En la cuarentena por COVID-19 deben cuidarse los derechos humanos

El Comité Cerezo advierte que el aislamiento social debe darse desde la perspectiva de los derechos humanos, pues se corre el riesgo de vulnerar a las personas de bajos recursos

Por Jade Ramírez Cuevas Villanueva - 25 marzo, 2020

Guadalajara, Jalisco.

Para la organización civil Comité Cerezo, una cuarentena como la que se ha instalado en México, es una oportunidad para cuestionar las reformas estructurales aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que empobrecieron las condiciones de vida del grueso de la población con la privatización de los servicios de salud y los derechos laborales.

En su sitio de internet exponen que el aislamiento social debe darse desde la perspectiva de los derechos humanos, pues se corre el riesgo de vulnerar a las personas de bajos recursos, a quienes no tienen garantizado el acceso al agua o a las personas de la tercera edad.

Francisco Cerezo descarta que la crisis global sea inventada, pero sí se deriva de la producción masiva de animales bajo la lógica de la industria; “los ciudadanos deben mantener una mirada crítica a las decisiones de los gobiernos”, apuntó.

En el caso de Jalisco, que adelantadamente a las disposiciones del gobierno federal tomó medidas que impactan en lo administrativo, productivo y social, Francisco Cerezo hace apuntes sobre el acuerdo del gobernador de suspender plazos y términos en materia de acceso a la información.

En Jalisco el gobierno del estado, anunció un apoyo millonario para micro y medianas empresas, tras hacer visible su inquietud de lo que van a bajar en producción y ganancias. Francisco Cerezo reconoce que es importante rescatar empresas pues estas se recargan en la clase trabajadora donde impactan sus pérdidas, pero no en casos abusivos como el corporativo Alsea que dejó sin empleo y salario a miles de trabajadores, asegura que hay recursos legales como la expropiación.

El Comité Cerezo de manera permanente tiene la campaña del detenido-desaparecido y contribuyó a la creación de la ley general en la materia, advierten que la función sustantiva del acceso a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas, no puede suspenderse durante la contingencia del coronavirus y el Estado mexicano debe dar condiciones de salud, sin dejar vacíos en la parte procesal de los miles de casos.