La iniciativa promueve mano dura contra activistas: Hermanos Cerezo Milenio / Georgina Morett

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

La reforma constitucional al sistema judicial legaliza lo que ya se practicaba ilegalmente, como las detenciones arbitrarias contra los activistas sociales, aseguran Alejandro y Francisco Cerezo, quienes consideran esta iniciativa como un retroceso en materia de derechos humanos.

Alejandro Cerezo considera que elevar a rango constitucional el arraigo lo único que logrará es dar más tiempo a la autoridad para fabricar pruebas. Él fue detenido, junto con sus hermanos Antonio y Héctor, bajo la acusación de colocar petardos en tres sucursales de Banamex en agosto de 2001.

Los tres fueron inculpados de terrorismo, pero luego este cargo se retiró. Alegaron inocencia. Alejandro obtuvo su liberación y sus dos hermanos permanecen recluidos.

Su hermano Francisco, el único de los varones de la familia Cerezo que no fue detenido, manifiesta que permitir la irrupción de elementos policiacos en los domicilios sin orden judicial desencadenará las detenciones arbitrarias y la siembra de pruebas.

De acuerdo con la reforma constitucional que aprobó el Senado y que está por discutirse y, eventualmente, aprobarse en la Cámara de Diputados, los dos supuestos que se prevén para entrar al domicilio sin autorización son: cuando haya peligro inminente para la pérdida de una vida o la integridad física de alguien, o cuando se trate de la persecución de un delito flagrante.

Y al alargarse el tiempo para considerar la flagrancia —es decir, que no es sólo el momento en que se lleva a cabo el hecho delictivo, sino el tiempo en que la autoridad mantenga la persecución— se da el pretexto para ingresar al domicilio y hacer detenciones arbitrarias, sostiene Francisco Cerezo.

Además, agrega, se abre la posibilidad de que se puedan sembrar pruebas, porque se le informa a la autoridad judicial después de consumado el hecho; por ejemplo, se puede entrar por una persona al domicilio, se siembran armas o drogas y se dice que esa fue la razón del allanamiento.

Esto, explica Francisco, fue lo que pasó con sus hermanos: sin orden judicial la policía irrumpió en su casa, los detuvo y les sembró las pruebas, ya que los agentes se mantuvieron por 12 horas en su domicilio, tiempo que además utilizaron para torturarlos.

Explica que esta actuación ilegal de la policía fue una de las estrategias que utilizaron los abogados en la defensa de sus hermanos, pero acota que con la nueva legislación no tendrían nada que hacer ante la arbitrariedad de la policía.

En la reforma se señala que cualquier persona puede detener a un indiciado cuando esté cometiendo un delito, y ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. Esto puede ser un grave problema porque no se especifica qué autoridad, ni se determinan los tiempos, lo cual puede dar espacio para la tortura, señala Alejandro Cerezo.

Cuando fue detenido junto con sus hermanos Héctor y Antonio, Alejandro, explica, que los torturaron durante 12 horas, tiempo en que no los presentaron ante el MP con el pretexto de que estaban recogiendo las pruebas, cuando más bien las estaban fabricando para inculparlos.

Alejandro y Francisco Cerezo consideran que la figura de delincuencia organizada que se pretende aprobar en la Constitución abre las puertas a un Estado terrorista para atacar a los luchadores sociales.

La iniciativa señala como delincuencia organizada “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente y reiterada”.

El “para”, subraya Francisco Cerezo, significa un problema fundamental, ya que implica que haya intención para cometer el delito. Y recuerda que en el caso de sus hermanos, de lo que se les acusó fue del vínculo ideológico con grupos armados, es decir, de la intención para cometer un delito, no de haberlo cometido, y con esto les dieron siete años de prisión a Héctor y Antonio.

Ahora, con la reforma constitucional planteada por los legisladores, comenta, los hubieran sentenciado a 72 años como argumentó el Ministerio Público en el momento de la detención

Pero, el arraigo que se incluye en la Constitución con la reforma judicial es en definitiva una de las principales preocupaciones de los hermanos Cerezo, quienes se han constituido como una organización no gubernamental de apoyo a los presos políticos.

Los 40 días que se establecen para el arraigo y la posibilidad de alargarlos a 80, según ellos, permite al Ministerio Público la fabricación y perfeccionamiento de las pruebas.

Actualmente, el arraigo puede ser hasta de 90 días, pero está en una legislación secundaria y los legisladores decidieron incluirlo en la Constitución, lo que le da un carácter general.

Además de que no se prevé si en el momento del arraigo se permitirán las visitas de los familiares y de los abogados, lo cual puede dejar un vacío jurídico que se preste a la tortura.

Alejandro Cerezo se refiere a otro problema del que también su familia ha sido víctima: el hecho de que se legaliza la posibilidad de purgar la sentencia en cualquier penal, sin que prive el derecho de la cercanía con la familia para ayudar a la readaptación social, como lo señalan los tratados internacionales que ha firmado México.

Pero hay algo más grave para Alejandro: que en el caso de delincuencia organizada, en donde pueden ubicar a los activistas sociales, se legaliza la incomunicación y el aislamiento respecto a familiares y amigos si la autoridad decide restringir las comunicaciones, salvo el acceso a su defensor.

Respecto a los juicios orales, Francisco Cerezo prefiere ser cauto y señala que habrá que esperar a la legislación secundaria para conocer su funcionamiento, ya que en muchos países han significado un avance. Hay otros, como Colombia, en donde se menciona que se viola la garantía de presunción de inocencia.

Como parte de un colectivo que lucha a favor de los presos políticos, los hermanos Cerezo advierten que esta reforma puede legalizar lo que se criticó en la llamada guerra sucia, y recuerdan que México ha suscrito diversos protocolos de derechos humanos como el de Palermo y que está obligado a cumplirlos.

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