El Estado y las garantías de no repetición

El Estado es el organismo encargado de garantizar los derechos humanos, dado que concentra los recursos económicos, políticos y jurídicos necesarios para brindarlos. Sin embargo, en el sistema capitalista el Estado responde a los intereses de la clase burguesa, quien lo instauró como una dictadura para dominar a la clase trabajadora, pero con una apariencia de democracia para engañar al pueblo.

Esta es una situación contradictoria, en la que se espera que el Estado brinde derechos a toda la población, mientras que en los hechos es un instrumento de represión ante la protesta de la clase trabajadora. Ya sea abiertamente con un sistema judicial que criminaliza a los defensores de derechos humanos, o de modo cobarde y clandestino con el paramilitarismo, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la detención arbitraria.

En otras palabras, mientras los Estados capitalistas se jactan de firmar tratados internacionales en derechos humanos, en los hechos reprimen brutalmente a la clase trabajadora que exige sus derechos.

Lo importante es que con la herramienta de los derechos humanos se posibilita vislumbrar que el enemigo de la clase trabajadora no es éste o aquél empresario, sino la clase burguesa en su conjunto, la cual concentra su poder en cada Estado capitalista, por lo que se clarifica que para reclamar sus derechos humanos, los trabajadores deben luchar por tomar el poder del Estado y no sólo contra cada capitalista en lo particular.

Ante una violación grave a los derechos humanos, tal como una desaparición forzada, las víctimas exigen los derechos a la memoria, la verdad y la justicia, así como a la reparación integral y a la garantía de no repetición. Mientras que el Estado intenta negar todos estos derechos, dado que no le conviene admitir que es el perpetrador.

De este modo, el Estado busca que las víctimas y la sociedad olviden el hecho, desgastándolos en procesos jurídicos, atentando así contra el derecho a la memoria. También tergiversa los hechos para deslindar su responsabilidad, con lo que atenta contra el derecho a la verdad. Además, niega el castigo a los responsables o sólo lo limita a los mandos más bajos, con lo que impide el derecho a la justicia. De ninguna manera busca resarcir el daño, o lo limita a una cuestión económica, con lo que impide la reparación integral. Tampoco desmonta las estructuras que hacen posible tales violaciones a los derechos humanos, con lo que no garantiza la no repetición de tal injusticia.

Este último derecho humano, el de la garantía de no repetición, es el que nos permitirá desmontar las estructuras legales e ilegales que permiten y ejecutan las violaciones a derechos humanos.