticas concretas de cada entidad para que pudiera avanzar en sus congresos locales, lo que se ve posible en el caso mexiquense, no así en el oaxaqueño.
La ley está redactada de tal forma que no obliga a la autoinculpación de los presos ni al perdón de ejecutores de crímenes desde el Estado ni a violadores de los derechos humanos.
El EPR ha pedido en sus más recientes comunicados la expedición de una Ley de Amnistía general, que saque de las cárceles a los presos políticos, pero no sugiere que sus militantes estén dispuestos a acogerse a ella, en vista del anuncio de más acciones de hostigamiento militar contra el gobierno federal.
Por su parte, grupos adherentes a La Otra Campaña, promovida por el EZLN, no se sumaron a esta iniciativa, en virtud de que aun cuando consideran que tienen presos políticos, no están dispuestos a acogerse a una amnistía que tengan que aprobar los partidos políticos, a los cuales no reconocen.
Olvido, no perdón
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), uno de los grupos participantes en la iniciativa, asegura que lo importante es la unidad de los grupos promoventes y el seguimiento puntual de la técnica jurídica para evitar que la ley se atore en el Congreso.
Asegura que toda amnistía es, antes que nada, una herramienta política, que depende no sólo de jueces y abogados, sino de que el régimen político tenga disposición para hacer un corte de caja nacional y busque la reconciliación del país. “Se dan en tiempo de cambio de las naciones, en momentos de quiebre, que por el momento no parecen soplar mucho por México, pero es indispensable que se haga justicia en esta materia”, asegura el experto.