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Fiscal mexiquense comparece entre reclamos por incremento delictivo y ausencia de justicia

Jueves 24 de octubre de 2019, por Comité Cerezo México

[...] exigieron la liberación del activista José Humbertus Pérez, considerado prisionero de conciencia por el Comité Cerezo [...], por su lucha jurídica contra los fraudes inmobiliarios.

Veneranda Mendoza | 22 octubre, 2019

TOLUCA, Edomex (apro).- Entre reclamos de integrantes de diversas asociaciones civiles, este martes compareció en el Congreso local el fiscal Alejandro Gómez, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno de Alfredo del Mazo.

Durante el ejercicio, diputados de todas las bancadas evidenciaron que los índices delictivos en la entidad se han incrementado a pesar de la “autonomía” otorgada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y no obstante que este año le fue autorizado a la dependencia un aumento presupuestal de 16%.

“Tuvo un presupuesto superior a los 4 mil 463 millones de pesos, y parte del recurso se utilizaría en la modernización de servicios y adecuación de espacios físicos”, recordó el morenista Gerardo Ulloa, quien lamentó que sólo se han creado cuatro centros de Justicia para mujeres, y en diversas visitas –dijo– no se encontraron avances en la construcción del laboratorio de Servicios Periciales en Ecatepec, para el que se destinaron 43 millones de pesos.

Su correligionaria Violeta Nova detalló que en 2018 apenas se denunciaron 10% de los delitos cometidos en la entidad, y el Ministerio Público (MP) inició investigación sólo en 61.1% de esos casos, según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019.

De igual manera, deploró que el nivel de impunidad en la entidad sea de 97.6%, de acuerdo con la organización México Evalúa, y cuestionó las medidas para frenar las extorsiones que cometen policías de investigación y agentes del MP, sobre todo en el sur de la entidad, donde detienen vehículos supuestamente irregulares y les piden hasta 15 mil pesos para su liberación, sin iniciar carpeta de investigación.

La panista Karla Fiesco destacó que sólo 1.14% de los delitos se denunciaron en 2018, conforme al Instituto Mexicano de la Competitividad; además, el Índice de Paz México 2019 del Instituto para la Economía y la Paz, abundó, revela que en 2018 el impacto económico de la violencia fue 10 veces mayor que la inversión pública en salud y ocho veces mayor que la inversión en educación; y en términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano.

En 2018, prosiguió, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidenció a la entidad como la segunda con más denuncias a nivel nacional, con 8 mil 398 carpetas de investigación, y se cometieron 105 secuestros de los 389 a nivel nacional (más de la cuarta parte).

El perredista Omar Ortega sostuvo que hay un incremento en delitos como el robo (11.25%), lesiones (13.28%), homicidios (22%), extorsión (81.52%) y secuestro (27.66%), y en lo que va del año han ocurrido 81 feminicidios. “En los hechos se respira impunidad; tardan más los delincuentes en llegar al MP que en ser liberados”, dijo.

A su vez, el pevemista Alberto Couttolenc recordó que el Estado de México es la entidad con más reclusorios, pero también con más sobrepoblación. Chiconautla, ejemplificó, tiene una capacidad para 900 hombres, pero alberga más de 4 mil. Más de 40% de los detenidos no han sido condenados y “hay dilación en la emisión de sentencias”, puntualizó.

Lourdes Garay, del Partido Social Demócrata (PSD), consideró que en la entidad el crimen no tiene castigo, y en lo que va del año, apuntó, han ocurrido 85 asesinatos a operadores de transporte. Luego preguntó: ¿qué ha ocurrido con las 240 mil órdenes de aprehensión no ejecutadas, relacionadas con transporte público?

El petista Sergio García Sosa consideró insuficientes los resultados del gobierno, por lo que –acotó– es necesario redoblar esfuerzos. Asimismo, acusó una atención deficiente, lenta y malos tratos de servidores públicos de la FGJEM, pero agradeció la apertura del Centro de Justicia en Nicolás Romero. “No todo es negativo”, señaló.

De manera paralela, integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD), Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, Colectivo Feminista Ehécatl y Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos, exigieron la liberación del activista José Humbertus Pérez, considerado prisionero de conciencia por el Comité Cerezo A.C., por su lucha jurídica contra los fraudes inmobiliarios. También demandaron ser recibidos por el fiscal para agilizar la búsqueda de hijas desaparecidas.

Una comisión del FMDVD y de Presunción de Inocencia fue recibida por los diputados morenista Gerardo Ulloa, los petistas Armando Bautista y Luis Antonio Guadarrama, y la pesedista Julieta Riquelme, con quienes se acordó la promulgación del exhorto aprobado por la Legislatura en marzo pasado, para agilizar la liberación de Pérez Espinoza.

También para mantener el contacto directo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derecho Humanos, y reunirse con el padre Alejandro Solalinde, así como con Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gómez y el presidente del Poder Judicial estatal, Sergio Medina Peñaloza, para atender el caso.

En tanto, Alondras Unidas y Colectiva Ehécatl abordaron al funcionario al término de la comparecencia, mientras se aprestaba a abandonar la Legislatura por la puerta trasera. Le exigieron ser recibidas, pero fueron bloqueadas por personal de seguridad. El funcionario se marchó sin acercarse a ellas, pero aseguró a la prensa que sí las había atendido.


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