En plena pandemia, el Estado se queda corto ante la violencia de género

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 7%

Mientras hemos estado en las medidas de confinamiento social que se han tomado a nivel mundial para enfrentar la crisis sanitaria provocada por COVID-19, se ha presentado un aumento en los casos de violencia doméstica. Ésta abarca el abuso físico, la agresión sexual, el abuso emocional y psicológico, el control económico, el aislamiento social y cualquier otra conducta que pueda causar miedo a una persona, siendo las mujeres, las niñas y los niños, los más vulnerados dentro de los hogares.

Antes de la pandemia mundial, la violencia doméstica ya era un problema público, de los más alarmantes a nivel mundial. Según datos de ONU Mujeres, en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo, han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Lo anterior debería significar un asunto prioritario en términos de política pública, sobre todo en estos momentos de aislamiento, en el que representa un incremento grave del riesgo que corren las mujeres.

En México, la Red Nacional de Refugios, entre el 17 de marzo y el 20 de abril, ha brindado orientación y atención a través de sus líneas telefónicas y redes sociales a dos mil 633 personas, de las cuales el 76.26% son mujeres, lo que representa un incremento del 80 por ciento en las llamadas y mensajes que recibían antes del confinamiento social por COVID-19. El 19% de las mujeres que se comunicaron ya habían solicitado anteriormente apoyo de las instituciones gubernamentales competentes, sin recibir respuesta ni atención oportuna.

Lo anterior, evidencia un déficit importantísimo del Estado mexicano al no garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; obligación establecida en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, sucedida en La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995. Sin embargo, el Estado mexicano no está respondiendo a dicho compromiso, mostrando una carente voluntad política para hacer frente a este repunte de la violencia doméstica.

El gobierno mexicano está obligado a tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales en vigor, castigar los actos de violencia contra la mujer, ya hayan sido cometidos por el Estado o por particulares. Además de trabajar activamente para aplicar todas las normas e instrumentos internacionales relacionados con la violencia contra la mujer, incluidos los contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Si bien el gobierno anunció como parte de las acciones con perspectiva de género durante la contingencia, los Servicios Especializados de Atención a la Violencia, orientados a que las víctimas reciban atención médica integral contra violencia de género y violencia sexual; será necesario que se garantice también el acceso a los servicios de impartición de justicia, acciones que además demandan una coordinación entre las distintas instituciones responsables.

De esta manera, ante el incremento de la violencia contra las mujeres ocurrido durante la actual crisis sanitaria, el Estado mexicano debe garantizar el correcto funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres a pesar de las medidas implementadas durante la contingencia, que de acuerdo al informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ha consistido en la reducción del personal que los opera hasta en un 50 por ciento. Además, se han reducido los horarios de atención que regularmente son de 24 horas de lunes a domingo; limitándolos a horarios de atención presencial que abarcan entre 4 y 6 horas por día únicamente de lunes a viernes, en estados como Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit, y Morelos. Y en otros estados, brindando atención mayormente por vía telefónica.

Asimismo, cabe señalar que el Decreto presidencial por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que se publicó el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, no contempla como “programas prioritarios” a los contenidos en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, destinados para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Lo anterior sucede pese al llamado urgente de organizaciones nacionales e internacionales, que señalan el riesgo que representa este aumento de la violencia contra las mujeres en estos momentos de confinamiento social. El Estado mexicano parece empeñado en ignorar la gravedad y la magnitud del problema, omitiendo las especificidades de este tipo de violencia, que apuntan a que el aislamiento social les limita el acceso a medidas de atención y protección vulnerándolas aún más. El Estado ha decidido no considerar prioritaria la protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños.

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