Las posturas partidistas U. de Inteligencia-El Financiero

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Los movimientos sociales radicales y de acción directa son proclives a denostar, en la cresta de su movimiento, a la izquierda parlamentaria. A ella acuden, sin embargo, cuando los saldos de la batalla les son desfavorables y las cárceles se llenan de líderes, militantes y simpatizantes.

La mayoría de los encarcelados que el movimiento social reclama como presos políticos y de conciencia del gobierno foxista han sido activos participantes de las movilizaciones y combates callejeros en entidades como Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Guerrero. Los conflictos son contra los gobiernos locales o por la disputa de tierra. Buena parte de los presos son de origen indígena.

En el sexenio foxista fueron aprehendidos los hermanos Cerezo Contreras, a quienes se les identifica entre los más persistentes promotores de una nueva ley de amnistía.

En el marco de la alternancia en el poder presidencial, ha sido la izquierda organizada la que promueve proyectos de amnistía ante el Congreso: lo hizo el diputado del PRD, Adolfo González Zamora, el 11 de abril del 2000, en plena etapa de campañas por la sucesión en Los Pinos; en 2001, el legislador perredista Esteban Daniel Martínez presentó otro proyecto. Ahora, en 2007, se reconoce a la también diputada federal de este partido, Aleida Alavez Ruiz, como tenaz promotora de una nueva legislación en la materia.

Según la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), a la mayoría de los procesados del sexenio foxista se les relacionó con delitos del fuero común y federal, como terrorismo, rebelión, secuestro, motín, sabotaje, conspiración, posesión de armas, fuga de reos, delincuencia organizada, almacenamiento de artificios, homicidio, despojo con violencia y robo.

Las campañas de la izquierda electoral y parlamentaria han sido cada vez menos eficaces para servir de ariete de las demandas de libertad a los presuntos presos políticos, porque sus prioridades están en la lucha por espacios de poder y en la acumulación de fuerzas. Quizá por ello, las organizaciones sociales han encontrado en los espacios de Internet un instrumento para reaccionar rápida y eficazmente en contra de medidas represivas, movilizando conciencias a nivel local e internacional, dando alta visibilidad política a las víctimas, como sucedió en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco, durante el gobierno de Arturo Montiel; con el movimiento de la APPO en Oaxaca, con Ulises Ruiz, y el caso de Lydia Cacho en Puebla, gobernada por Mario Marín. Así evitan que se ejerza el abuso en contra sus presos por parte de cuerpos policiacos.

En el PAN no han apoyado las propuestas de amnistía, aunque sí la libertad individual de asumir postura y caso por caso, como en 2002 con la liberación del general José Francisco Gallardo, Érika Zamora y Efrén Cortés. Por eso llamó la atención cuando el senador Santiago Creel dijo que si el EPR deponía las armas, el Congreso analizaría una posible amnistía. El también senador blanquiazul Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, declaró que estaba por el diálogo con el EPR y abierto a impulsar esa ley.

No pocos creyeron que el PAN había dado un viraje en tan sensible tema, pero su disposición "a ver con buenos ojos la posibilidad de esa ley" quedó en mera postura personal. Ni el gobierno panista, ni sus correligionarios en el Senado estaban en esa frecuencia. Incluso, ni el propio EPR sostuvo esa propuesta y a los pocos días desechó cualquier petición de amnistía, insistiendo, en cambio, en la presentación con vida y liberación de sus dos compañeros presuntamente desaparecidos.

Los gobiernos priistas han sido pragmáticos en el uso de la amnistía. En varias ocasiones les ha tocado ser los receptores del descontento popular, como en Atenco y Oaxaca, pero no han tenido empacho en aplicar medidas de distensión al liberar presos, incluso pagando su fianza con recursos del erario, después de que usaron la fuerza pública para apagar conflictos. En un acto de justicia, el gobierno de Veracruz otorgó la amnistía para los presos indígenas que purgaban penas menores.

Para el senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, la posibilidad de una ley de amnistía es remota y requeriría transitar por un proceso de carácter judicial para hacerse viable.

Dada la falta de compromiso del PRI y el PAN con el proyecto de amnistía, y ante las veleidades de la mayoría de quienes integran la bancada perredista, se antoja difícil que el nuevo Frente Nacional contra la Represión logre articular un gran movimiento por la libertad de los presos políticos, la presentación de desaparecidos y para evitar la criminalización de la protesta y la propia militarización.

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