Defender los derechos humanos en México: La impunidad no termina Informe junio de 2019 a mayo de 2020, caso Chiapas

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 15%

Elaborado por Acción Urgente para Defensores de De Derechos Humanos AC, El Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada

Informe de la situación de derechos humanos en el estado de Chiapas

Introducción

El presente informe documenta el contexto y situación de violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en el estado de Chiapas durante el periodo del 1º de junio de 2010 al 31 de mayo de 2020.

Contexto general del estado de Chiapas

Desde años atrás, que iniciaron los esfuerzos por documentar y realizar informes como el presente, el estado de Chiapas se ha mantenido a la cabeza en las cifras de violaciones y agresiones a personas que defienden derechos humanos.

La llegada al poder de MORENA no implicó en Chiapas un cambio en la lógica represiva, toda vez que las mismas dinastías familiares que han gobernado a ese estado se mantienen en el poder.

La represión que se vive en ese estado contrasta con lo dicho por AMLO: “Nosotros no reprimimos”, en referencia a la represión que ejecutan instancias federales; sin embargo, lo que sucede en Chiapas lo contradice: el partido que llevó al poder al actual presidente es el mismo que gobierna Chiapas y ello es también reflejo de los intereses y pactos a nivel local que tuvo que conceder.

Chiapas, es actualmente gobernado por Rutilio Escandón, quien llegó al poder bajo las siglas de MORENA, pero esto no supuso un cambio en la lógica represiva que impusieron gobiernos anteriores: el actual gobernador proviene de las mismas dinastías familiares que han gobernado por cientos de años. La estructura represiva se mantiene incólume, en particular la ejercida por grupos paramilitares. Estos grupos han sido la mano siniestra de gobiernos anteriores y que por complicidad están aliados actualmente a gobiernos estatales, tanto de los provenientes de partidos de la oposición de derecha como de MORENA, como es el caso de Chiapas.

Este hecho no exonera de ninguna manera al gobierno de AMLO: si el perpetrador es un agente del estado la responsabilidad en materia de derechos humanos recae también en el ejecutivo federal, por esto mismo es importante desmenuzar quiénes son los perpetradores y su relación con los beneficiarios de las VDH con el fin de obtener un análisis de la realidad que nos permita ver las tendencias generales y vislumbrar a futuro las tendencias represivas del gobierno actual.

Tampoco es justificación del presidente el argumento de respeto a las competencias locales y autonomía de las entidades federativas: en materia de derechos humanos el responsable de garantizar el respeto y protección a los derechos humanos y, por ende, de sancionar a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos, es el gobierno federal.

Como observamos en la gráfica, en el estado de Chiapas el principal perpetrador de las violaciones a derechos humanos es la policía estatal y el principal beneficiario de las mismas es el gobierno estatal, aunque no es de soslayar que el gobierno federal también se ha beneficiado de esta dinámica represiva local si bien en menor medida.

Así mismo, el principal derecho que ejercían las víctimas de las VDH era el derecho a la protesta, derecho humano que el Estado busca reprimir a través de detenciones arbitrarias y desalojos masivos para desarticular su ejercicio o frenarlo.

Por último, es importante señalar el embate represivo que ha vivido el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), si bien no sólo en Chiapas, es en este estado donde uno de sus integrantes fue ejecutado extrajudicialmente por parte de grupos paramilitares y otro fue desaparecido forzadamente por policías municipales.

Estas dos violaciones a derechos humanos son consideradas como extremadamente graves por sus efectos.

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