Oaxaca, cementerio para defensores comunitarios que se oponen a cacicazgos y megaproyectos

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En tanto, el Informe del Comité Cerezo México resaltó que pese a la pandemia, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial por motivos políticos en el país durante el 2020 y Oaxaca encabeza la lista con seis casos.

Por Pedro Matías | 03 de febrero, 2021

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El defensor comunitario Fidel Heras Cruz “amaba la naturaleza, amaba su río, amaba a su familia y por eso regresó a su tierra después de trabajar 15 años en Estados Unidos para dedicarse al campo y a defender a su comunidad del caciquismo y los megaproyectos”, afirmó la activista Ana María García Arreola.

Ahora, Fidel Heras Cruz, de 41 años de edad, pasó a ser parte de las negras estadísticas de la violencia que imperan en Oaxaca contra de luchadores sociales y defensores comunitarios, al convertirse en el primer crimen de un defensor comunitario en 2021.

El atentado se perpetró este sábado 23 de enero de 2021, alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) resaltó que en el 2020 documentó al menos siete casos de personas defensores comunitarios de derechos humanos que habrían sido asesinadas por razones posiblemente vinculadas a su labor de defensa y el caso de Fidel sería el primero en 2021.

Mientras que Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad afirmó que durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa han sido asesinadas al menos 25 personas defensoras de derechos humanos.

En tanto, el Informe del Comité Cerezo México resaltó que pese a la pandemia, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial por motivos políticos en el país durante el 2020 y Oaxaca encabeza la lista con seis casos.

A 12 días del crimen, no hay ningún detenido ni avance en las investigaciones, razón por la que más de mil organizaciones nacionales e internacionales exigieron justicia al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

En entrevista en Radio Universidad, Ana María García Arreola, quien forma parte de la dirección colectiva de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), y quien acompañó el proceso de resistencia de la comunidad contra el proyecto Paso de la Reina y ahora del Río Verde, afirmó que este nuevo crimen ha sacudido la conciencia del activismo nacional.

Recuerda que Fidel era un excelente padre de familia, aunque en los últimos días se le veía decaído porque su mamá falleció por covid-19 y su papá enfrentaba también una crisis de salud.

“Fidel nació en Paso de la Reina, agencia del municipio de Santiago Jamiltepec. Era campesino. Había estado trabajando alrededor de 15 años, estuvo en Estados Unidos y regresó junto con su familia a dedicarse al campo.

“Una de sus preocupaciones es que era el jefe de familia y tenía que atender a su papá, sus hijos e hijas, era un hombre comprometido con sus amores cercanos, su familia, el río y su comunidad”.

Recuerda que Fidel estaba muy comprometido con los servicios de su comunidad, por eso le tocó servir como agente, presidente del Consejo del Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y recién, en septiembre pasado, fue nombrado presidente el Comisariado Ejidal.

Considera que este crimen se da en este contexto por la defensa de su río, particularmente en esta lógica de extractivismo y saqueo de bienes, ha sido muy perversa porque lleva a fenómenos de violencia.

“La región de la costa es la zona mas violenta en Oaxaca porque existe una diversidad cultural importante donde conviven indígenas chatinos, mixtecos, afromexicano y mestizos que han sufrido discriminación y una lógica política centrada en poderes fácticos económicos. A raíz de esto, siempre la disputa de los bienes ha sido el centro la violencia”, añadió.

Resaltó que “conforme se ha ido configurado la economía regional, ha tenido etapas de los despojos, iniciando con el despojo de tierras productivas porque hay mucha agua en esa región y han dado origen a pequeños latifundios a la orilla del río y hace varios años se promovió por parte de un diputado que la CFE pudiera construir una hidroeléctrica de grandes dimensiones y con poderes facticos querían obtener ganancias”.

Sin embargo, la comunidad de Paso de la Reina y varios municipios tenían su embalse en el río Verde los llevó a un proceso de 12 años de resistencia hasta que se logró detener el proyecto y está temporalmente suspendido porque no se lograron terminar los estudios finales, ahora están a la espera de la cancelación definitiva.

Posteriormente, hace dos años a raíz de la reforma energética se abrió a una disputa donde la CFE junto a una empresa dieron a conocer un estudio que proyectaba una mini hidroeléctrica de nombre Río Verde donde los más afectados serían los municipios de Santa Cruz Zenzontepec y Santiago Ixtayutla, pero se logró cancelar aunque en febrero del año pasado volvió a activarse.

Entonces, abundó, “los ríos no solo son vistos como fuente de vida sino de riqueza, son proveedores de agua, biodiversidad y materiales pétreos y actualmente la extracción de materiales pétreos va en incremento de manera grave.

“Y Copudever y Paso de la Reina tienen estrategias comunitarias, tratando de contener de estas amenazas, pero los materiales pétreos pone una violencia mucho más local y en riesgo a defensores y defensoras que tienen que amenazas al territorio, al cuerpo y al territorio de la familia”.

Resaltó que el representante de la ONU-DH en México, Guillermo Fernández-Maldonado, manifestó que “el asesinato del señor Heras Cruz es una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en muchos lugares del país”.

Fernández-Maldonado agregó que “la percepción de que es posible asesinarlas y así debilitar el activismo en defensa de los derechos humanos, como la defensa del territorio y del medio ambiente, se ve fortalecida con cada asesinato que permanece en la impunidad”.

Considera que “únicamente la investigación efectiva de estos hechos, que logre llevar ante la justicia tanto a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales, será capaz de enviar un claro mensaje a los perpetradores de que no escaparán de la sanción de la justicia”, señaló.

Hizo hincapié que “el señor Heras Cruz había recibido amenazas vinculadas a su labor en múltiples ocasiones.

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el señor Heras había recibido un “anónimo” con amenazas de muerte dos días antes de su asesinato.

Es importante que las investigaciones consideren dichas amenazas, así como la posible vinculación de su asesinato con su labor de defensa de la tierra y el territorio”, puntualizó.

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