INFORME: 14 Personas defensoras de Derechos Humanos ejecutadas extrajudicialmente en el 2020

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2020 del gobierno de AMLO es de 14 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

PRESENTACIÓN

El presente trabajo es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México desde el 2008 y que damos continuidad por sexenio desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 01 de diciembre de 2018, hasta la fecha.

Algunos casos documentados que estamos presentando ya fueron hechos públicos en el último informe que Acción Urgente Para Defensores de Derechos Humanos AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentó en agosto de 2020.

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos.

Para iniciar es necesario aclarar el término ejecución extrajudicial y recuperar su significado desde los derechos humanos:

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto, se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005).