¿Por los derechos del pueblo, quién habla?

En los días del coronavirus, que acecha las vidas de todas las personas que salen de su casa, existe un grupo de personas que no quiere que dejemos de salir, aún cuando esa disposición va en contra de las medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”. Este grupo de personas está dispuesta a arrancarnos hasta el último momento en que podamos salir, a costa de nuestra salud, de nuestra vida y la de nuestras familias.

Es un grupo de empresarios que dice que no va a detener sus empresas, aunque no sean actividad primordial, que dice que aunque deban 50 mil millones de pesos no va a pagar impuestos, pero eso sí, si no pagamos el bimestre de luz piden que nos la corten. Entre esas empresas encontramos al Grupo Salinas, que adeuda 37 mil millones de pesos y que ha mantenido trabajando a sus empleados, lo cual ya ha cobrado su primer víctima.

Como si fuera poco, el conjunto de empresarios organizados en el Consejo Coordinador Empresarial exigen descaradamente 97 mil millones de pesos para el rescate su sector, sin distinguir entre el pequeño negocio y la gran empresa, que gana millones por minuto.

Y aunque se conozca que han cerrado algunos negocios por dar precios altos, y otras empresas por seguir laborando, aún está ocurriendo. Por ello, el Estado tiene que dar castigo ejemplar a quienes quieren seguir lucrando a costa del pueblo.

Aunque muchas familias reciben su aportación por los niños en la escuela y los mayores de sesenta la pensión adelantada, muchos estamos atados de manos. Pocas familias continúan percibiendo un salario sin salir de su casa, muchas otras no tienen más opción que seguir saliendo para alcanzar la papa a su familia.

Para que podamos estar guardados en nuestras casas, necesitamos tener garantizados los alimentos necesarios para nuestras familias. Por lo tanto, el Estado debería estar cobrando y sancionando a las empresas que no cumplen con las medidas sanitarias, a aquellas que no quieren pagar. Ese ingreso debería servir para la manutención del pueblo, en este periodo e incluso fuera de él, a través de un impuesto progresivo a su ganancia, si gana más que pague más.

¿Al pueblo quién lo rescata del hambre? ¿Por nuestro pueblo quién habla?

Si el Estado no hace algo con los empresarios que sea definitivo, para proteger los derechos de nuestra gente, si no establece mecanismos que den un castigo ejemplar a las empresas que quieren continuar explotándonos a costa de la vida, quiere decir que está siendo omiso. Así, permite se vulneren derechos humanos que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar.

Así que el Estado mexicano más que nunca, debe decidir con quién está, con el pueblo o con los que lo dañan. Así como los empresarios se organizan para exigir millones al gobierno, como pueblo tenemos que organizarnos para exigir que podamos vivir dignamente, en el contexto de la pandemia y fuera de ella, en la vida común.