Comité Cerezo México
Circulan desinformaciones que criminalizan el 8MPor Leslie Orozco y Melina Barbosa
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En Pachuca, Hidalgo, las detenciones arbitrarias, golpes, gases lacrimógenos y encapsulamiento en contra de manifestantes también contradicen la versión oficial de la jornada de protesta por el 8M.
El gobierno de Hidalgo emitió un comunicado en el que afirmó que respetaba la protesta y consideraba la causa justa. Asimismo, señaló que estaba garantizado el derecho de expresión y había un equipo de seguridad para proteger a quienes participaran.
«La manifestación de este 8 de marzo logró reunir a más de 6 mil mujeres. A lo largo de la jornada, las asistentes pudieron expresar sus demandas de manera libre y segura, destacando la paz y el orden que predominó mayoritariamente durante el evento», se lee en el boletín oficial.
Pero desde el bloque policial en Plaza Juárez, se rociaron gases de extintor y, mientras eso ocurría, Ashley Odeth Pedraza Cerón, defensora de derechos humanos e integrante del Comité Cerezo, quien monitoreaba la marcha, fue retenida indebidamente al igual que Tania N. y Jazmín N.
El Comité Cerezo México denunció que, aproximadamente a las 16:45 horas, arribaron camiones de granaderos con elementos de la policía municipal y estatal.
Algunos de los elementos con el rostro cubierto, lanzaron gases lacrimógenos y polvo de extintor en contra de manifestantes, entre ellas, menores de edad.
El Comité Cerezo contabilizó «una decena de detenciones arbitrarias y golpes» en contra de quienes protestaban y, además señaló que varias manifestantes sufrieron agresiones físicas y verbales.
Ashley, Tania y Jazmín fueron liberadas posteriormente, mientras las manifestantes intensificaban el reclamo para que fueran entregadas y el bloque de la policía se mantenía en posición para la defensa del edificio gubernamental, que tenía las cortinas de acceso cerradas.
El Comité Cerezo demandó al gobierno garantizar el derecho humano a la protesta y, «de manera urgente, que se investigue y sancione a los responsables de las detenciones arbitrarias».
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) de igual forma manifestó su indignación y rechazo ante la represión policial y pidió el respeto a quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente.
La organización refirió que, según la información recabada por testimonios, 13 personas habrían sido detenidas de manera violenta y golpeadas por las fuerzas de seguridad pública estatal, entre ellas activistas, medios de comunicación y sociedad civil.
Proceso informó que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dijo que si alguien no usó la fuerza conforme a protocolos, habrá sanciones, aunque pidió “distinguir” entre lo que es represión y uso legítimo. Luego su secretario de Gobierno sentenció: la autoridad no agredió.
El 8 de marzo de 2024, Verificado también explicó que estos mensajes criminalizan las acciones de las manifestantes y contrario a la represión policial que es un tipo de violencia, la protesta implica ejercer varios derechos humanos universalmente reconocidos.
Además del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a la protesta involucra el derecho a la vida, a la libertad de asociación, a la privacidad y a no sufrir detención y reclusión arbitraria, ni tortura y otras penas o malos tratos.
El artículo 9 de la Constitución marca que «No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito» y «no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad».