Derecho a la educación sin democracia tecnológica

De junio de 2018 a mayo del 2019, durante el mandato de Enrique Peña Nieto en México, la educación fue el tercer derecho humano defendido por las víctimas de detención arbitraria, después de la protesta y la autodeterminación territorial según el informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?

En el actual contexto de la pandemia del COVID-19, la educación como principal institución social ha reaccionado según las medidas indicadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la suspensión de actividades, o bien, la reanudación de las mismas a distancia. Ésta última medida ha generado diversas críticas ya que ha supuesto una mayor presión a las responsables del hogar y del cuidado de los hijos, es decir, a las mujeres.

Por su parte, la educación superior, en específico la Universidad, se enfrentó a la paradoja de seguir adelante con sus actividades en un panorama no muy propicio. A saber:

En México hay 80.6 millones de usuarios de internet, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares realizada en 2019, lo que representa al 70% de la población nacional de seis años o más. De esos 80.6 millones, los que cuentan con computadora portátil son 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9%. En las ciudades el porcentaje de acceso a internet (ya sea con computadora o smartphone) es de 76%, mientras que en las comunidades rurales es de 47.7%.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), propuso en la lógica de la educación a distancia el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER). En la última sesión del Colegio Académico, el máximo órgano rector de dicha institución, el proyecto fue aprobado. Sin embargo, quienes estuvieron en contra de dicho proyecto fue el sector estudiantil.

El proyecto, apostó más por la defensa de su calendario escolar (ya debilitado por la legítima huelga de los trabajadores), que a la educación de su población más vulnerable: alumnos y alumnas quienes se encuentran en los porcentajes de población con nulo acceso a internet o un dispositivo electrónico. Se trata de una universidad neoliberal, productivista y competitivista. La máxima fue, que no se puede permitir que unos alumnos se atrasen por otros. Esos otros a los que el derecho a la educación queda suspendido por la falta de otro más: el del acceso a internet y medios tecnológicos. .

Fueron los representantes de las y los alumnos, desde la precariedad de sus conexiones y condiciones de vida, los que criticaron ese proyecto porque no los tomaron en cuenta, porque tiene efectos discriminatorios y se desatiende de las condiciones materiales de vida de miles de estudiantes que van al día, viven en hacinamiento, pobreza o en condiciones de violencia o poco idóneas para estudiar.

La pandemia evidenció así lo que la educación pública había ocultado. En el centro de su discurso democratizador, aún continúan las desigualdades de clase manifiestas en el acceso a internet y tecnología. Este artículo, escrito con un deficiente acceso a ambas, no habría sido posible hacerlo llegar de no ser por un trabajo colectivo.

La otra cara de ésta situación radica en la organización, en lo que sigue para resolver lo que se ha evidenciado. La lucha de clases nunca estuvo tan evidente.