Opinión: Los asesinatos de defensores del medio ambiente y el territorio crecen en México

Por Laura Castellanos

Laura Castellanos es periodista independiente, escribe sobre resistencias comunitarias contra megaproyectos. Autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’

El líder campesino Francisco Vázquez, opositor de la termoeléctrica de Huexca —parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto del Estado mexicano— fue asesinado el 10 de febrero.

Es el segundo crimen de un luchador social contra la termoeléctrica ubicada en el estado de Morelos. Sus opositores exigen respeto a sus derechos medioambientales y a la consulta libre e informada para el desarrollo de la obra.

El nahua Samir Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT), y del Congreso Nacional Indígena (CNI) —la retícula de resistencias indígenas en defensa del territorio más combativa del país— fue baleado el 20 de febrero de 2019: dos meses y 20 días después de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El crimen de Flores fue el primero de una persona defensora del territorio ocurrido en este sexenio. El gobierno de Morelos detuvo a uno de los presuntos culpables pero Liliana Velázquez, quien fuera su esposa, me dijo que ha sido una simulación: “No queremos que se detenga solo a los asesinos materiales sino también a los intelectuales ¿De dónde vino la orden para asesinarlo?”.

En campaña AMLO rechazó la termoeléctrica, pero ya en el puesto la apoyó y estigmatizó a sus opositores como “radicales de izquierda”. También, con el término “seudoambientalistas”, equiparó a empresarios y sus intereses económicos con las comunidades indígenas que han interpuesto amparos contra el Tren Maya. Con ello ha creado un ambiente hostil que violenta la integridad y los derechos indígenas y agrarios de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

El abogado del FPDT, Juan Flores, me dijo que el asesinato de Samir “es consecuencia de los señalamientos de criminalización, desprestigio y odio (del presidente)”. Y que tanto el asesinato de Vázquez como el de Flores son crímenes de Estado porque fueron perpetrados por intereses económicos y del despojo del agua para construir el PIM.

Flores dice que el presidente mintió en su conferencia de prensa del 10 de septiembre de 2020 al asegurar que se resolvieron todos los amparos contra el megaproyecto, pues hay alrededor de 40 interpuestos, 25 de los cuales son del FPDT.

Al día siguiente del asesinato de Vázquez, acudí al plantón que su grupo mantenía afuera de las oficinas de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla para demandar que se respeten sus derechos. La carpa estaba desolada. Un puñado de campesinos hacía guardia entre sillas vacías. “Hay dolencia, dolencia”, me dijo una persona que contenía el llanto.

Vázquez pertenecía al consejo de vigilancia de la asociación y un día antes de su asesinato denunció que su presidente, Rogelio Plascencia, a quien acusaba de corrupción y buscaba remover, lo había amenazado y temía por su vida.

Un informe del Comité Cerezo señala que, de 2019 a 2021, agentes del Estado apoyados en ocasiones por civiles a su mando, han asesinado a 29 personas defensoras del territorio —15 de ellas indígenas—, seis de ellas mujeres –la mitad indígenas–.

Su informe identifica los casos como ejecuciones extrajudiciales y marca un salto creciente: seis en 2019, seis en 2020 y 16 en 2021. Señala que el nivel de gobierno beneficiado con tales crímenes, según los intereses que enfrentó la causa a la que pertenecía la víctima, han sido en primer lugar autoridades municipales y estatales, seguidas de las federales.

En los años que llevo cubriendo el tema, he observado que la mayoría de las personas defensoras viven en lugares rurales o en zonas conurbadas. Y que resguardan sus ecosistemas y tierras enfrentando intereses locales, federales, empresariales y criminales. En muchas ocasiones carecen de asesoría legal o medios económicos.

Las resistencias indígenas son más vulnerables. El CNI lleva su propio registro de casos, muchos desconocidos por suceder en comunidades apartadas. Durante el actual gobierno ha documentado 33 asesinatos de sus integrantes —entre ellos seis mujeres— y cuatro desapariciones. Es el periodo más violento desde su fundación, hace 25 años.

Una de las organizaciones del CNI más agredidas ha sido el FPDT, surgido hace una década a raíz del inicio del PIM, que cuenta con una inversión de 20,000 millones de pesos e incluye dos termoeléctricas, un acueducto y un gaseoducto que pasará por tres estados.

Flores afirma que afectará a más de 60 comunidades y que el rechazo del FPDT ha llevado a sus integrantes a vivir estigmatización, amenazas, tortura y encarcelamientos ilegales; las comunidades han sufrido la creación de grupos de choque, cierre de sus radios comunitarias, la presencia del Ejército durante una consulta pública sin representatividad hecha por AMLO y el asesinato del defensor indígena.

Esta violencia institucional ya se ha ejercido contra otras luchas en defensa del territorio. Mientras el Estado las aplasta, incumple su deber de proteger a quienes se acogen al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación y es responsable de garantizar la vida de quienes defienden el medio ambiente y el territorio.

El mecanismo ha sufrido recortes y su operación es ineficiente, como lo expuso el caso de la indígena Irma Galindo, del pueblo Ñuu Savi. El 27 de octubre de 2021 la defensora de los bosques de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, desapareció tras denunciar el ataque de criminales armados a su comunidad y los desplazamientos forzados de sus habitantes.

Ese día intentó ingresar a la conferencia matutina de prensa de AMLO en Ciudad de México, pero se lo impidieron por no ser periodista, según narró en el último mensaje que hizo en su cuenta de Facebook. Ella estaba en la capital para atender una reunión con la junta de gobierno del Mecanismo que analizaría su caso pero no llegó a la cita, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México.

La red advirtió que desde 2018 la defensora fue perseguida, sufrió la quema de su casa y amenazas de muerte porque denunció a la Secretaría del Medio Ambiente la tala indiscriminada del bosque por parte de un aserradero, el cual contaba con un permiso de la institución y la colusión de autoridades locales. La secretaría ignoró su denuncia y, en un primer momento, el Mecanismo valoró que su vida no corría riesgo. La dejó a su suerte y sigue desaparecida.

Tras la desaparición o el asesinato de una persona defensora del medio ambiente y del territorio las luchas comunitarias quedan más indefensas, en ocasiones descabezadas, sumidas en el dolor, la incertidumbre y la rabia.

Las personas defensoras del medioambiente y el territorio en México seguirán en riesgo potencial mientras el Estado no respete sus derechos comunitarios, garantice su acceso a la justicia y fortalezca el financiamiento y las medidas del Mecanismo de Protección, dotándolo de una perspectiva de género. De no hacerlo, seguiremos atestiguando los crímenes contra quienes resguardan nuestros bosques, aguas y ecosistemas con tanto celo.