«Cerco de silencio»: más de 500 presos políticos en México Cambio de Michoacán

, por  CC_DF01 , popularidad : 1%

En el México de la modernidad neoliberal, en el que si bien existe una mayor apertura informativa respecto a la que se tenía en el pasado, con recurrente frecuencia o bien se tiende un manto de desinformación como en el caso de la III Asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND), o se erige un «cerco de silencio» tal como acontece con la criminalización de los movimientos sociales y, como consecuencia de ello, la existencia de más de 500 presos políticos a lo largo y ancho de la República.

En medio de un cúmulo de información, en la que por su relevancia destaca la que aborda la tragedia tabasqueña y los intentos de la administración calderonista por aprovecharla mediáticamente en aras de una legitimación de la que carece de origen al tiempo que elude responsabilidades, así como la manipulación de los comunicadores oficiales que pretenden ocultar los acuerdos en defensa del petróleo tomados por la CND, han quedado relegadas las denuncias sobre la desaparición de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la del defensor de derechos humanos y luchador social michoacano, Francisco Paredes Ruiz, acontecida hace dos meses.

Recientemente, la organización de defensa de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad - agrupación que nace el 9 de diciembre de 2004, y está conformada por familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos y también por organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos- presentó su informe «La situación de los presos políticos en México», documento con el cual se pretende «romper el cerco de impunidad y que se termine con el ocultamiento y la distorsión de la realidad en que viven los presos y presas políticos».

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad señaló que en el país hay más de 500 presos políticos, aunque precisa que es difícil saber el número real por la poca documentación que existe y por las condiciones en que son llevados sus juicios.

Cabe señalar que desde hace varias legislaturas se han presentado ante la Cámara de Diputados iniciativas de Ley de Amnistía, que no han prosperado debido tanto a la indiferencia de todas las fracciones parlamentarias como a la oposición de hecho del PAN y del PRI.

Ahora la senadora Rosario Ibarra, dirigente del Comité Eureka, que lucha por la presentación con vida de los desaparecidos, retomará la propuesta de alcanzar la liberación de los cientos de presos políticos del país.

En el informe de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad se analizan los casos de los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzempoaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López, como probables responsables del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo. Llevan 22 meses detenidos y aún no se les dicta sentencia.

La red señala que a los hermanos Marcial y Gerardo Tzempoaxtle se les detuvo porque su consanguíneo Andrés está preso, acusado de ser parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En este caso se demanda que el gobierno deje de criminalizar a los familiares de las personas que se asumen como integrantes de grupos rebeldes.

Asimismo, el de los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras, y el indígena nahua Pablo Alvarado Flores, a quienes se acusa de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. «Alejandro fue exonerado en 2005 luego de cuatro años de prisión». En este caso a los detenidos les fueron fabricados delitos, se les torturó y acusó de asociación delictuosa, terrorismo, almacenamiento de armas y cartuchos. Se violó el derecho a un debido proceso y a un juicio justo.
Se denuncia que en realidad los hermanos Cerezo Contreras, destacados estudiantes universitarios, son rehenes de los órganos de seguridad del Estado que de esa manera presionan y/o se vengan de sus padres considerados como dirigentes del EPR. Esto nos muestra el carácter humanista y de respeto al estado de derecho de quienes detentan el poder público.

En el informe en cuestión también se incluye el caso de Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales; ambos purgan una condena de 40 años por los delitos de rebelión, homicidio calificado y tentativa de homicidio. Se señala que se les detuvo por integrar el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Desde su consignación comenzaron las violaciones a sus derechos humanos, fueron torturados y se les coartó su derecho a la defensa.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad explicó que el gobierno mexicano ha dejado de acusar a los presos políticos de delitos como rebelión, conspiración y sedición, para responsabilizarlos de terrorismo, secuestro, delincuencia organizada, homicidio, despojo y narcotráfico, entre otros.

En el país la lucha social y la defensa de los derechos humanos se han convertido en una actividad de alto riesgo, por las constantes amenazas, hostigamientos y las detenciones de luchadores sociales.

En definitiva, la organización exige al gobierno mexicano asegurar que los cientos de presos políticos del país tengan un juicio justo, se les respete el debido proceso y reciban un trato digno en los penales en los que se encuentran recluidos porque ahí son objeto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En la presentación del informe, con justa razón el obispo emérito de Chiapas, Samuel Ruiz, insistió en que en la mayoría de los casos hay una acusación que no tiene fundamento, se saca la confesión o aceptación del reo mediante la represión, opresión y tortura.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, afirmó que México ha hecho «caso omiso» de las recomendaciones de organismos como Naciones Unidas en materia de protección a los derechos. Aquí reiteramos que los crímenes de Estado cometidos el 2 de octubre de 1968 y durante la llamada guerra sucia de los años 60 a 80 permanecen en la impunidad.

Julio Pimentel RAMÍREZ Y ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ

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