Desde abril, al menos en 12 manifestaciones se han violado derechos humanos

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 16%

Comité Cerezo puntualiza que “en estados donde el gobierno federal excusa no poder intervenir es una forma silenciosa que perpetúa la impunidad, caldo de cultivo que permite que las graves violaciones a derechos humanos documentadas sigan ocurriendo en contra de las personas defensoras de derechos humanos”.

lexis, una joven de 20 años, salió de su casa para vender un cigarro electrónico. Nunca regresó, la asesinaron. Su cuerpo fue encontrado con señales de violencia, en Cancún, Quintana Roo.

Esa fue la razón por la que cientos de mujeres salieron a las calles de Cancún a exigir justicia, el pasado 9 de noviembre. La manifestación fue dispersada a balazos por la policía municipal.

Minutos después de que la marcha llegara al Palacio Municipal de Cancún, “un grupo de policías municipales se abrió paso entre manifestantes lanzando disparos al aire y al piso”, reportó el portal de noticias Animal Político.

Cecilia Solís, periodista de Energy FM y Roberto Becerril, periodista de La Verdad, resultaron heridos de bala. Mientras que dos colegas más tenían heridas por golpes: Santiago Rodas, reportero gráfico de la agencia Quadratín, y Selene Huidrobo, reportera de televisión del Grupo Sipse.

Dos días después, un grupo de mujeres de la Ciudad de México protestó en contra de la represión a la marcha de Cancún. Durante su trayecto hacia la casa de la Representación del estado de Quintana Roo, ubicada en la colonia Roma de la capital, las manifestantes fueron rodeadas por policías. Las encapsularon.

Desde abril y hasta la fecha, al menos 12 manifestaciones han sido reprimidas por autoridades gubernamentales violentando los derechos humanos de las personas que protestaban. Nueve de esas manifestaciones han sido para protestar por hechos relacionados con la violencia de género, como el feminicidio, de acuerdo con una investigación hemerográfica realizada por Cuestione.

En septiembre, varias organizaciones como Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Derechos Humanos y ProDesc declararon un alarmante incremento de la represión del derecho a la protesta y la violencia policial contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos.
Uso excesivo de la fuerza

Dispersar una manifestación disparando balas al aire o al piso, como ocurrió en Cancún, es un uso desproporcionado de la fuerza. Ese es un mecanismo de contención que pone en notoria desventaja a las y los manifestantes, nos dijo Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de la organización Amnistía Internacional México.

Incluso, los encapsulamientos que las autoridades de la Ciudad de México han realizado a mujeres manifestantes podrían considerarse detenciones arbitrarias por haberlas retenido demasiadas horas, declaró Reneaum Panszi, en entrevista con Cuestione.

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Más víctimas mujeres, misma indiferencia

Según la organización social Comité Cerezo, en la actual administración han ocurrido menos violaciones graves a derechos humanos contra personas defensoras de alguna causa. Sin embargo, “el uso de la detención arbitraria muestra un aumento en el número de víctimas del sexo femenino”.

Cinco de cada 10 detenciones arbitrarias se cometieron contra mujeres defensoras de derechos humanos, entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020, lo que en años previos fluctuaba entre 15 y 25%, de acuerdo con el informe Defender los Derechos Humanos en México de Comité Cerezo.

En el informe de dicha organización también se señala que en el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, “hay simulación, omisión y falta de compromiso para resolver las graves violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, e incluso, durante el actual”.

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Hay más represión a nivel estatal

Los responsables de los eventos de represión de manifestantes (registrados por Cuestione) fueron las autoridades estatales y/o municipales como Cancún, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Ciudad Juárez, Culiacán, León, Ciudad de México, entre otras.

Comité Cerezo puntualiza que “en estados donde el gobierno federal excusa no poder intervenir es una forma silenciosa que perpetúa la impunidad, caldo de cultivo que permite que las graves violaciones a derechos humanos documentadas sigan ocurriendo en contra de las personas defensoras de derechos humanos”.

Durante el periodo de estudio de dicha organización se registraron seis detenciones arbitrarias realizadas por el gobierno federal, contra 58 a nivel municipal y 88 a nivel estatal.
¿Qué debería estar haciendo el gobierno?

Tania Reneaum considera que el Estado debe reflexionar sobre tres caminos:

  • No todas las violencias se resuelven con el sistema de justicia penal. México ha optado por más penas y/o por ampliar el catálogo de penas. No hay una política preventiva para combatir la violencia contra las mujeres.
  • Hay que fortalecer el Sistema de Procuración de Justicia. Amnistía ha documentado casos de mujeres que buscan justicia para sus hijas asesinadas, en los que el Ministerio Público pierde la evidencia o no la resguarda, no analiza el entorno próximo de las víctimas.
  • Hace falta el plan de violencia contra las mujeres que, a casi dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. La política de Estado de prevención que se requiere no es de seis años, sino que trascienda sexenios.

“Todos los partidos deberían estar en concierto de que la violencia contra las mujeres debe parar y debe tener atención prioritaria con un programa a largo plazo”, concluyó Reneaum.

Hasta ahora van dos personas detenidas por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, nombre real de Alexis. Tres hombres más permanecen bajo investigación, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, no todas obtienen justicia. Siete de cada 10 feminicidas en México, aún se encuentran en libertad.

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