Impulsan “ley de amnistía” a rebeldes; La iniciativa ciudadana fue elaborada por los expertos de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y firmada por el Comité Cerezo México. Rogelio Hernández López/Milenio

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Organizaciones civiles presentaron una primera propuesta de “ley general de amnistía” que alcanzaría a presos, procesados o perseguidos en materia de fuero común, que hayan tenido el propósito político de alterar la estructura del Estado o el orden social, incluidos a los que hayan formado o sean parte de grupos guerrilleros, siempre que entreguen las armas.

El proyecto, ya formulado en seis artículos y dos transitorios, se entregó a los delegados de la tercera asamblea general del Frente Nacional contra la Represión (FNCR), para su discusión entre todos sus integrantes y consulta con los presos políticos, familiares y organizaciones promotoras de los derechos humanos, con el fin de “ir articulando un acuerdo, con la premisa de que su aprobación no dependerá sólo de la voluntad del Congreso, “sino de la fuerza de la movilización social”.

Tal iniciativa ciudadana fue elaborada por los expertos de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y firmada por el Comité Cerezo México. También fue presentada informalmente, para su conocimiento, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra.

El Frente Nacional contra la Represión, según sus acuerdos del 10 de diciembre, entregará el documento a su comité especial de abogados, académicos, personalidades y dirigentes sociales para que lo analicen, y comience a promoverse una amplia discusión y consulta, especialmente para los afectados que quiere atender.

Los redactores recuerdan que en México han ocurrido tres casos de leyes de amnistía para presos y perseguidos de conciencia y aseguran que en ninguno ha alcanzado a los represores, a los que desaparecen, torturan o asesinan. Aclaran que una ley así no significa perdón, indulto, olvido en la reparación del daño ni que los beneficiados deban renunciar a sus principios.

Igualmente añaden que el último intento de una ley similar en el Congreso fue en 2003, para atender el caso urgente de los 86 presos de conciencia, especialmente de Los Loxichas, Oaxaca, pero por “oposición del PAN y la acotación del PRI fue desechada sin siquiera ser votada”.

Ver en línea : Milenio, 31 de diciembre de 2007

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