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Sobre la visita del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

Martes 16 de noviembre de 2021, por Comité Cerezo México

* La base de este Pacomentario es el documento leído por los miembros de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada ante los miembros del Comité Contra las Desaparición Forzada de visita en México

Ayer 15 de noviembre las organizaciones de la sociedad civil mantuvieron una reunión del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, quienes después de 8 años lograron venir a México, puntualizando que en el sexenio de Peña Nieto y en el de Calderón no se les extendió la invitación para venir al país y que es hasta con este gobierno que se logra la apertura suficiente para que nos visitaran.

Dentro de las organizaciones que tuvieron la reunión se encuentra la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, dentro de la cual como Comité Cerezo México participamos desde hace 11 años.

Se les leyó un documento y lo primero que señalamos fue que desde agosto de 2010 hemos documentado y evidenciado que la práctica de desaparición forzada en México es una política de Estado, la cual se ha cometido de manera generalizada y sistemática desde la década de los 60s y que desafortunadamente persiste hasta nuestros días.

Que al igual que en los sexenios anteriores, este gobierno mantiene la política de simulación, ya que no hay una política integral que, de respuesta a la impunidad, pareciera que hay una apertura y cambio hacia este fenómeno de la desaparición forzada, la realidad es que no se ha dado muestras concretas para alcanzar la verdad y la justicia en miles de casos.

Que hay una política estatal de no reconocer que muchos casos se cometen contra defensores de derechos humanos por la labor que realizan, que hay una política que se enfoca en algunos casos, dejando de lado miles de otros casos.

Que nos preocupa el trato de permisibilidad y encubrimiento que el gobierno sigue dando a las fuerzas armadas, a quienes en lugar de investigar y sancionar por las graves violaciones a los derechos humanos que estos han cometido, se les premia para continuar en las calles con mayores facultades en materia de seguridad pública y cargos civiles, cuando su compromiso había sido el de regresar a estos a sus cuarteles y que los responsables que se encuentran entre los altos mandos del ejército y la marina actualmente siguen impunes y sólo en contados casos existe una investigación en su contra, la cual casi nunca llega a una sentencia condenatoria.

La muestra de lo anterior es que, por lo menos en los casos que hemos documentado como Campaña Nacional contra la Desaparición forzada en ningún caso se sabe que los responsables tanto intelectuales como materiales hayan sido condenados y se haya dado el esclarecimiento de los casos.

Desde enero del 2006 a mayo de 2021, la Campaña ha documentado 194 casos de desaparición forzada cometidos en contra de personas defensoras de los derechos humanos y 2 miembros de un grupo insurgente. De los cuales en ningún caso los hechos han sido investigados y mucho menos sancionados los responsables, sólo en el caso de los dos luchadores pertenecientes del grupo insurgente se tienen algunos detenidos, sin que hasta la fecha los altos mandos involucrados en su desaparición forzada hayan sido investigados. Lo cual indica que se continua con la política de omisión al remarcar que los casos no han sido cometidos en el sexenio actual y por ende no existe una política específica para abordar los casos de desapariciones forzadas y mucho menos los casos de desapariciones forzadas en contra de personas defensoras de los derechos humanos.

Otro punto que queremos destacar es que este gobierno sigue sin reconocer las cifras reales de casos de desapariciones forzadas, dado que sus registros oficiales siguen siendo ambiguos y demasiado generales, sin especificar cuántas de las desapariciones que han sido registradas están consideradas como desapariciones forzadas, cuántas fueron cometidas a manos de particulares y cuántas están consideradas como ausentes o no localizadas. Con lo que se continúa la política, desde el Gobierno Federal, de minimizar o invisibilizar las desapariciones forzadas dentro de las cifras generales de personas desaparecidas, y más las desapariciones forzadas en contra de personas defensoras de derechos humanos, las cuales es importante mencionar, siguen sin aparecer en los registros oficiales.

Debemos reconocer que en el periodo actual los casos de desapariciones forzadas en contra de personas defensoras de derechos humanos no se han incrementado, aunque no han dejado de cometerse y lo grave sigue siendo que no existe una voluntad política real para terminar con la impunidad, dado que ni en los casos actuales, ni en los de gobiernos anteriores ha habido un esclarecimiento de los casos que permita hacer creer que las cosas en materia de acceso a la verdad y la justicia y garantías de no repetición son reales.

Para terminar este documento se exige que el Estado mexicano abandone la práctica de la desaparición forzada y cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción en todos los casos de desaparición forzada ocurrida hasta nuestros días, lo que significaría la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada o, por lo menos, la información sobre su paradero real.

Que asuma su responsabilidad en la búsqueda e investigación de los casos en que las victimas por razones políticas han sido detenidas desaparecidas, incluyendo una política clara y concreta que permita el acceso real a la verdad y la justicia, y el fin a la impunidad

Que cree el Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, como un órgano independiente e imparcial y

Que el Estado mexicano anule la política restrictiva respecto a la temporalidad de la Comisión de la Verdad (1969-1990) y extienda la temporalidad hasta el año y día de publicación del decreto presidencial para que las víctimas de desaparición forzada por motivos políticos de 1990 hasta la actualidad puedan ser incluidos dentro de dicha Comisión.

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