Por la dignidad y contra el olvido

En Octubre conmemoramos dos casos emblemáticos de la impunidad en México, defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente por el Estado mexicano.

Digna Ochoa y Plácido, abogada nacida en Veracruz, integrante del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, defensora de los más desprotegidos en México.En los años ochenta y noventa litiga los casos penales más delicados, en los que está involucrado el Ejército y los servicios de seguridad pública. Casos como el de los presuntos Zapatistas de Yanga, Veracruz y el Estado de México (1995); de las matanzas de Aguas Blancas y el Charco, en Guerrero (1995); Acteal en Chiapas (1997). Así como también el caso de los hermanos Cerezo Contreras que fueron detenidos arbitrariamente y de los ecologistas guerrerenses presos, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en los que ella pudo demostrar que los militares habían torturado a los campesinos.

Había intereses políticos y económicos que Digna estaba tocando. A consecuencia de su labor sufrió amenazas en varias ocasiones y un secuestro, delitos jamás investigados por la Procuraduría. Fue asesinada en su despacho en la CDMX, tenía en su cuerpo dos heridas de bala calibre 22, un disparo en la cabeza y otro en la pierna.

Los primeros dos años de investigación concluirán, según los registros periciales, que se trataba de un asesinato, pero cuando inevitablemente se llegaba a apuntar al ejército, las investigaciones dieron un vuelco diciendo que se trataba de un suicidio.
La Fiscalía especial, creada por presiones internacionales, dirigida por Margarita Guerra, Bernardo Batiz, Procurador General de la República, y el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, cerraron el caso alegando suicidio, a pesar de los testimonios y dictámenes periciales que afirmaban que por lo menos una persona había participado violentamente en su asesinato. Agregaron que, en su peritaje psicológico forense, Digna tenía una situación mental tan inestable, que ella misma simuló su asesinato. Estigmatizándola y menospreciando su labor.

Otro caso igual de indignante es el de Heriberto Pasos Ortiz, asesinado el 23 de octubre de 2010, fundador y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Luchador en contra de la represión que se daba por las policías preventivas y el ejército en San Juan Copala, Oaxaca. Sus principales planteamientos eran la lucha por una clínica, carreteras, acceso a la educación y vivienda.

Que estos casos queden para la memoria colectiva, ante lo cual todos debemos elevar la voz, hacer sentir la firmeza de nuestro compromiso y exigencia hacia la investigación tendiente al castigo a los culpables. ¡Mientras permanezcan impunes estos crímenes, sigue la amenaza contra los defensores de derechos humanos y toda aquella persona que impulse el avance de la justicia y la dignidad!